“Toca estar alerta”

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 han sido asesinados 35 defensores de derechos Humanos en Colombia. Si a esa cifra del informe semestral Somos Defensores se suma el mes de septiembre, entonces el registro asciende a 51. Mientras el cese al fuego bilateral se ha traducido en cero muertes por el conflicto armado, del 26 de agosto y al 13 de septiembre de este año 11 defensores y defensoras de los derechos individuales o colectivos fueron asesinados. Los Acuerdos de La Habana introducían tres artículos dirigidos a garantizar el disenso sin riesgo, garantías plenas para la movilización y las protestas, cultura de reconciliación y no estigmatización, y garantías de seguridad, así como mecanismos de lucha contra quienes agreden a estos líderes y lideresas.

La situación de interinidad que deja el empate técnico del plebiscito preocupa no solo porque estas reformas puedan estacarse sino que, alerta la presidenta del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (Cajar), Jomary Ortegón Osorio, la polarización tras la votación del día 2 de octubre deja “una situación muy complicada en la que se ven otros tipos de violencia”.

Preocupación es la palabra que más se repite en un diálogo sobre la situación de las defensoras y defensores en el que la responsable del histórico Colectivo insiste en que debe darse voz a las bases en los diálogos abiertos sobre los acuerdos para que “no sea el mismo grupito” el que toma las decisiones del país. Pide, además, que siga adelante la comisión de alto nivel creada para el desmonte del paramilitarismo, porque es en esos sectores “donde se encuentra el principal riesgo actual para los defensores de derechos humanos, trabajadores por la paz, y para quienes deseen incorporarse a la vida civil tras los acuerdos”.
En medio de esta situación de in pass, la Corte Constitucional ha admitido la demanda que varios partidos y colectivos, entre los que se encuentra el Cajar, presentaron al articulado del nuevo Código de Policía que se refieren a la libertad personal y a la protesta social.

-Mientras el conflicto armado suma cero muertes desde el alto el fuego bilateral, las muertes a defensores de Derechos Humanos crecen…

-No es algo excepcional en Colombia, se ha producido en otros procesos de paz. El incremento a la violación de Derechos Humanos crece a medida que hay sectores que se ven amenazados por esos procesos. En el marco de los acuerdos de La Habana se creó una comisión de alto nivel para desmontar el paramilitarismo. Nos preocupa que al no aprobarse pueda frenarse esa comisión que ya tenía nombrados sus delegados y había mantenido tres reuniones.

Nuestra lectura es que es en estos sectores del paramilitarismo, o lo que llaman herederos del paramilitarismo, donde se encuentra el principal riesgo actual de los defensores de derechos humanos, trabajadores por la paz y para quienes desean incorporase a la vida civil tras los acuerdos.
Nos preocupa también mucho que los resultados investigativos (de la Fiscalía) parecen sugerir que las muertes de este año eran fruto de conflictos internos, privados y hasta domésticos. Lo que puede propiciar esto es una tergiversación de la situación. Yo no estoy diciendo que sea cierto o falso, porque no conozco las investigaciones. Pero es absolutamente extraño que en todos los casos las explicaciones que empiezan a dar las autoridades es que se trata de conflictos privados. Nosotros ya vivimos esa situación con el sindicalismo. Entre 1986 y 2002 fueron asesinadas 4.000 personas, se creo una unidad especializada en la Fiscalía y, de repente, la tesis que empezó a posicionarse es que eran asesinados por asuntos personales. Eso está desvirtuado, pero hay momentos en los que hemos visto que la Fiscalía utiliza estas tesis para disminuir el impacto que pudiera provocar la persecución a ciertos sectores de la población. Toca estar alerta. Se está intentado tergiversar la causa real de la agresión. No tengo un análisis pormenorizado, pero es preocupante que han sido asesinados muchos defensores y defensoras del territorio y no puede ser que la respuesta sea siempre que se trata de conflictos privados. Genera un contrasentido.

-¿La comisión sobre el paramilitarismo debería seguir adelante, aunque se haya parado el acuerdo de La Habana?

-Lo ideal es que siguiera trabajando. Antes del 2 de octubre, sin tener la aprobación del plebiscito, ya estaba mirando las posibilidades de su propio reglamento y consultando la vía jurídica más idónea. Fue una de las medidas más importantes de la ultima época, debería funcionar a pesar de que la respuesta en las urnas frente a los acuerdos haya sido negativa.

-¿Las amenaza y agresiones podrían incrementarse? ¿Es esta situación de interinidad del acuerdo una amenaza en sí para los defensores de Derechos Humanos?

