El relato oficial desde el nuevo Gobierno de Colombia es de manual: criminaliza la protesta social antes de que ocurra, olvida la responsabilidad de la fuerza pública en la violación de derechos humanos y obvia los buenos resultados del diálogo. Comparar Colombia, como hace el ministro del Interior, con Francia o Alemania, se acerca al cinismo institucional en un país con miles de denuncias acumuladas sobre violencia policial.