Violencia y salud, las dos ‘enfermedades’ de Buenaventura

La situación de violencia que se ha dado en Buenaventura en los últimos 20 años ha dejado a su paso una compleja situación humanitaria. Según datos suministrados por la red Nacional de Información del Estado (RNI), de los 400 mil habitantes que tiene la ciudad, 170.494 han sido desplazados por distintos grupos armados, 416 desaparecidos y 3.096 asesinados. A todo ello hay que sumar las víctimas indirectas de cada caso. Y a esta realidad compleja se le suma el drama de la salud.

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En el año 2015 el secretario de salud distrital David Caicedo Sabogal anunciaba la calamidad pública en salud en el principal puerto del país. La red pública estaba sumida en un proceso de empeoramiento por no tener la capacidad de ofrecer servicios de mediana complejidad a los bonaverenses, tanto de zona urbana, como rural. Según explicaba el secretario de salud “solo existen 70 camas para atender a 420 mil personas, la red privada de salud es insuficiente, existe sobreocupación de la red Departamental del Valle. En los últimos meses ha aumentado en 34% las remisiones fuera de la ciudad y la mortalidad aumentó en 40%. Además se carece de profesionales para realizar cirugías”. Estos datos son los que provocaron la declaración de calamidad pública.

La alcaldía Distrital, en su nuevo Plan de Desarrollo 2016-2019, reconoce que el problema central de la salud tiene ver con la deficiente estructura organizacional, programática, operativa y de servicios en el sistema distrital.
Según el líder sindical Narcilo Rosero, el problema es realmente una enfermedad terminal que se resume de la siguiente manera: talento humano insuficiente y sin experiencia para el cumplimiento de la demanda, el trato es inhumano, madrugar, largas filas, meses para que lo atiendan. De igual forma, no hay cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control por parte de la Secretaría de Salud. No existe en la ciudad una superintendencia de salud que pueda estar pendiente de los recursos y los funcionarios, es decir, no hay donde quejarse.

Es la alcaldía también la que reconoce que existe una ausencia de construcción del perfil epidemiológico del territorio, debilidad de los programas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y de los servicios de baja complejidad. A esto se le suma una carente articulación funcional entre la Secretaría de Salud, las EPS e IPS del régimen contributivo y subsidiado. También echa en falta la participación ciudadana en salud, como estrategia de control social.

En lo operativo la alcaldía señala que se carece de recursos tecnológicos y económicos para el correcto desarrollo de las actividades programadas, que hay una falta de adecuación y dotación en los centros y puestos de salud con óptimos y suficientes insumos. Y lo peor, desactualización y deshumanización del servicio de salud. Problema que ha causado la muerte no solo de personas enfermas que se acercan en búsqueda de alivio y salud, sino de quienes se disputan el control de los recursos públicos de la salud.

Es así que el día 28 de enero de 2013 en la ciudad de Cali fue asesinado el concejal Stalin Ortíz, quien venía denunciando los descalabros niveles de corrupción en el Hospital Luis Ablanque de la Plata y que lo llevaría a la quiebra. Los familiares de Stalin Ortiz aseguraron entonces que el alcalde Bartolo Valencia había estado implicado por presunta participación la muerte del concejal. El Hospital Luis Ablanque de la Plata tiene el presupuesto más grande de la ciudad, con un total de 32 mil millones de pesos al año, y una nómina de 450 personas empleadas.

Un problema viejo

Este problema de la salud viene de mucho tiempo atrás. 303.935 personas están afiliadas a un sistema de salud donde el 70% (213.726) corresponde a régimen subsidiado y el 30% (90.209) están en el contributivo, según datos de la Gobernación del Valle (Departamento estadístico. Mayo 2016).

Fuente: gráfico Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, a partir de base de datos SISBÉN certificada por DNP.

