Francisco de Roux: “¿Qué nos pasó a los colombianos?”

Las instituciones emanadas del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC siguen en fase de instalación y están amenazadas por los enemigos de la paz (dentro y fuera de la política). Hablamos con Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, sobre sus retos y sobre los riesgos.

El 18 de agosto el sacerdote jesuita Francisco de Roux estuvo en Trujillo (Valle del Cauca) acompañando la peregrinación anual de las víctimas de la masacre. De Roux llegó en calidad de presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entidad que tendrá durante los próximos tres años la dura tarea de indagar los hechos del conflicto armado para presentar un informe y una serie de recomendaciones. Conversamos con él sobre las primeras labores de la Comisión y sus alcances.

— Padre, ¿cómo va la Comisión? ¿Arrancaron a trabajar?

El asunto arrancó ya. Estamos por ahora en lo que se llama el periodo de alistamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, pero ya en medio de ese alistamiento, que ha sido constituir la institución autónoma con facultades en todo el país, hemos empezado simultáneamente la conversación con las víctimas de todos los lados, la conversación con los eventuales responsables, la visita a las comunidades en toda Colombia. Nos hemos encontrado en los más diversos lugares del país con los indígenas, con los afros, con muchas comunidades campesinas, con organizaciones de mujeres, con organizaciones LGTBI, nos hemos encontrado con militares en diversas instancias, hemos conversado con empresarios, para tratar de comprender lo que realmente nos pasó a todos. Usted sabe que nuestro propósito es doble: en primer lugar, contribuir a generar una movilización nacional por la verdad de las víctimas de todos los lados, y que esa movilización simplemente acoja todo lo que se hace en ese sentido.

Hoy, que estamos aquí en Trujillo, no pretendemos sino ponernos en sintonía con estas movilizaciones tan profundas como las hemos encontrado en toda Colombia. En todas partes hay Trujillos, hay monumentos a los mártires, hay recuerdos de memoria, para que el país le pierda el miedo a la verdad y comprenda que la verdad nos libera. Pero también está el segundo propósito: nosotros tenemos que construir un documento final, un informe que lo firmamos los 11 comisionados, pero no queremos que ese informe acreciente los odios, los apetitos de venganza y los señalamientos, sino que sea un informe que nos llame incluso a tener compasión de nosotros mismos, que levante una decisión de que esto jamás vuelva a pasar. Por eso, además del objetivo del esclarecimiento de la verdad, los otros tres objetivos son el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades, la convivencia en los territorios, y finalmente, las decisiones de poner en marcha procesos de no repetición.

— Usted ha dicho en entrevistas anteriores que el diálogo con los militares es bueno y que no existe un ánimo revanchista ni vengativo. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos señalan que hay mucha resistencia de las Fuerzas Armadas a la Comisión, por ejemplo, negándose a entregar documentos e informes de inteligencia que revelan sus responsabilidades en crímenes como el del “Genocidio de la Unión Patriótica”.

Efectivamente, hemos estado conversando con los militares como lo hemos hecho con los empresarios o con otras instancias del Estado. Lo hemos hecho con toda seriedad, les hemos presentado a los militares todo el conjunto de información que tenemos en el radar. El documento que le enviamos al Ministro de Defensa pidiéndole justamente lo que nosotros requeríamos [los informes de inteligencia] se filtró y, al filtrarse, cayó en manos de un sector de ex militares agrupados en ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales Retirados) que reaccionaron de un modo supremamente fuerte. Eso dio lugar a los planteamientos que se conocieron en público cuando rodaron en twitter, decían que dar la información inteligencia o información reservada a la Comisión era como entregársela al enemigo interno y era una traición a la patria.

Nosotros no paramos en eso, pasamos de inmediato a continuar las conversaciones porque el decreto es muy claro: funcionario que se niegue a entregarnos los informes es sancionado por los organismos de control público. Esperamos continuar, a pesar de las dificultades y de los miedos, incluso a pesar de que esta semana el Centro Democrático presentó una iniciativa en el Congreso pidiendo que de ninguna manera se le entregara información reservada a la Justicia Especial para la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Desparecidos o a la Comisión de la Verdad. Ahora, a mí no me sorprende que se den esos miedos y esas desconfianzas, es que justamente uno de los problemas que tenemos que luchar en Colombia es a no tenerle miedo a la verdad.

Por otra parte, la Comisión no es jurídica, trabajamos en enlace con la Justicia Especial para la Paz y con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. La JEP va detrás de la verdad jurídica: quiere identificar a los responsables y sentenciarlos. Nosotros tenemos una verdad más amplia, que es la verdad histórica y humana de lo que pasó en el conflicto, y es absolutamente necesaria para tener una compresión de fondo. ¿Qué fue lo que nos pasó a los colombianos para que llegáramos a tener 8 millones de víctimas, al parecer más de 80.000 desaparecidos y más de 32.000 secuestrados?

