El ‘clientelismo’ recibe al judicializado alcalde de Guapi

Danny Eudoxio Prado Granja está implicado en el conocido como cartel de 'Los Tutelantes’ y tras ser detenido y judicializado ha sido dejado en libertad provisional. Su maquinaria política ha funcionado.

Guapi (Cauca) hace tiempo que está olvidado. Sólo sale en las noticias cuando asesinan a sus líderes –como cuando mataron a principios de febrero a Jesús Orlando Grueso o a Jhonatan Cundumí- o cuando detienen a sus alcaldes. No es noticia el 86% de pobreza mutlidimensional en la que vive su población, ni su aislamiento, ni la falta de agua potable o alcantarillado, ni la grave crisis de gestión de las basuras…

La noticia nacional es que su alcalde, Danny Eudoxio Prado Granja, del Partido de la U, se entregó al CTI tras saber que el juzgado 31 de control había emitido una orden de captura contra él; que tras rendir declaratoria se le formularon cargos por pertenecer al conocido ya como cartel de ‘Los Tutelantes’ [que mediante tutelas y falsos documentos lograban pasar a criminales de alto perfil de cárceles de máxima seguridad a cárceles ‘balneario’]; que fue detenido el 22 de febrero, y, cómo no, que un juez decidió ponerlo en libertad este 1 de marzo, aunque el proceso judicial en su contra por favorecer la fuga de 9 presos, falsedad en documentos, prevaricato por acción y concierto para delinquir sigue su camino.

Lo que no es noticia es el vergonzoso recibimiento organizado en Guapi por su maquinaria política y que ha sido bendecido por la iglesia católica de uno de los municipios más pobres y abandonados del país.

El Movimiento de Coalición invitaba así el mismo 1 de marzo a la comunidad de Guapi: “Comedidamente me permito invitarle a usted y su familia al recibimiento del Señor ALCALDE DR. Danny EUDOXIO PRADO GRANJA el día sábado 03 de Marzo a las 9:00 de la Mañana en el aeropuerto, igualmente a una santa misa en acción de gracias por obtener la libertad. Caminaremos en caravana desde el Aeropuerto a la fundación y luego a la santa misa en la Catedral. Esperamos contar con su presencia. Muchas gracias (sic)”.

A la espera de la llegada del alcalde judicializado.

Y así ha sido. Con camisetas rotuladas con el lema #YoConfíoenDanny (utilizando el # en lugar casi sin conectividad) y el logo de la administración de Prado (“Yo amo Guapi”), cerca de 300 personas han esperado al alcalde (que llevaba una camiseta amarilla con el mismo diseño pero con el lema “Gracias por confiar en mi”) en el aeropuerto y han hecho la marcha. Luego, en la tarde, está prevista la misa en la Catedral donde la iglesia celebrará la acción de gracias sin ruborizarse. “No me dan más ni la voz ni las palabras me llegan para agradecerles todo lo que ustedes han hecho y está haciendo por mi”, decía Prado Granja en un mensaje que se ha repetido por los parlantes.

Para algunos habitantes de Guapi, una jornada festiva.

Muchos vecinos no piensan que el alcalde haya hecho lo mismo por Guapi. “Guapi se hunde, mientras algunos la terminan de hundir… y mientras más nos maltratan más queremos estar presentes”, se quejaba un joven de la localidad que asistía atónito al cortejo. “Este hombre no merece ningún recibimiento”, abundaba una vecina, “más allá del tema judicial, ya lleva la mitad del mandato y no ha hecho nada por sacarnos de donde estamos”. Otra mujer explicaba a Colombia Plural: “La gente que ha ido era porque tenía que ir, porque son funcionarios de la alcaldía, porque tienen relación con su papá –Eudoxio Prado-, que fue un hombre fuerte en la política acá, era la gente que tenía algo que agradecer… La realidad es que Guapi políticamente está mal, cada año elegimos alcalde y cada cuatro años el municipio está peor”.

¿Cómo está Guapi?

