La reforma rural que Santos (tampoco) consolidó
La Colombia rural no es un país para las personas, sino para las vacas. De los 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 se dedican a la ganadería y sólo 8,6 millones sirven para cultivar alimentos –aunque de éstas una buena parte cosecha alimentos que se convierten en gasolina-. Según Oxfam, en su reciente estudio Radiografía de la Desigualdad, un millón de hogares campesinos colombianos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar. Además, Colombia es la triste campeona en concentración de la propiedad de la tierra: el 1% de los propietarios posee el 81% de total de la tierra del país.
En la negociaciones de La Habana entre el Gobierno y las FARC la denominada Reforma Rural Integral ocupó un lugar central pero, una vez que cayó el telón del Teatro Colón de Bogotá tras la firma del acuerdo una densa niebla invisibilizó, de nuevo, el sempiterno problema del país alrededor de la tierra.
En el segundo informe sobre la implementación de los acuerdos preparado por el CINEP y por el CERAC (Centro de Recursos para el Análisis de los Conflictos) para los Verificadores Internacionales (José Mujica y Felipe González) muestra que el presidente saliente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, ha sido incapaz de avanzar en el punto uno del acuerdo tras más de un año y medio de implementación.
“La aprobación normativa, necesaria como base de la posterior implementación, ha sido incompleta y no se utilizaron al máximo las posibilidades que brindaba el mecanismo legislativo especial previsto para el primer año. Así, solo una ley, la de innovación agropecuaria, fue aprobada por el Congreso, y otras, entre ellas la propia ley de tierras, que debe modificar la legislación vigente en la materia (Ley 160 de 1994) no ha sido aún presentada ante el Congreso, aunque sus diferentes versiones han generado una amplia polémica en la que se aprecian intereses y posiciones divergentes en un país donde el control de la tierra, ha sido sinónimo de poder político, económico y social”, se asegura en el informe. Hace unos meses, en abril, Jaime Forero Álvarez, director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle, aseguraba que el Censo Nacional Agropecuario ya reflejaba con detalle lo ocurrido durante el conflicto: “los terratenientes se han apropiado, en primer lugar, de la tierra despojada a los campesinos. En segundo lugar, han usurpado baldíos pertenecientes a la nación, áreas de ecosistemas sensibles que por ley deben estar en conservación y tierras que antes eran recursos de uso común”.
Y los terratenientes siguen tranquilos. En este año y medio no se sacó adelante la ley del Sistema de Catastro Multipropósito y, por tanto, cualquier proceso serio de redistribución de tierras o de ordenamiento de las tierras es imposible. Tampoco salió adelante durante el llamado fast track el Proyecto de ley sobre baldíos en Zonas de Reforma Forestal o el de creación de la Jurisdicción Agraria.
Dicen los expertos que han elaborado el segundo informe de implementación que “es particularmente grave la falta de desarrollo legal en cuanto a la implementación del catastro multipropósito, puesto que es la herramienta que permite avanzar en muchos aspectos: darle seguridad jurídica a la tenencia de la tierra a los pequeños y medianos campesinos, contribuir a dirimir conflictos sobre uso del suelo, ser la base para adoptar medidas de ordenamiento territorial y contribuir a ordenar y a hacer más eficiente el recaudo municipal”.
Los esperados y congelados PDET
De lo que se avanzó, parece difícil sacar conclusiones porque el papel lo aguanta todo pero la realidad sigue esperando. El Decreto-Ley 902 de 29 de mayo de 2017, que adopta el procedimiento para el acceso y formalización de tierras y crea el Fondo de Tierras, y el Decreto-Ley 893 de 28 de mayo de 2017, que crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son hechos cumplidos, pero su puesta en marcha no cumple con las expectativas. Sin embargo, la velocidad de la Reforma es la de la tortuga. Hasta el pasado jueves 12 de julio no dio el visto bueno al Decreto-Ley 902 la Corte Constitucional y la sentencia tumba la denominada Jurisdicción agraria, que, según el informe sobre la implementación, “es vital para contribuir a regularizar y proteger los derechos de propiedad y dar acceso a la justicia y solución de conflictos en materia agraria a los habitantes del campo”.
Por ejemplo, en cuanto a los PDET, “el cronograma inicial que preveía la conclusión del ejercicio de planeación para cada una de las zonas en mayo de 2018, ha sido modificado por dificultades en la implementación, que pasan por el proceso de concertación con grupos étnicos como, en algunos casos puntuales, por dificultades de orden público; al 4 de mayo de 2018 no se había concluido la fase municipal en ningún municipio y solo en 120 se habían realizado reuniones de por lo menos un ‘grupo motor’. Las zonas PDET en las que no se había realizado este paso, previo a la fase municipal, son Pacífico Medio, Catatumbo, Chocó y Urabá Antioqueño, las cuales agrupan 34 municipios; en 16 municipios más, de los cuales 9 están en 5 la subregión de Pacífico Nariñense, tampoco se habían realizado reuniones del grupo motor. El nuevo cronograma espera finalizar los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional –PATR- a mediados de septiembre de 2018”. Evidentemente, ese plazo tampoco se va a cumplir en pleno cambio de gobierno.
De hecho, Verdad Abierta confirmaba con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad encargada de coordinar la construcción de los PDET, que “en el transcurso de agosto sólo estarán listos cinco Programas: Montes de María, Sur de Córdoba, Sur del Tolima, Sur de Bolívar y Arauca. Los once restantes, de acuerdo con la Agencia, quedarán en la segunda de las tres etapas que rigen el mecanismo de participación (veredal, municipal y subregional). La ART estima que, de continuar el ritmo del proceso, en septiembre próximo deberían estar terminados los PDET de Chocó, Catatumbo, Urabá, Putumayo, y Pacífico y Frontera Nariñense; en octubre, los de Alto Patía-Norte del Cauca y Sierra Nevada-Perijá; y en noviembre, los de La Macarena-Guaviare, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Pacífico Medio, y Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño”.
CINEP y CERAC apuntan “varios factores que amenazan o ponen a prueba estos objetivos que se persiguen con los PDET: el primero, es la capacidad de la institucionalidad, que, en un medio con diversos intereses sobre los territorios, priorice realmente la voz y las apuestas de la comunidad, ejercicio en el cual se juega buena parte de la legitimidad de la implementación del Acuerdo. Esta dificultad se une con una segunda, que es la ya tradicional dificultad para la articulación de sectores y entidades públicas diversas, con competencias en distintos niveles territoriales y con distintos ritmos institucionales, en función del enfoque territorial del Acuerdo. Finalmente, hay incertidumbre frente a un nuevo gobierno y la posibilidad de concluir los procesos en curso y de respaldar el ejercicio de planificación y sus resultados concertados”.
Los PDET eran una pieza fundamental de la Reforma Rural Integral porque pretendían recoger los planes de desarrollo propios de los territorios y comenzar a pensar el país desde las periferias al centro, y no al revés. Además, se concentran en 170 municipios de los más golpeados por la guerra. Las noticias no son buenas, porque el informe también considera que el enfoque étnico y el de género que estaban reseñados en los acuerdos sólo han sido tenidos en cuenta de forma parcial y, en todo caso, insuficiente.