Buenaventura contaba con un hospital departamental de nivel 2, que se encuentra actualmente en proceso de liquidación de acuerdo al decreto 1091 del 1 de noviembre del 2013, y que desde el año 97 presenta un crisis para poder funcionar en óptimas condiciones, sin personal suficiente y atraso en nivel tecnológico. Del nivel 1 se cuenta con el Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE. Los puestos y centros de salud, en este nivel, solo cuentan con médicos generales para la atención de consultas y no hacen procedimientos quirúrgicos. Esto quiere decir que no importa si tiene acceso al derecho o está afiliado a cualquiera de los dos regímenes, la atención del servicio y de los procedimientos son tan precarios que muchos recurren a métodos caseros, a la medicina tradicional, o se autoformulan.

Paradójicamente, los que menos derechos tienen a la afiliación en salud son los más necesitados. Según un estudio del departamento Administrativo de Planeación de la gobernación del Valle, más de la mitad de la población en situación de pobreza y pobreza extrema no cuentan con un servicio de salud, es decir, carecen de seguridad social. El gráfico 12 muestra la situación descrita. Si se afirma que en al ciudad un aproximado de un 60% de la población no cuenta con un trabajo formal, quiere decir que no hay disponibilidad de ingresos para aportar al régimen contributivo, de ahí que la cifra de 28.72 % sea la más alta en salud subsidiada en personas pobres y extrema pobreza en Buenaventura (Boletines socieconómicos. 2013).

La mayoría de la población en la ciudad es pobre, y otra gran parte vive en la pobreza extrema. Si se cierra el único hospital de nivel 2 se va agudizar la situación de las personas enfermas aumentando los tiempos de espera, la falta de atención y que algunas emergencias tendrán que ser derivadas a Cali.

Como protesta por haber liquidado el único ‘hospital para los negros’, como lo titulan los mismos ciudadanos porque no solo atendía a pacientes de la ciudad sino a gran parte de familias de otros departamentos del Pacífico, se envió una carta al presidente de la república. Esta carta es reenviada todos los días por las redes sociales desde que se liquidó el hospital, es decir, al día de hoy lleva 2 años y más de 8 meses. Ésta es una iniciativa del líder José Luis Montaño que se suma muchas otras, como una marcha a pie a Bogotá, para exigir que se garantice este derecho fundamental a las comunidades, en especial de los más necesitados.

En la carta se queja de la falta de voluntad política para solucionar una situación que obliga a la población a recurrir a la sanidad privada, a puestos de salud o al Hospital Luis Ablanque de la Plata, saturado ya de por sí y con una atención “mínima y precaria”. “Vemos morir a diario a los nuestros (amigos, amigas, niños, niñas, jóvenes, adolecentes, adultos, mujeres, adultos, mayores, madres gestantes) por falta de una buena atención médica”, se queja la carta en la que se enumeran todos los problemas que acarrea el cierre del único hospital de nivel 2.

“A mi hijo lo habían dañado, no había salida”

Esta situación del sistema local de salud ha dejado tantos muertos como la guerra, muertes que se resumen en cientos de testimonios de personas que han visto morir a sus familiares, por la poca o nula atención de los centros de salud. Sandra Sinisterra perdió a su hijo el 5 febrero del 2010, por un mal procedimiento de incompatibilidad sanguínea. “Le colocaron la sangre que no era, esto sucedió en el en el hospital de Buenaventura”, explica esta madre que insiste en “la negligencia” de las personas que lo atendían. “No es posible que con el cuadro de complicación se demorasen tanto en remitir a Cali, y cuando se complicó el caso ya era tarde. Cuando llegamos a la clínica los Farallones de Cali, me dijeron que ya no se podía hacer nada, que a mi hijo lo habían dañado y que no había salida”. “Mi hijo murió por esta situación y todavía le estoy exigiendo al hospital que me dé una explicación y me responda, pero como todos los procedimiento en esta ciudad demoran toda una vida”, denuncia Sinisterra.

