Cinco alertas sobre el proceso de ¿paz?

Al Gobierno no le han sentado bien las palabras de Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU que acompaña el proceso de paz con las FARC y que ahora también verifica el cese al fuego bilateral y temporal con el ELN. “Hasta la fecha un muy alto porcentaje de los exmiembros de las FARC ya no están en los Espacios Territoriales de reincorporación. Los exguerrilleros eran cerca de 8.000 el 20 de mayo cuando termina el almacenamiento de las armas, después el 70% al 15 de agosto y hoy hay el 45% solamente ocupando los espacios”. Arnault asegura que la principal razón de este vaciamiento de los espacios tiene que ver con “la pérdida de confianza en las opciones que hay y por incumplimientos”. El Alto Comisionado para la Paz del Gobierno, Rodrigo Rivera, cree que el funcionario internacional es “injusto”.

Pero ni Arnault es el único que está levantando la voz ni el problema de la espantada de los ex guerrilleros es el único punto débil de un proceso de paz que ha avanzado a trompicones. De hecho, la Fundación Paz y Reconciliación, al hacer balance, asegura que “la incertidumbre es el signo al cierre de este primer año del acuerdo de paz”.

Estas son algunas de las alarmas prendidas a tener en cuenta:

Incremento de la violencia en el 2017

El Gobierno insiste en que el acuerdo de paz ha evitado unas 3.000 muertes en este año. Y es cierto, pero hay 70 municipio en los que la violencia se ha incrementado. Según Paz y Reconcialiación “varios de estos municipios han sido copados por otras estructuras ilegales, en algunos casos el ELN, en otros Grupos Armados Organizados, principalmente el Clan del Golfo y grupos de desertores de las FARC [se contabilizan 15 grupos con unos 700 desertores en 43 municipios, de los cuales los más grandes están en Guaviare, Tumaco y Cauca]. Por otro lado, en otros municipios como en el sur del Tolima, lo que se ha presentado es un proceso de anarquía criminal, en el cual no hay copamiento de estructuras ilegales, sino con la salida de las FARC se incrementaron el robo en carreteras, el abigeato y el robo de gallinas. Es decir, se incrementa la delincuencia común”.

Este aumento de violencia tiene también como explicación la fuerte expansión paramilitar del Clan del Golfo y la aparición de nuevos grupos criminales con tintes paras como ‘La Mano que limpia’, ‘La Nueva Generación’, ‘Gente de Orden’ o ‘Águilas Negras’.

Falta de acción estatal en los municipios de riesgo

Lo más visible en estos meses ha sido el choque entre campesinos cocaleros y fuerza pública destinada a la erradicación forzada de los cultivos para uso ilícito. Esto ocurre por la lentitud y la inoperancia (además de la limitada oferta) de los planes de erradicación voluntaria y el nulo avance en la reforma rural integral (capítulo 1 del Acuerdo Final de Paz). La lucha territorial de actores armados ilegales, la falta de presencia del Estado, la ausencia de inversiones y el aumento de los cultivos de coca en algunas zonas del país son un cóctel explosivo que, como explicaba hace unos días el líder Chocano Leyner Palacios “está sembrando la decepción en las comunidades”.

Pero, además, hay una falta de transparencia en el Estado. El evento más traumático de este año es, quizá, la masacre que se produjo en Tumaco a principio de octubre y que, a día de hoy, aún no ha sido esclarecida, aunque todas las fuentes señalan a la Policía Antinarcóticos como responsable. El Estado, como enemigo.

Escaso avance legislativo y cambios en lo acordado

El instituto Krock de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dam, destacó a principio de mes que de las 558 disposiciones con compromisos observables y medibles del Acuerdo Final el 55% (307) ni siquiera han dado un paso y de las que sí, sólo un 17% se han cumplido de forma plena, un 22% tiene avances mínimos y hay 6% en un estado intermedio. Especialmente grave es lo que tiene que ver con el paso de tortuga que lleva en Congreso donde la precoz campaña electoral y los intereses partidistas han hecho un daño mortal a los acuerdos. Si esto se ha repetido en diversos temas, el más grave es el de la Justicia Especial de Paz (JEP), alterada en algunos de sus puntos sustanciales en el trámite en el Congreso y por el dictamen de la Corte Constitucional, como el hecho de sacar de esta jurisdicción a civiles y terceros, o excluir a abogados que hayan sido defensores humanos de la escogencia de los magistrados.

La decepción, una vez más, de los desarmados

Las FARC han cumplido a cabalidad con el desarme. O al menos eso aseguran los verificadores. Los atrasos tuvieron que ver con el desastre en la construcción y adecuación de las zonas veredales, pero se produjo el desarme. Ahora, como ha denunciado Arnault, muchos ex guerrilleros han perdido toda confianza en el proceso y han salido de las zonas de concentración en las que debería producirse el proceso de reintegración a la sociedad civil. Desde las comunidades se lleva meses alertando de esa lenta estampida y de los riesgos que supone. Las disidencias, que al principio eran anecdóticas, ya suman a unas 700 personas en sus filas, pero, además, los ex guerrilleros no tienen garantizada su seguridad y varios de ellos han sido asesinados.

Las amenazas contra la sociedad civil

El Gobierno niega patrón alguno en los asesinatos de líderes y lideresas sociales, pero ACNUR, otra agencia de Naciones Unidas sí ve sistematicidad en la muerte de los 78 líderes que han sido ejecutados este año, según sus datos, los 81, según Colombia Plural, y los 54, según el Gobierno. El ataque contra líderes indígenas, rurales o de juntas de acción comunal pone en riesgo la confianza de la sociedad civil en un proceso que pone en riesgo el ejercicio de la política o de la articulación social. En el informe del instituto Krock se señala, por ejemplo, que de las medidas contempladas en el acuerdo sobre “derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y la participación política” hay un 58% que no se han puesto en marcha y apenas un 17% se han llevado a cabo.

La ñapa: el mal ejemplo para la Mesa de Quito

Mientras el proceso de paz con las FARC vive días críticos, especialmente afectados por la inoperancia estatal y las trampas electorales, desde Quito se mira con especial atención este difícil camino.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno tratan de generar un entorno de confianza para la mesa de negociación. Está vigente un difícil cese al fuego bilateral, nacional y temporal que corre hasta el 9 de enero y que las partes tratan de extender en el tiempo para favorecer un “alivio humanitario” de la guerra en las zonas con presencia del ELN. Los miembros de la segunda guerrilla del país, numéricamente hablando, miran con preocupación los incumplimientos del acuerdo de paz con las FARC y si no hay un impulso definitivo a ese proceso puede dificultar que los frentes de guerra elenos apoyen un hipotético acuerdo de paz.