La imperiosa verdad y sus desafíos

Estamos habituados a escuchar el reclamo de las víctimas del conflicto armado de exigir “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, clamor vigente pero que cae en el vacío en la medida que uno de los extremos de este conjunto de derechos está en abierta contradicción con lo que pone de manifiesto la categórica y dolorosa  realidad. El país no ha logrado la “No repetición”, todo lo contrario, pareciera que, como en el mito del eterno retorno, asistiéramos a una continua reedición de la macabra versión de asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento forzado, amenazas, confinamiento, despojo de tierras, desaparición forzada, Violencias Basada en Género, que en su conjunto configuran un prolongado terror, en no pocos casos con la participación de agentes del Estado, según los testimonios desgarradores de indígenas, afrocolombianos, campesinos, pobladores urbanos en el Pacífico y otras latitudes.

La Verdad es ante todo un derecho, no puede quedar referida a la “buena voluntad” de los responsables de los hechos violatorios de la dignidad humana, bien sean actores irregulares, servidores públicos del área civil o militar, o de terceros que contribuyeron a la consumación de estos vejámenes.

Con el Acuerdo de Paz vigente, las víctimas sintieron que sus denuncias y reclamos finalmente tendrían cabida con la creación del Sistema compuesto por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). 

Efectivamente, se han visto avances en estos años de implementación del referido Sistema. Sin embargo, la base de este camino es encontrar la verdad o las verdades, como fundamento para que haya justicia, reparación y no repetición, y poder construir la tan anhelada convivencia y reconciliación. Esto último no puede surgir como un acto mágico, sino que es la meta y punto de partida para hacer una auténtica transición de la guerra a la paz.

La apuesta por la búsqueda de la verdad requiere la disposición de todos los que intervinieron en las agresiones, lo que implica en primer lugar la aceptación que se cometieron violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En Colombia ningún actor puede asumir superioridad moral, mucho menos ampararse en la condición de representar la autoridad establecida, con el argumento que se presume una actuación en la ley.

El “Esclarecimiento de la Verdad” requiere que se continúe trabajando en diferentes escenarios,desde las comunidades y víctimas, tales como la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico-CIVP, las redes de defensa de los Derechos Humanos, iglesias, sectores académicos, entre otros.  

Este esfuerzo múltiple y diverso se enfrenta a un dique infranqueable: el miedo de muchas víctimas y testigos para contar todos sus sufrimientos en el marco de un conflicto que persiste y se ha agudizado en varias regiones, como en el Pacífico, Suroccidente  y Norooriente. A pesar de la reintegración de más de 12.000 exguerrilleros de las Farc-Ep, continúa la presencia de la guerrilla del ELN, de disidencias y nuevas expresiones armadas del paramilitarismo, en muchos casos denunciado en connivencia con sectores de la Fuerza Pública.

Es decir, persiste en las comunidades y víctimas el miedo ante las retaliaciones de quienes aún desde la ilegalidad empuñan las armas y recorren todos los días los caminos y los ríos presionando a muchas comunidades para que se plieguen a sus orientaciones bélicas; así como ante quienes han amasado fortunas “legales” gracias al beneficio que les ha producido la guerra, y ante quienes amparados en la legalidad del Estado han cometido crímenes y temen ser puestos en evidencia.

En este contexto, emerge la pregunta sobre la posibilidad real de acceder a un genuino esclarecimiento de las verdades del conflicto armado: violaciones de los Derechos Humanos, infracciones al DIH, crímenes de guerra y sus responsables.

La búsqueda de la verdad, como ya se mencionó, es un derecho irrenunciable que se debe exigir todos los días, como por ejemplo, frente a los acontecimientos complejos y luctuosos que vive el país desde el pasado 28 de abril, día en el cual empezó el Paro Nacional.

Es paradigmático cómo hoy, al cumplirse 19 años de la masacre de Bojayá, estas comunidades siguen esperando la verdad sobre las 3 responsabilidades -guerrilla de las FARC, paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas y el Estado Colombiano- desde el comienzo denunciadas por las Naciones Unidas, la Diócesis de Quibdó y las organizaciones étnicoterritoriales, explicitadas en el Informe “Bojayá un Crimen de Guerra” del CNMH.

Bojayá es la muestra clara de lo que viven muchas regiones del país.

**Unidos de corazón a UNICLARETIANA por el fallecimiento del rector, José Óscar Córdoba