El 1 de febrero de 2016 Luz Magaly, embarazada de ocho meses, se sintió mal de salud y recurrió de manera urgente al ‘hospitalito’. Tenía problemas de respiración y le recomendaron unos medicamentos. Presentó la fórmula pero no se la dieron. A los días volvió con los mismos síntomas pero ya fue tarde, murió de camino allá. José Luis Montaño, su esposo, asegura que cuando le avisaron no podía creerse que Magaly estuviera muerta y critica que con más de ocho meses de embarazo ni siquiera trataran de salvar al bebé “que estaba vivo todavía”. “Pero lo peor de todo este drama que hemos pasado, a parte de la muerte de ella, es la manera como procedieron después de haber fallecido, una desidia y una falta de responsabilidad de parte de la clínica y los funcionarios públicos, causando más sufrimiento a la familia, en especial a su mamá”, se lamenta.

Varios días después entregaron el cuerpo “en condiciones infrahumanas para darle sepultura”. “En realidad, yo estoy muerto. Desde el 5 de febrero he decidido no vivir más y lo que estoy haciendo ahora es lograr que se tenga un hospital digno para el pueblo, no me importa que me maten, porque aquí matan también por reclamar. La muerte de Magaly y mi hijo son un signo para salvar vidas en Buenaventura”.

Niños muertos por meningitis

El pasado 9 de marzo se realizó otra marcha. En esta ocasión se trataba de denunciar la muerte de varios niños y niñas. Las alarmas se prendieron en febrero cuando empezaron a morir menores de 4 a 8 años de las comunas 3 ,4 ,5 de la ciudad de Buenaventura. Se trataba de un brote de Meningitis que no fue detectado, ni tratado a tiempo por las autoridades de salud locales.

Las instituciones públicas sufren falencias graves y la desatención a la primera infancia es una realidad. Los problemas de salud, la falta de vacunas, procedimientos especializados y una política de infancia y adolescencia son necesarias para mejorar esta problemática que ya está en alerta amarilla. Por ello, las familias de los niños Darwin Mosquera Caicedo, Yerlin Daniel Solís Pérez, Dostin Tangarife, Miguel Angel Renteria y Eliana Mina, acompañados de algunas organizaciones de base como Fundescodes, decidieron alzar la voz para que la comunidad en general y las entidades públicas tomaran medidas efectivas para controlar este virus. (Observatorio NNJ-Fundescodes) .

El gobierno nacional, presionado por la marcha del 19 de febrero de 2014, donde salieron a la calle más de 30 mil personas indignadas por la situación de violencia y malas condiciones de vida, se comprometió a través de un plan de choque resolver varios problemas, entre esos el de la salud. Esta vez el Gobierno prometía aumentar el régimen subsidiado, se puso como meta 67 mil nuevos cupos, pero con la dificultad que muchas personas están en zona rural y no tienen ni siquiera registro civil y cédula. Para urgencias prometió seis ambulancias que delegó a la alcaldía para que iniciara el proceso de licitación, reactivar el Barco Hospital San Rafael, que tiene problemas operacionales y que ya estaba en proceso de arreglo para que funcionase. Y, por último, la restructuración del hospital Luis Ablanque, ya que el hospital de nivel 2 se había liquidado, pero dependía de la aprobación del concejo distrital, que según el alcalde ellos iban a colaborar.

Estas propuestas y muchos planes como el último, que se titula “Todos somos pacífico”, no ha respondido a la crisis histórica de la ciudad en materia de derechos fundamentales como la salud, la vivienda, el agua, sino por el contrario, han servido para apalancar el sistema económico. En audiencia pública el 28 de abril en Buenaventura, el senador Alexander López, del Polo Democrático, aseguraba que los habitantes de Buenaventura viven “con especial dureza una crisis social y humanitaria sin antecedentes, en medio de la bonanza de multimillonarias inversiones y apropiaciones del territorio en función de los proyectos de infraestructura portuaria y de transporte, con el fin de satisfacer las demandas del comercio internacional bajo la égida del Plan continental de la Alianza para el Pacífico”.

Según Hemel Hurtado, senador afrocolombiano natural de Buenaventura, la crisis que enfrenta la ciudad por fin captó la atención de las autoridades departamentales y nacionales; ahora, el propósito es atender las problemáticas que por años han marcado la historia del principal puerto de Colombia. A su juicio, es importante convertir al puerto en una verdadera industria.