Han tenido que pasar 32 años del comienzo de la masacre para que el Estado se apersone de la exhumación y búsqueda de los 88 desaparecidos forzados de Trujillo que aún ni han sido exhumados. Trujilo resiste pero no hay garantías de no repetición de esa masacre continuada.

La impunidad se conjuga de muchos modos en Colombia. Baste el caso de Cristian Jaramillo, uno de los jóvenes ejecutados extrajudicialmente y presentado como 'baja' en combate, para ilustrar la carrera de obstáculos para lograr que la justicia actúe.

El Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado se conmemora cada 6 de marzo desde hace diez años. Los familiares exigen a la Comisión de la Verdad que halle respuestas a las preguntas que los atormentan.

Unos 15.000 militares son investigados, y unas decenas ya han sido condenados, por las ejecuciones extrajudiciales de, al menos, 4.500 civiles. Los familiares de las víctimas piden que no se beneficien de la JEP porque asesinaron “por beneficio propio”, no como parte del conflicto.

En el escenario de las más de ocho millones de víctimas que el conflicto armado ha dejado a su paso, las luces se han dirigido para iluminar un solo lugar y visibilizar una parte de las víctimas, mientras que a otras las han dejado en la oscuridad.

Este 26 de mayo de 2017 se cumplen 30 años del paro cívico departamental más fuerte que se recuerde en la historia del Chocó. En él se reclamaba por vías hacia el interior del país, salud, educación y saneamiento básico. Hoy, treinta años después, la situación no es diferente.

La conferencia de prensa para hablar de las recuperaciones de cuerpos de la masacre de 2002 extiende el debate nacional sobre el papel de la prensa en el posconflicto. El Estado pide perdón a las comunidades por sus omisiones y por sus acciones con daño.

Es igual ser mujer a ser víctima? ¿Es igual una mujer víctima que un hombre víctima? ¿Cómo se ven a sí mismas las mujeres que son víctimas de crímenes de Estado? Cuatro testimonios poderosos para este 8 de marzo de 2017, cuando la voz de las que ha sufrido la violencia del Estado no puede seguir opacada.

Mientras el Gobierno y las FARC discuten por las fallas en la implementación de los acuerdos de paz y el país debate sobre corrupción, los familiares de las víctimas de crímenes de Estado siguen reclamando memoria, justicia y garantías de no repetición.

En una dura carta, laicos y sacerdotes aseguran que la jerarquía tomó partido ideológico y ha sido cómplice -por omisión y por acción- del horror. Solicitan el cierre de la Diócesis Castrense y que la Conferencia Episcopal pida perdón público.

El centro de Memoria del Conflicto del Cesar no se quedará en la calle. Este lunes debe firmarse un convenio que garantice su permanencia en el Archivo Departamental. La sociedad civil gana.

La biblioteca departamental ha cursado orden de desalojo del único centro de memoria del departamento. La Red Colombiana de Lugares de Memoria exige al gobernador que recapacite.

Los miles de desplazados de Riosucio fueron parte de uno de los mayores éxodos conocidos en el país. Veinte años después, su historia aún está por contar.

Ir a lo local también permite que el olvido no se trague la esperanza de las resistencias. Comunidades, jóvenes, víctimas, mujeres, siguen creando formas de reparación simbólica que no se quedan solo con las propuestas del Estado colombiano.

El Atrato desemboca en un mar de olvido, pero sus gentes tienen la memoria viva y recuerdan con precisión los hechos de una guerra que para todos comenzó un 20 de diciembre pasadas las 6 de la mañana.

Veinte años después de la arremetida paramilitar, la disminuida población del casco urbano vive bajo el toque de queda paramilitar, la permanente ausencia del Estado, las palabras que no se dicen y la incertidumbre.

Hace 20 años, un 20 de diciembre, la guerra comenzó en el Chocó. Entró por el norte, por Riosucio, y entender sus claves sirve para imaginar caminos de salida. Guerra sucia, negocios y resistencia civil.

El claretiano Emilio Gómez no olvida. Ni las fechas, ni los hechos, ni el profundo dolor. Este sacerdote de 78 años fue un símbolo de resistencia ante la embestida paramilitar y ahora, 20 años después, no puede ser optimista.

800 fotografías de personas muertas o desaparecidas traza un recorrido por la violencia que ha marcado la vida de la costa nariñense. Pero la Casa de la Memoria de Tumaco no quiere ser solo eso, es también espacio para reconocerse.

Los familiares de las personas desaparecidas han luchado por décadas contra el olvido, la estigmatización y la ausencia del estado. El informe Hasta Encontrarlos reconoce la ingente tarea realizada en medio del dolor y de las amenazas.