La ONU confirma a la Policía de Colombia como la entidad del Estado que más mata de forma arbitraria
La Policía Nacional de Colombia “privó de la vida de forma arbitraria” (eufemismo diplomático para “asesinó”) a 37 personas en 2020 y las autoridades penitenciaras son responsables de otras de estas 27 “privaciones-muertes” (el Ejército está involucrado en 11 casos con el resultado de 13 muertes). Así figura en el informe anual sobre los Derechos Humanos en el país que ha hecho público hoy la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en el que se “llama a las instituciones del Estado a responder a las manifestaciones pacíficas conforme a las normas y estándares internacionales y ofrece su asistencia técnica en esta materia; urge a la policía a integrar las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza en sus protocolos y procedimientos”.
El balance no es bueno. El año 2020 fue el de más masacres desde 2014, con 76 confirmadas por la ONU y otras 5 en verificación. En lo que llevamos de 2021, ya se han registrado 6 masacres confirmadas y hay otras 5 en verificación, lo que apuntaría a una tendencia creciente sin límite. En total, en las masacres que registró la ONU en 2020 fueron asesinadas 292 personas (entre ellas, 18 menores de edad, 10 afrodescendientes y 7 indígenas). Cauca, Nariño y Antioquia fueron los departamentos más golpeados. Además, la ONU confirma el asesinato de 132 defensores y defensoras de derechos humanos, pero confiesa que es sólo una muestra porque son los casos que les han llegado y reseña el listado de 182 víctimas de la Defensoría del Pueblo o las 159 registradas por Somos Defensores. El informe recuerda también que “la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) verificó, por su parte, el asesinato de 73 antiguos integrantes de las FARC-EP, para un total de 248 homicidios desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016”.
La violación de DDHH no sólo se traduce en muerte. La Oficina de Naciones Unidas denuncia el desplazamiento forzado de, al menos, 25.366 personas y el confinamiento de otras 74.312 por restricciones impuestas por grupos armados o del crimen organizado.
La Oficina del Alto Comisionado también advierte del incremento de situaciones de vulnerabilidad debido a la crisis provocada por el Covid-19, desde el aumento de la violencia intrafamiliar a las dificultades hasta el aumento de la desigualdad en Colombia, que ya era el segundo país más desigual de Latinoamérica antes de la pandemia y ahora, con la caída del 9% del PIB, se está agudizando.
La representante de la Oficina en Colombia, Juliette de Rivero, “resalta una preocupación por la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” y pide a todos los sectores de la sociedad, “incluidos los sectores empresariales, militares y políticos, aporten urgentemente la información relevante a su disposición, que permita a la Comisión de la Verdad cumplir su mandato, que finaliza en noviembre de 2021”.
