Hidroituango: las voces de la crisis provocada por EPM

“Nos acostábamos muy temprano, a las siete ya estábamos dormidos”, dice Rubí Estela Posada, pescadora y minera del cañón del río Cauca. La noche del 30 de abril su hijo León Darío se levantó a las once para revisar unas varas que había dejado armadas con carnadas en el río. “Él me dijo: ‘voy a revisar a ver si hay algún pescado para comer mañana’, pero lo que se encontró fue un espejo de agua grandísimo, ya no se escuchaba nada, el río se veía como subiendo, ahí fue donde me llamó y me dijo: ‘mami, el río se está metiendo debajo de su cama, levántese que se la va a llevar’. Nunca habíamos visto una creciente así: el río se veía subir”.

Entre el 28 y 29 de abril colapsaron los túneles de desviación del caudal del río Cauca en la represa de Hidroituango, un gigantesco megaproyecto de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) que se construye en la región. Es la presa más grande del país y una de las mayores de Latinoamérica. El colapso de las obras provocó una inundación descontrolada del embalse que tomó por sorpresa a todo el mundo y dejó centenares de comunidades aisladas o atrapadas entre las aguas, además de caseríos como Barbacoas y Orobajo completamente anegados.

Lee la entrevista con Isabel Zuleta, de Ríos Vivos Antioquia

León Darío recordó que tenía la mochila con los papeles y su atarraya en un rancho que ya estaba tapado por la corriente, sin embargo, se arrojó y logró rescatarla. Pero la cama, la ropa, las herramientas, los enseres, los animales, todo quedó bajo la inundación. “Esa era nuestra casa”, dice Rubí Estela. “Nosotros íbamos subiendo por una cañada y el agua cada vez más arriba, así estuvimos cuatro días, esperábamos que el río bajara para ir a organizar nuestras cosas, pero nunca bajó. Dormíamos en el monte, entre un plástico, con un poquito de comida que logramos sacar sobrevivimos hasta el día del rescate, éramos seis personas de la Playa Guayacana, en Ituango. La lancha casi no entra, tuvimos que colocar un pedazo de sábana blanca para que se dieran cuenta que estábamos allá”.

Desde el sábado 5 de mayo, cuando fue rescatada por funcionarios de la Cruz Roja y de Empresas Públicas de Medellín, Rubí Estela permanece en un coliseo de Ituango junto a 21 personas más, sin comida ni asistencia humanitaria, sólo la que han llevado algunas organizaciones sociales y comunitarias de mineros y pescadores de la región. “Los de EPM nos trajeron y nos dejaron al frente de la Alcaldía, dijeron que el alcalde era el que tenía que resolvernos lo de la comida y la vivienda, pero el secretario de gobierno nos dice que no, que es responsabilidad de la empresa, nadie responde”. Un primer censo de damnificados calculó en Ituango 120 personas que estaban apostadas frente a la alcaldía y al lado de la carretera. Sin embargo, la emergencia ha desbordado a todos los municipios aledaños al proyecto de la represa.

“Nos sacaron de ahí ya del todo con el represamiento de ese río, sin ninguna garantía”, dice el minero Richard Zapata. “Cuando empezó a subir el agua, nosotros estábamos hablando con el personero de Sabanalarga para que activara la alarma de prevención pero el señor nunca nos creyó. Todavía se encuentran personas en casas que no han podido salir. El puente colgante de La Garruncha, que comunica a Sabanalarga con Peque, se encuentra inundado, igual que los caminos, que quedaron tapados por el agua, entonces esas personas están esperando que alguien los pase”. Se supo que en Loma del Sauce, una vereda de Peque, había unas mil personas aisladas al otro lado del río.

Un funcionario del municipio de Sabanalarga que pidió reserva de su nombre aseguró que EPM hasta el momento no se ha hecho cargo de los desplazados. “EPM acá no ha aparecido, eso hace parte de un conflicto que tiene con ellos [los habitantes], porque la Empresa dice que los predios inundados ya los había adquirido en un 99%. El problema mayor es por esos cambuches que ellos tenían allá para la minería [junto al río]. En total se inundaron 295 cambuches y se reportaron 415 damnificados”. Este mismo funcionario aseguró que conoce dos predios que nunca fueron comprados por la empresa y ahora se encuentran bajo el agua.

