Colombia tiene uno de los peores índices Gini de propiedad rural del planeta, un 0,89, cuando el peor es el 1. El informe que esta semana ha entregado la Defensoría del Pueblo a la Presidencia de la República le recuerda que en 2026 el 1% de los propietarios sigue concentrando el 40% de la tierra rural y que el 10% es propietario del 80%.
Como indicaba la Comisión de la Verdad en su informe final “el gran fracaso de las agendas liberales ha sido ponerle fin al latifundio improductivo y redistribuir la tierra. Para no tocar los intereses de los grandes propietarios, el Estado terminó empujando la colonización y ampliando la frontera agrícola hacia territorios marginales donde nunca logró un despliegue institucional y democrático”.
En los últimos cuatro años se hizo un esfuerzo descomunal para, al menos, poner luz sobre el oscuro asunto de la tierra. Como también indicaba la Comisión de la Verdad, en el país “ha resultado más difícil indagar por los despojos de tierras que por las masacres, asesinatos, secuestros y demás delitos asociados al conflicto armado. La anécdota es aterradora, cuando se les preguntaba a los líderes paramilitares por los muertos, se mostraban dispuestos a confesar y a dar detalles, no así cuando se indagaba por las tierras y las propiedades que habían sido botines de guerra”.
Durante la administración del Gobierno saliente, según la Agencia Nacional de Tierras, “831.323 hectáreas ingresaron al Fondo de Tierras, cerca de 382.000 hectáreas fueron entregadas al campesinado y más de 2,4 millones de hectáreas quedaron formalizadas con seguridad jurídica para familias rurales y campesinas, víctimas del conflicto armado y población étnica”. El registro multipropósito y el ordenamiento de la propia agenda era clave para lograr avanzar en un proceso pendiente desde el nacimiento de la República. Se trataba de romper la dinámica histórica que describía en 2014 Mariano Arango Restrepo en La tierra en la historia de Colombia: “La distribución de la tierra [en el país] ha dependido de cómo distintos agentes han acumulado baldíos y de cómo las diversas legislaciones han prescrito la correspondiente repartición”. Ahora, además, habrá que sumar el clima de posverdad.
A pesar del optimista título del informe de la Defensoría (Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir), las decisiones estaban tomadas de antemano. Como indica el politólogo Cristian López Ortiz en el blog del CIPADH, “en menos de diez días, varias piezas del tablero se movieron a la vez en función de una jugada que pretende torcer definitivamente el camino que habían tomado la política agraria y la restitución de tierras durante los últimos cuatro años”.
López Ortiz muestra cómo se han confirmado nombramientos clave en asunto de tierras de la mano de un ministro ganadero (Indalecio Dangond) con muchas sombras sobre su pasado y presente. El 20 de agosto, el ministro posesionó a Myriam Martínez como directora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en plena Feria Nacional del Cebú, en Montería. Lo que para el columnista es un “acto sin precedentes: la entrega de la conducción de la Unidad de Restitución de Tierras como quien hace una ofrenda en medio de un ritual ganadero”, para el nuevo ministro también es un “acto sin precedentes”, pero porque “el nombramiento se hace en el marco de ASOCEBU, la feria ganadera más importante de Colombia. La decisión reafirma una nueva forma de hacer política pública: llevar la institucionalidad al territorio y acercarla a quienes producen y trabajan por el campo colombiano”. La gran ganadería colombiana aparece en diversos momentos del informe de la Comisión de la Verdad por sus nexos con el paramilitarismo.
Un día antes del “acto sin precedentes de Montería, el 19 de agosto, se conoció que Diana Bravo (socia del bufete de abogado del presidente De la Espriella) sería la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Y, al mismo tiempo Yoly Illidge (ex esposa y fundadora del bufete del presidente) quedó en la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), y Jensy Osorio —abogada en el mismo bufete— al frente de la delicada Unidad para Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV). Por todo ello, Cristian López nos anuncia en su titular que “Empezó la contrarreforma agraria”.
La única posibilidad imaginable es un frenazo al lentísimo proceso de reforma agraria que dio algún tímido paso y muchas señales simbólicas durante los últimos cuatro años. Por ejemplo, la complejidad y lentitud administrativa y los problemas de claridad en la propiedad han hecho, por ejemplo, que, a pesar de los fallos de restitución de tierras (emitidos entre 2022 y 2026) para devolver 455.275 hectáreas a quienes les fueron robadas, sólo se haya podido formalizar la entrega de 60.604.
Concentrar más la propiedad en Colombia parece difícil, aunque quizá sea posible seguir con la desposesión y ampliar la frontera agrícola poniendo en riesgo los ya difíciles equilibrios ambientales en algunos territorios. Según la propia Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), en 2026 el 44,9% de todas las fincas registradas en el país tienen más de 200 hectáreas y, de ellas, algo más del 5% están concentradas en propiedades de más de 10.000 hectáreas. Sin embargo, las propiedades de 20 o menos hectáreas —las que podríamos pensar que están en manos de pequeños propietarios— no suman ni el 7% del total de terrenos rurales explotables.