Guapi es uno de esos municipios que ‘dañan’ las estadísticas. Allá sobreviven casi 30.000 personas (18.000 en el precario casco urbano), el 97% afrodescendientes, que tienen que aprender a lidiar con problemas cotidianos que no parecen de estos tiempos. “No tenemos ni acueducto ni servicio de agua, pero nos llega la factura, no tenemos alcantarillado, las basuras las tiramos para hacer rellenos porque no hay ninguna gestión…”, explica una mujer que vive en la cabecera. Una vecina del barrio La Fortaleza explica que el agua no llega a todas las casas y que la que llega “no es potable, sólo sirve para tanquear el baño y limpiar”. Pero no siempre. Tal y como explica otro habitante, “muchas veces el agua llega como podrida porque las tuberías andan rotas y abiertas por la vía y se contaminan con aguas residuales… aquí nos tiran la mierda a la casa y no nos quejamos”.

Este municipio del Cauca está aislado, física y metafóricamente. No hay carretera que llegue hasta allí y sólo se puede acceder por vía aérea o desde Buenaventura por mar (entre 4 y 5 horas en lancha rápida y 14 horas en el barco nocturno, que es el que la mayoría se puede permitir). Los servicios son mínimos y precarios.

Como en muchos otros casos de abandono, el Gobierno ha hecho declaraciones grandilocuentes. Fue en 2006 que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez llegó hasta Guapi para declararlo “municipio piloto para la erradicación de la pobreza” y a la denominada Alianza Guapi como un proyecto prioritario (documento Conpes 3491). El municipio sigue hundido en la pobreza y el objetivo de Alianza Guapi era extender la frontera agroindustrial de la palma africana. De los cinco consejo comunitarios que ostentan los seis títulos colectivos en los que se articula casi la totalidad del territorio de Guapi, sólo uno, el afecto a la oficialidad Consejo Comunitario de Guapi Abajo, se prestó a la estrategia. El resto, agrupados en COCOCAUCA, se negaron a jugar a la destrucción del territorio o a convertirse en jornaleros de las empresas palmicultoras.

En un estudio publicado en 2013 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), se señala además que “la minería ilegal se convierte en una de las principales fuentes de financiación de las fuerzas armadas ilegales [en la zona de Guapi y Timbiquí]. La permanencia de los cultivos ilegales en la zona incrementa la inseguridad de las comunidades, no sólo por la actividad en sí misma, sino por las acciones del Gobierno, particularmente las fumigaciones y el incremento de la presencia militar. Esa dinámica implica graves impactos que van desde la desestructuración de las formas de vida ancestrales hasta consecuencias para la salud por la contaminación de fuentes hídricas y de alimentos”.

Ahora, en 2018, no es diferente. Guapi es un territorio compleja donde operan diferentes grupos armados en medio del postconflicto que luchan por el control territorial. Tampoco ha cambiado la actitud de las instituciones públicas, con la alcaldía al frente. Danny Eudoxio Prado Granja acaba de terminar el muro del cementerio en el que ha gastado 180 millones de pesos que no han sido suficientes para pintarlo –“aquí los muertos valen más que los vivos”– y ya han comenzado las obras del denominado Parque Biosaludable (un parque con algunos aparatos de gimnasia en un municipio donde la salud es una quimera) en uno de los barrios más vulnerables de Guapi, Puerto Cali, que va a costar 1.760 millones de pesos provenientes del fondo de regalías. Del agua potable o de la basura… no hay noticias. “Aquí vamos para atrás…”, insiste una vecina, “y todo se encamina a convertirnos en mendigos”.

Los cargos contra el alcalde

La Fiscalía General de la Nación comenzó a principios de año a desmontar el llamado ‘Cartel de Los Tutelantes’, una organización criminal liderada supuestamente por el abogado Gabriel Alberto Arce, que fue detenido el 22 de febrero. La organización se encargaba, mediante tutelas judiciales y con la connivencia de funcionarios, de lograr el traslado de peligrosos delincuentes a cárceles de mínima seguridad en  Miranda, Guapi, Florida y Yotoco. Cada una de esas gestiones podía llegar a costar hasta 250 millones de pesos y Danny Eudoxio Prado Granja está acusado de haber participado en, al menos, 9 casos.

El alcalde, recibiendo el cariño de los ‘suyos’.

Cuando el alcalde de Guapi fue encarcelado no lo hizo sólo. A él lo acompañó el ex director de la cárcel de Florida (Valle del Cauca), Wilson Prado Salazar, que también quedó en libertad provisional el 1 de marzo. Por el caso hay judicializadas otras 17 personas.