De la agenda de paz a la paz como agenda

A pesar del agrio balance, las diócesis católicas y las organizaciones étnicas del Pacífico y del Suroccidente están decididas: hay que defender los acuerdos de paz y los procesos en marcha porque lo que está en juego es la vida de las comunidades.

“¿Vamos a defender la paz o no la vamos a defender? ¿Vamos a defender estos acuerdos o no los vamos a defender?”, reclamaba Leiner Palacios, líder social del río Atrato, el pasado 25 de octubre. “Desde Bojayá hacemos una lectura: si estos acuerdos no se implementan será la muerte nuestra, hemos vivido en una constante y sistemática guerra, la historia nos demostró que al menos en estos días del acuerdo pudimos respirar, pudimos vivir, y si la iglesia tiene una opción por la vida ¿cómo no va a estar ahí?”.

Los días 24 y 25 de octubre se realizó en Cali un encuentro de autoridades eclesiásticas y sectores sociales del Pacífico y el suroccidente colombiano con el propósito de construir una agenda regional de paz. El evento contó con la participación de obispos, sacerdotes y religiosas, de los arzobispos de Popayán y Cali, así como los obispos de Palmira, Quibdó, Tierradentro, Buenaventura, Tumaco, Istmina, Ipiales, y delegaciones de la arquidiócesis de Santa Fé de Antioquia y las diócesis de Pasto, Buga, Cartago, Apartadó y Guapi. Las principales organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas de Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó enviaron sus representantes. El recién designado Alto Comisionado de Paz, Manuel Ceballos, fue invitado a explicar la postura del nuevo gobierno y también asistió Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además del Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, y el Consejero y Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de Suiza en Colombia, Patrick Egloff.

No queremos hacer una agenda de paz, sino que la paz se convierta en la agenda”, afirmó el anfitrión del evento, el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve: “La paz es nuestra agenda para un nuevo país desde las regiones. Construir en los territorios verdaderos sistemas de protección a la vida humana, a toda la vida humana, generar esa cultura de una paz integral y completa. Yo creo que ese es el propósito que queremos alentar como obispos, como institución eclesial”.

No obstante, el balance es agrio. La mayoría de los líderes sociales del Pacífico y del suroccidente coincidieron en su preocupación por las trabas y talanqueras que el gobierno central ha puesto a la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, lo que en la práctica está frustrando la posibilidad de la normalización en sus territorios. “Al gobierno nacional le corresponde hacer la paz con justicia social y con el respeto a los Derechos Humanos de todos los habitantes de Colombia, especialmente los que han sido excluidos”, planteó Juan Carlos Barreto, obispo de la diócesis de Quibdó. “Coincidimos con las organizaciones sociales y con la mayor parte del pueblo colombiano en que la salida es negociada, la guerra se tiene que terminar. Queremos un país sin guerra (…) mientras haya actores armados la vida será mucho más difícil para los campesinos, para los afros, para los indígenas y todos los pobres de Colombia”.

Es imposible que el Pacífico entre en la legalidad cuando tiene todos los índices de necesidades básicas insatisfechas”, manifestó Leiner Palacios, resumiendo una situación generalizada cuyo diagnóstico es de sobra conocido. Las dudas y la desconfianza persisten y todos parecen intuir la respuesta ¿Qué pasó con los proyectos priorizados para las regiones más afectadas por el conflicto, hoy desfinanciados y a punto de morir sin haber siquiera arrancado? ¿Qué pasó con los enfoques hacia las víctimas, la verdad, justicia y reparación? ¿Qué pasó con el programa nacional de sustitución voluntaria de los cultivos de coca y marihuana?; “hay cientos de acuerdos pactados con el gobierno desde los años ochenta”, explicaron los campesinos del Comité de Integración del Macizo Colombiano: acuerdos sobre tierras, sobre reforma agraria y desarrollo rural, sobre inversión social en los territorios, pero nada avanza. La solución, para ellos, es simple: “Que se cumplan los pactos”. La burocracia antes, ahora el sabotaje abierto desde el mismo Estado central está provocando que la implementación de los acuerdos de La Habana se convierta en un naufragio. En el departamento del Cauca resulta particularmente grave dicha situación pues mientras se hunde la sustitución de cultivos ilícitos nuevos actores armados ilegales se fortalecen.