«Esa ciencia de los ingenieros de Hidroituango no funcionó, las alarmas no se accionaron y cuando menos pensamos era que se estaba llevando el puente»

Fernando Rodríguez, responsable para la gestión del riesgo del municipio de Briceño, le confirmó a este medio que todos los desplazados que llegaron a ese pueblo fueron remitidos directamente a las oficinas de la empresa para se encargara de gestionar la situación. El enlace allí es el ingeniero Hugo Olaya, con quien intentamos comunicarnos aunque no fue posible establecer contacto.

Edison Úsuga, secretario de gobierno de Sabanalarga, nos confirmó que ya se habla de unas de 420 personas desplazadas que han llegado hasta ese municipio provenientes de varias playas ribereñas inundadas en los pueblos vecinos de Peque y Buriticá. “No podemos olvidar que aunque es un fenómeno natural fue provocado por el proyecto de Hidroituango, el municipio no tiene la capacidad de atender esta gente acá de manera indefinida, estamos esperando las ayudas del gobierno y del departamento”. Sin embargo, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, desestimó la gravedad situación afirmando que “no hay ninguna amenaza para la comunidad ni aguas arriba ni aguas abajo y sobre esto se han hecho miles de telenovelas”, Pérez descalificó a quienes han criticado la gestión de EPM y dijo que la crisis solo era un “pequeño impasse”.

Pero apenas unas horas después de estas insultantes declaraciones se desprendió una avalancha en uno de los túneles taponados desencadenando una creciente súbita del Cauca aguas abajo de la represa. Según le contó a Colombia Plural el minero William Gutiérrez, la creciente fue tan grande que “nunca en la vida había sucedido”: arrasó tres barrios completos del corregimiento de Puerto Valdivia, una estación de gasolina y se llevó también dos puentes a su paso, junto con un tramo de la banca de la carretera que de Medellín comunica con la costa. “Esa ciencia de los ingenieros de Hidroituango no funcionó, las alarmas no se accionaron y cuando menos pensamos era que se estaba llevando el puente. Gracias a Dios eso fue temprano, durante el día”, comparte Gutiérrez, miembro de una asociación de mineros y pescadores artesanales afectada por el proyecto. “Somos 87 y ya no tenemos dónde trabajar”. La alcaldía de Valdivia y el Departamento de Prevención de Desastres se hicieron cargo de 200 personas refugiadas en el coliseo después de la inundación. Y el 16 de mayo se produjo un nuevo taponamiento, esta vez en la casa de máquinas de la represa. Este taponamiento y el riesgo de una avalancha posterior obligaron a la evacuación total de los 1.200 habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia.

Evacuan a esta hora en buses, camiones y caminando TODA la población desde Puerto #Valdivia hasta el limite con Taraza hacia el casco urbano de Valdivia #HidroituangoUnDesastre social y ambiental Exigimos retiren licencia ambiental a este proyecto de muerte @ANLA_Col @PGN_COL

— Movimiento RíosVivos (@RiosVivosCol) 17 de mayo de 2018

“El peor de los escenarios es que se presente un derrumbamiento de la presa”, dijo el gerente de EPM, Jorge Londoño, durante una rueda de prensa el mismo 16 de mayo. Cuando los periodistas le preguntaron por qué motivo y quién tomó la decisión de bloquear los túneles de desviación antes de lo previsto –lo que se supone que habría provocado el comienzo de la crisis– Londoño evadió la respuesta.