-En efecto. Estos momentos de incertidumbre generan este tipo de situaciones. Estamos muy preocupados entre otras cosas porque, aunque Gobierno y guerrilla han dado muestras de tranquilidad en el sentido de que no volverán a tomar las armas, y que el Gobierno insiste en su voluntad de diálogo, lo cierto es que en estos momentos estamos en una situación muy complicada de polarización en la que se ven otros tipos de violencia. Violencia de quienes han defendido el ‘Sí’ y de quienes ganaron el ‘No’. Esa ganancia puede darle a ciertos sectores, especialmente los que se sienten perjudicados por los acuerdos, cierta valentía para atacar a sectores que aunque dijeron que ‘Sí’ en las urnas no ganaron en términos totales la votación.

-Ustedes defienden que el Congreso de la República tendría capacidad para implementar algunas medidas del Acuerdo de Paz…

-Es una propuesta que le estamos haciendo al país para que sea examinada. Dado que al Corte Constitucional cuando se pronunció sobre ley que convocaba el plebiscito dijo que era constitucional pero solo vinculaba al Presidente, entonces nosotros entendemos que los otros poderes están facultados para actuar. Si hay un acto legislativo, una reforma de la Constitución que le dice al Congreso la ruta a seguir para validar los acuerdos… debería hacerlo. No se trata de desconocer a quienes están en desacuerdo, por eso proponemos que el Congreso asuma la implementación de los acuerdos y abra un espacio que se llame Mesa Amplia, u otro nombre, que convoque a los sectores del ‘No’ pero también a los sectores del ‘Sí’. No puede ser que ese 18% del censo que supone el ‘No’ asuma la vocería y representación del país para modificar los acuerdos. En Chocó, Nariño o Cauca casi la totalidad dijeron ‘Sí’ y en estos casos es aún más complicado imponerles la posición de un sector minoritario.

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En estos momentos, además de la propuesta del Colectivo José Alvear Restrepo están sobre la mesa las de quienes plantea cabildos abiertos para implementar los acuerdos en los territorios donde el ‘Sí’ fue mayoritario, las de las víctimas que reclaman voz en la negociación política abierta por Presidencia, y la del propio Gobierno que, de momento, se ha traducido en dos frentes: una reunión con los principales partidos del país y otra bilateral con los uribistas y los promotores del ‘no’

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-¿Qué opina de quienes describen la negociación abierta por el Gobierno con Álvaro Uribe como una reedición de la negociación entre élites que no da participación a la ciudadanía?

-El expresidente Uribe, que encabeza la campaña del ‘No’, reuniéndose con el presidente Santos, que fue su ministro de Defensa… es como decir que el mismo grupito siguiera tomando las decisiones del país. Uribe estuvo ocho años, Santos estará otros ocho, y ahora se reúnen los dos para tomar decisiones sobre lo que corresponde a todo el país.

Por eso es muy importante que haya tantas manifestaciones sociales diciéndoles que no pueden decidir por nosotros.

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En medio de esta situación, esta semana la Corte Constitucional ha admitido la demanda contra el nuevo Código de Policía, del que diversos colectivos han denunciado que implica una mayor coerción y la limitación de derechos humanos y políticos incluidos en la Constitución, además de restringir el derecho a la protesta y promover la impunidad en ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos.

-¿Que supone la admisión a trámite de esta demanda?

-Se trata de una demanda parcial contra el articulado que se refiere a la liberad personal y a la protesta social. Básicamente, en el primer apartado denunciamos que se permite detener a personas en estado de alteración por 36 horas pero es un concepto demasiado amplio y la situación que más preocupa es que se incluya ahí a los habitantes de la calle, que pueden ser detenidos por un estado de alteración pero en este caso no se establece un término.

También nos preocupa el termino excesivo que se utiliza para que una autoridad municipal conozca una movilización, y el más preocupante es que la Policía Nacional pueda disolver una manifestación por el hecho de que vulnera la convivencia, otro concepto súper amplio, uno no sabe qué vulnera la convivencia. El código tiene un avance, y es que hace un llamado de atención sobre las autoridades que estigmaticen a los defensores de derechos humanos y líderes sociales, pero no fija sanción alguna.

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La Corte tardará varios meses en revisar la demanda. Jomary Ortegón recuerda que los plazos habituales son entre seis y siete meses. Sin embargo, se está planteando la posibilidad de que en la fase en la que se da participación a la ciudadanía se aproveche para plantear otras cuestiones que quedaron fuera de la demanda, como las referidas a la inviolabilidad del domicilio.