El Alto Comisionado para la Paz, Manuel Ceballos, expresó que su compromiso es sentarse con el ELN a llegar a unos puntos en donde las dos partes tengan unos principios básicos para poder avanzar y “evitar que la mesa después se caiga”. Ceballos, al ser interpelado sobre los efectos positivos en los territorios del cese al fuego bilateral, temporal y nacional pactado por el anterior gobierno nacional y el ELN durante 101 días, manifestó: “Hubo un cese al fuego que yo valoro, que estudié y que me parece fue positivo…”. Para muchos asistentes, por eso, resultaba incomprensible que siga suspendida la actual mesa de negociación con exigencias unilaterales de parte del Gobierno; una estrategia que en las cinco décadas del conflicto armado sólo ha arrojado como resultado la radicalización de la otra parte, cerrar las puertas de negociación y prolongar el conflicto acrecentando así el número de víctimas y afectaciones a las población civil.

“Hablamos de la necesidad de crear un movimiento social por la paz, ese movimiento está quieto, y una muestra de eso fue el plebiscito y las elecciones”, explicó Arcadio Mestizo, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. “¿Cuál es el compromiso el movimiento social con la paz? Un movimiento que logre con marchas, con acciones, la incidencia política. Si esos acuerdos no se cumplen, con qué esperanza vamos a esperar que el otro sector se siente a negociar”. Mestizo se refería como “el otro sector” al Ejército de Liberación Nacional.

Juan Carlos Cuéllar, miembro del ELN y gestor de paz de esa guerrilla aseguró que su organización está comprometida en buscar una salida negociada del conflicto pero para ello es urgente que se reactiven los diálogos. “El ELN decidió la solución política. Dijimos que era necesario parar esta guerra, buscar la solución política, y en eso nos encontramos, llevamos más de seis años con una agenda que para nosotros es muy importante porque permite sacarnos de la guerra y generar las transformaciones posibles, pero necesitamos la mesa, el diálogo y la participación de la sociedad”, aseguró Cuéllar ante los asistentes. “El ELN está de acuerdo en que hay que conversar sobre lo planteado por el presidente Iván Duque, hemos dicho que sí, pero eso debe hacerse en la mesa de diálogos. Sentémonos, pero sin condiciones, sin líneas rojas. ¿Para nosotros qué línea roja hay? Sentémonos, es la única condición”, concluyó el gestor de paz.

En tal sentido la declaración final del encuentro hizo un llamado a entender la paz como “un derecho fundamental de las comunidades y de los territorios”, por ello, causan preocupación “las innumerables situaciones de vulneración y riesgo de afectación que tienen nuestras comunidades, tales como la victimización del liderazgo social, el fortalecimiento de la acción de actores armados, el incremento de economías ilegales, el vacío institucional en la respuesta a las demandas de las víctimas del conflicto armado, los daños al medio ambiente, el congelamiento de los diálogos con el ELN, las debilidades en la implementación territorial del Acuerdo de Paz y las medidas legislativas que ponen en riesgo su contenido y espíritu”.

Los asistentes ratificaron que el rol de la iglesia católica en este momento coyuntural debe ser facilitar el acercamiento y lograr que tanto el gobierno como el ELN superen la discusión polarizante. “Estamos viviendo un momento particularmente difícil, pero también particularmente oportuno”, dijo Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la diócesis de Istmina y Tadó. “Hay que aprender a perder-perder para poder ganar-ganar. No hay otra salida, ya lo entendemos, es la salida negociada. Es el momento en que, ustedes [el ELN] perdiendo y el gobierno también perdiendo, cortemos este río de sangre. Es el único camino, no dejemos pasar esta oportunidad”.