Hay mayor riesgo de que la presa colapse una vez el caudal comience a rebosar por encima de la estructura, precisamente para evitarlo se decidió inundar la casa de máquinas, que es por dónde se evacúa ahora el agua del embalse. Aquello supuso pérdidas por más de 200 millones de dólares para el proyecto. Sin embargo, con el último taponamiento resulta incierto saber hasta cuándo podrá contenerse la situación. Las personas que han salido del municipio de Ituango lo han hecho en caravanas escoltadas por EPM que deben transitar justamente sobre el muro de contención de la represa y varias fuentes aseguran que el agua está a pocos metros de rebosar la estructura, cuyo derrumbamiento implicaría una avalancha de dimensiones jamás vistas en el país, capaz de destruir por completo los pueblos de Puerto Valdivia, Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí y quizá también varios municipios de la Mojana Sucreña.

“El derrumbe ha estado cayendo, el que hay por fuera del túnel. Hay mucho peligro y preocupación de toda la gente que está sin trabajo, uno siempre se iba para el río, yo no sé ahora que vamos a hacer”, dice Milena Flórez, otra desplazada que pertenece a una Asociación de Mujeres de Briceño. “Es una impotencia ver que el gobernador dice que esto es una película después del desastre que ocurrió. Afectados somos todos desde el principio, porque por este proyecto nos han hecho desalojos, luego ya el pescado no subía, y ahora aguas abajo se murió [los peces] cuando bajó la primera creciente”.

Una larga historia de violencia

La clase empresarial antioqueña está soñando con esta megarepresa desde los años sesenta, pero fue durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez que la idea tomó forma. También en aquella época ocurrieron la mayoría de las 63 masacres que azotaron la región provocando la huida masiva de las comunidades del cañón del río Cauca. Cientos de fosas comunes reposan en la zona ahora bajo el agua y se calcula que hay, al menos, 900 cuerpos sin localizar y, por tanto, sin exhumar. Las pavorosas matanzas de El Aro y La Granja, en Ituango, donde varios testigos involucraron directamente al ex presidente Uribe como autor intelectual, se consideran la punta de lanza de la expansión paramilitar para disputar un territorio controlado históricamente por las guerrillas. Con las comunidades desplazadas y debilitadas, hace una década la construcción se abrió paso en medio de amenazas de muerte, asesinatos de líderes, desalojos y arbitrariedades, siempre con el respaldo del estatu quo político y empresarial de Antioquia, entre ellos el del ex gobernador Sergio Fajardo.

No obstante, las comunidades aglutinadas en el Movimiento Ríos Vivos manifestaron un poderoso rechazo al proyecto. Campesinos, mineros, pescadores, mujeres y activistas denunciaron a lo largo de esta última década que Hidroituango implicaría una catástrofe social y ambiental de enormes proporciones para el país. Nadie les hizo caso. Una y otra vez organizaron marchas, plantones, acciones de protesta, ocupaciones de la ribera para impedir la inundación. Sus líderes y lideresas fueron señalados como “infiltrados” de la guerrilla y los barequeros y pescadores que se rehusaron a salir de las orillas fueron atropellados decenas de veces por el ESMAD. La Empresa compró muchas de las fincas, pero hubo algunas que nunca fueron negociadas, como el predio Manzanares de la familia de Hugo Albeiro George, una finca que resultó destruida completamente por las obras y carreteras que EPM trazó para levantar el muro de contención de la presa. Hugo Albeiro George, miembro del Movimiento Ríos Vivos y opositor del proyecto, fue asesinado por sicarios en Puerto Valdivia este 2 de mayo. Seis días después, sicarios mataron a Luis Alberto Torres Montoya, de la Asociación de Pequeños Mineros de Puerto Valdivia (AMPA), también adscrita a Ríos Vivos Antioquia.

“Es inhumano lo que estamos viviendo en este momento”, asegura Rubí Estela Posada. Antes de despedirse, cuenta la historia de Rubén Espinosa: “Es un caso que nos da mucha tristeza en este momento, él también es de la Playa Guayacán y perdió a su hermano cuando la guerra, hace diecisiete años. Ellos fueron nacidos y criados en el cañón del río Cauca, vivían del barequeo. Él todavía busca los restos de su hermano, él todavía lo añora, lo lamenta”.