La crisis humanitaria del Chocó llega a Quito

A puertas de dar inicio, este 3 de mayo, al segundo ciclo de conversaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizaciones sociales y étnico-territoriales del departamento del Chocó han entregado una propuesta de acuerdo humanitario en el marco del subpunto 5f, acordado en el pasado ciclo de los diálogos de paz en Quito (Ecuador), que tiene como propósito proteger a las personas no combatientes y a la población civil del conflicto armado.

La propuesta chocoana exige a los actores armados – Fuerza Pública y ELN- cumplir con lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario para lograr que la población civil sea respetada y quede por fuera de acciones bélicas. La petición se produce después de un recrudecimiento de los enfrentamientos entre el ELN y grupos paramilitares en diversas zonas del Chocó que han provocado nuevos desplazamientos y confinamientos agravando la situación humanitaria ya delicada en el departamento. También tiene en cuenta las acciones de la Fuerza Pública contra el ELN, a la que piden respetar los principios de distinción y prioridad humanitaria.

El anuncio que se realizó a través de un comunicado con el respaldo de cerca de 50 líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales presentes en una reunión con los gestores de paz del ELN, Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez, llevada a cabo el 25 de abril en Quibdó. La lideresa indígena Lucy Chamorro Caldera, coordinadora de género de la Mesa Indígena del Chocó, explicó que “la continua y creciente actuación de la guerrilla del ELN en combates con la Fuerza Pública y los paramilitares ha puesto en alto riesgo la vida de muchas de las comunidades de las cuencas de los ríos San Juan, Baudó y Atrato”.

En el comunicado conjunto de las organizaciones se denuncia que, con la concentración de los miembros de las FARC, “se ha incrementado el accionar y presencia de los grupos paramilitares que nunca se desmovilizaron de manera efectiva (…) lo cual ha traído continuas violaciones de los derechos de la población civil. Situación agravada por la conocida y pública connivencia que existe entre estos grupos y sectores de la Fuerza pública”.

Las organizaciones solicitan “a todos los actores armados a pactar desde ya un Acuerdo Humanitario para salvar vidas y evitar nuevos desastres humanitarios” y a garantizar que se pueda vivir “ejerciendo el derecho a la autonomía en nuestros territorios ancestrales, reconocidos bajo la figura de resguardos y títulos colectivos de comunidades negras, así como las veredas y poblados que habita la población mestiza”. El representante de la diócesis de Quibdó en el encuentro, Jesús Albeiro Parra Solís, recordó que esta no sería la primera experiencia para proteger a la población civil lograda en el departamento: “En el pasado realizamos acuerdos humanitarios que lograron disminuir el conflicto en la región, por lo tanto esperamos que haya voluntad del ELN y, en especial, del gobierno, para que esta propuesta tenga una gran acogida e incluso pueda llevarse a otros lugares del país como el Catatumbo, Arauca o Nariño”.

Sobre las posibles diferencias entre el Frente de Guerra Occidental del ELN en el Chocó y la estructura principal del grupo guerrillero, Parra añadió que este es un tema que se debe tratar en la mesa de diálogos en Quito: “Diferentes voces así lo han exigido e incluso han propuesto sentar en la mesa de conversaciones a un representante del Frente Occidental del ELN”.

Para Lino Carpio, representante de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, la situación más complicada es la que viven los habitantes del Litoral del San Juan. “Estamos muy temerosos que los últimos hechos de violencia contra la población civil, como los asesinatos de dos hermanos motoristas en el río Pichima y de cinco personas afro en la vereda Carrá, se sigan repitiendo; exigimos al gobierno prestar más atención a los lugares dejados por la FARC, que ya están siendo ocupados por el ELN y por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

La Red Departamental de Mujeres Chocoanas, una de las organizaciones impulsoras de la propuesta de acuerdo humanitario, exigió un papel especial para las mujeres del Chocó, “para que también sean escuchadas y hagan parte de la negociación de paz”. Según Teresa Ochoa, una lideresa de la Red, la guerra afecta de manera diferente a hombres y mujeres, por tal motivo hombres y mujeres deben sentarse juntos en la mesa de diálogos, “para presentar las quejas, problemas y daños sufridos por el conflicto, así como ideas de soluciones a esos daños para que la paz sea realmente estable y duradera”.

Las organizaciones que han suscrito esta exigencia de acuerdo humanitario son el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), que agrupa a 63 organizaciones indígenas y comunidades afros y mestizas, la Ruta Pacífica de Mujeres del Chocó, la Red Departamental de Mujeres, la Mesa Departamental de Víctimas, la corporación PACIPAZ, y la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó.