La crisis humanitaria en La Guajira y nuestras instituciones de papel ¿Será que hay esperanza?

El pasado cinco de marzo del 2018, una nueva comisión (ya han asistido otras comisiones de diferentes entes del Estado desde el 2013) visitó el departamento de La Guajira. Esta vez la visita fue por parte de la Procuraduría General de la Nación, a través de su oficina Delegada para las Minorías Étnicas, en atención a las denuncias presentadas por el movimiento Nación Wayuu y relacionada con la muerte de niños por causas asociadas a la desnutrición severa, denuncias que se vienen presentando desde el año del 2013, no solo por la Nación Wayuu, sino por muchas otras fundaciones, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, sin que sean efectivas las acciones contundentes que hagan visible una mejora en las condiciones del vida del Departamento, y en especial de los niños wayuu. La visita se desarrolló en medio de los conflictos e irregularidades que la Nación Wayuu viene denunciando en la asignación de cupos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encargado de velar por la vida de estos niños.

La visita se desplazó por los municipios de Manaure, Uribia, Maicao, y los corregimientos de Matitas y Piyaya, entre otros corregimientos de la región. En las inspecciones oculares y visitas de campo, se hallaron niños en condiciones muy precarias, en recintos sin ventilación y sin el mínimo vital, ya que el agua que consumen no es potable ni apta para el consumo humano. Se encontraron centenares de niños sin atención y con evidentes signos de estado de desnutrición. Según informaciones de los padres de familia y los líderes de la zona, el ICBF Regional Guajira no les ha prestado atención, a pesar de los múltiples requerimientos realizados. Todo lo anterior, debido a que, tal como lo manifestó José Silva, líder del movimiento Nación Wayuu, en los últimos tiempos se han presentado cierres arbitrarios de los centros de atención por parte de las Fundaciones contratistas de ICBF y por otro lado se han dado, sin justa causa, exclusiones a la atención de los niños.

En medio de estos hallazgos que presentan una vulneración de los derechos humanos fundamentales por parte del Estado Colombiano a la Nación Wayuu, renació una luz de esperanza en las instituciones y la justicia colombiana, ya que nuevamente el Tribunal Superior de Riohacha, admite Incidente de Desacato por el no cumplimiento a la sentencia ratificada por la Corte Constitucional en contra de ICBF, Gobernación de la Guajira y otros, por incumplimiento a la sentencia STC4406-2017 en donde se le exige a los demandados amparar los derechos fundamentales de consulta previa, etno-educación, transporte escolar y salud de la niñez wayuu, así como también su derecho al idioma wayuunaiki, autonomía cultural y diversidad étnica.

La Procuraduría Delegada Para las Minorías Étnicas, luego de su vista, regresó a la ciudad de Bogotá muy preocupada por todos los hallazgos y la omisión del ICBF y los entes territoriales frente a la atención de la niñez wayuu, en donde muy probablemente estarán tomando las acciones disciplinarias correspondientes frente a estos hechos.

Las preguntas que me quedan son: ¿Cuántos más informes y trámites burocráticos serán necesarios? ¿Cuánto tiempo más se tiene que esperar? ¿Cuántos niños más tendrán que morir para que el Estado Colombiano y sus instituciones restituyan los derechos fundamentales de acceso al agua, a la salud con pertinencia cultural, la educación, la autonomía y el territorio de esta etnia? ¿A quién más hay que acudir a nivel internacional, si ni siquiera las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido suficientes para que los municipios afectados por la falta de agua tengan acceso al mínimo del líquido vital? (Según la OMS el mínimo es 50 litros por persona, cuando en La Guajira cada persona vive con 0.7 litros al día, muchas veces agua contaminada, no apta para consumir) ¿Qué tipo de mecanismos quedan, si los institucionales y de ley no han logrado resolver la situación?

Como ciudadanía, debemos estar pendientes de los resultados del informe de la Procuraduría, y de las fechas y cronogramas, proyectos y planes específicos a los cuales se comprometan las entidades encargadas, pues como ciudadanos estamos dispuestos a llevar a cabo toda la veeduría a dichos compromisos, en uso de nuestro derecho constitucional de participación ciudadana.

Confirmamos el apoyo a la lucha de la Nación Wayuu, que cumple 450 días de resistencia pacífica en Katsaliamana, al lado de la línea férrea del tren de Carbones el Cerrejón, que extrae 36 millones de toneladas de carbón al año, y cuyo impacto sobre las comunidades es, y ha sido avasallador por la alteración de sus métodos tradicionales de subsistencia. La Protesta en Katsaliamana pide por la supervivencia y respeto de nuestra etnia wayuú, amparada por la Constitución, por tratados internacionales, y que representa a través de su cultura, sus tejidos, sus palabreros, sus autoridades tradicionales, sus curanderos, sus territorios de impactante naturaleza y belleza, de sus tradiciones orales, su música, su idioma, y su raza, un legado invaluable que es parte de nuestra raíz como pueblo y como nación.

Informes de visitas anteriores por parte de instituciones del Estado Colombiano, así como las Medidas Cautelares de la CIDH.

• Procuraduría pide declarar el Estado de cosas institucionales en la Guajira. Marzo 2017
• LA GUAJIRA: Pueblo Wayuu, con hambre de dignidad, sed de justicia y otras necesidades insatisfechas. Procuraduría General de la Nación. 2016
• Medidas Cautelares de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2015. Pide al Estado Colombiano: “Proteger la vida e integridad personal del pueblo wayuu.
• Crisis Humanitaria en La Guajira. 2014, Defensoría del pueblo.
• Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Contraloría General de la Nación. 2013.