De Roux, en la eucaristía celebrada en Trujillo junto, entre otros, al padre Javier Giraldo.

— Entiendo su planteamiento pero le voy a contar un caso. En marzo asistí a una reunión con las comunidades del Bajo Atrato: hay preocupación porque muchos crímenes cometidos por terceros (empresarios, políticos, finqueros) que no tuvieron que ver con las FARC, no van a llegar a la JEP, entonces la gente espera que al menos la Comisión los haga visibles para que la presión de la opinión pública motive investigaciones y juicios. Las comunidades sí ven a la Comisión como una herramienta jurídica, no sé si ustedes lo tenían claro.

Sí, lo tengo claro, y estamos justamente en esas conversaciones. Me gustó mucho la declaración de la Corte Constitucional esta semana cuando aprobó los estatutos y reglamentos de la Justicia Especial para la Paz, porque es un estímulo para que los terceros involucrados en el conflicto se presenten voluntariamente ante la JEP. Si no se presentan –la Fiscalía tiene como 13.000 procesos– la Corte ordena a la Fiscalía a que los llame con probidad lo antes posible. Digo que es un estímulo porque la justicia transicional es distinta de la penal, está montada sobre la idea de que es posible que los seres humanos cambiemos, es la justicia de la paz, está convencida que si las personas reconocen su responsabilidad, cuentan la verdad y piden perdón, entran a participar en la reparación de las víctimas, cumplen unas penas privativas de la libertad y van a implicarse en la construcción de la paz del país. Si no lo hacen, entonces deben volver a la justicia penal, porque son crímenes, no estamos hablando de cualquier cosa, son los delitos durante el conflicto, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

La Corte lo dejó muy claro: si esas personas, que se sabe quiénes son, no se presentan, la Fiscalía ya tiene la obligación de llamarlas. Se van a ver en la disyuntiva de presentarse ante la justicia alternativa o enfrentar a los jueces de la justicia penal.

“No estamos en contra de nadie, ni de Iván Duque, ni del Ejército, ni de las FARC”

— Pues eso es fue lo que hizo Mario Montoya, que se adelantó a pedir cupo en la JEP.

Con toda seguridad.

— Colombia es el único país del mundo que tiene una Comisión para Esclarecer la Verdad de un conflicto que no ha terminado. A lo mejor en veinte años habrá que crear otra para los hechos que siguen ocurriendo. El proceso con el ELN está empantanado, hay una reactivación del conflicto en varias regiones con la irrupción caótica de nuevos actores armados ¿Cómo ve el panorama?, ¿qué es urgente para que lo conseguido en La Habana no se vaya al traste?

Me pregunta justamente por nuestro desafío durante estos tres años, que es el desafío de la no repetición. Se nos pide que avancemos hacia un despeje de los caminos para que en el país termine la guerra y terminen las violencias, pero se nos pide cuando las cosas se siguen repitiendo y nosotros tenemos que concluir con unas propuestas de lo que debe hacerse en Colombia para que esto no continúe. Nosotros tenemos mucha claridad en el grupo de que no podemos hacerlo solos.

Si los 11 comisionados presentamos un listado de cosas, como no son vinculantes a nadie le va a producir ningún efecto. Será como esa comisión de sabios que hubo en el país a la que nadie le paró bolas. Pero si nosotros durante estos tres años unidos con las ONG, con las organizaciones de Colombia Diversa, con las iglesias, con las organizaciones campesinas, con las organizaciones de víctimas, pero no sólo eso, con los empresarios, con los políticos, con las Universidades, con los movimientos de mujeres, y también voy a decirlo, con el Ejército, después de un debate muy hondo, si todos como sociedad llegamos a establecer que hay cinco o seis cosas que nunca pueden volver a pasar y las formulamos como una propuesta colectiva, la cosa tiene sentido. Ahora… es un trabajo descomunal porque supone hechos sobre el debate más serio, sobre la verdad a la que le tenemos miedo: ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no vuelvan a haber ‘falsos positivos’ en el Ejército? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no se vuelvan a llevar los niños a la guerra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nadie más vuelva a ser desaparecido? Estamos convencidos de que somos parteros de una gestación que hay en Colombia desde hace mucho tiempo pero no somos dueños del proceso, no estamos en contra de nadie, ni de Iván Duque, ni del Ejército, ni de las FARC. Estamos en contra de la mentira, estamos en contra del miedo, estamos en contra de los silencios, abocados por una verdad que es muy difícil.