La paz del río Arquía

Hace tiempo que el periodismo se emboscó en las ciudades. El país remoto se cubre con comunicados de prensa oficiales o gracias a las redes sociales. Por eso decidimos viajar al río Arquía para comprobar si la guerra que es noticia es guerra de verdad. Esto es lo que encontramos.

Tobías, el hostelero de Vegáez, dice que nunca vio tanta tropa como en aquellos días. Algunos recuerdan que un par de helicópteros se posaron sobre el caserío, uno volando desde el sur y otro desde el occidente, después hubo ametrallamientos. Otros recuerdan el avión K-fir que pasó a ras y casi destecha el rancho dónde dormían varios guerrilleros junto al río, alguien más dirá que por esos días sólo se hablaba de soldados y desembarcos, de sobrevuelos y bombardeos.

El último operativo militar que estremeció la cuenca del río Arquía fue también el más fuerte que recuerdan sus habitantes. Ocurrió después que un comando de las FARC secuestrara al general Rubén Darío Alzate, quien ejercía como jefe de todas las unidades del ejército en el Chocó. Alzate fue interceptado por hombres armados en un caserío al lado del Atrato el 16 de noviembre de 2014, nunca se conocieron del todo las circunstancias precisas de su captura, lo que sí se supo es que estuvo en poder de la guerrilla quince días mientras lo movían por la selva en medio de un cerco angustiante y complicado. El propósito de los insurgentes era romper la persecución de las tropas con rumbo hacia Vegáez, un corregimiento de Vigía del Fuerte metido adentro del río Aquía, donde finalmente fue puesto en libertad el general. Aquello salvó la grave crisis desatada en el proceso de paz que sostenía en aquel momento el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Lo demás es historia: se firmó un acuerdo de paz en La Habana, hubo un plebiscito donde la mayoría votó contra la paz, después se firmó otro acuerdo distinto en un teatro bogotano, el presidente recogió su premio Nobel y los guerrilleros caminaron a marchas forzadas para concentrarse en los puntos pactados donde se llevarían a cabo la reincorporación y el desarme. Uno de esos puntos fue el río Arquía, allá llegaron a pié, en mulas o en botes, alrededor de 400 combatientes y milicianos de las FARC de unidades dispersas por todo el Chocó, el occidente de Antioquia e incluso Risaralda y Caldas. En Vidrí, otro caserío a quince minutos de Vegáez, el gobierno alquiló un terreno para levantar la Zona Veredal Transitoria de Normalización equipada con comedor, aula, servicio de internet y 180 alojamientos para los ex combatientes.

Desde entonces el río Arquía está en paz, o estaba, hasta que el 3 de agosto pasado el Ejército de Liberación Nacional secuestró a tres policías, un soldado y dos contratistas que justamente venían de las instalaciones de Vidrí. Los principales diarios y noticieros del país aseguraron que la retención había ocurrido sobre las aguas del Arquía y algunos medios sostuvieron que la región está bajo control del ELN, incluso una alerta temprana de la Defensoría de Pueblo y algunos funcionarios oficiales con los que hablé personalmente insistieron en que la situación de orden público en el río era una de las más complicadas en el Chocó.

Por eso Colombia Plural viajó hasta el Arquía los primeros días de septiembre para comprobar si todo aquello era cierto.

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“Oiga, una pregunta ¿pero ustedes si informan la realidad del país cómo es?”. El que habla así es Feliciano, vicepresidente del Consejo Comunitario de Vegáez. Feliciano es un negro fornido y joven que mientras arregla una atarraya en la puerta de su casa aprovecha para aclarar que la gente del Arquía vive cansada de los señalamientos. Dice que vieron la noticia por televisión: se informaba sobre unos secuestros, se mencionaba al río Arquía, pero nadie por allá vio cámaras, ni reporteros. “El que decía ‘yo soy del Arquía’ tenía que tener los pantalones bien puestos, porque lo señalaban de ser guerrillero. Lo que no queremos es eso: que siempre Arquía llevó la mala fama. El gobierno cada vez que viene acá viene corriendo. Llegan a las doce y a las dos se van, siempre repiten lo mismo. El gobierno lo que quería era desarmar a las FARC. Los periodistas vienen y no publican nada ¿y eso para qué sirve? ¿Ustedes sí publican la verdad o no?”, insiste Feliciano.

Los paramilitares nunca pudieron entrar al río Arquía, que siempre fue un fortín de las FARC. En los tiempos más duros de la guerra sólo quedaron 8 familias en Vegáez, el caserío más grande del río, y algunos pobladores cuentan que la violenta toma de Vigía del Fuerte en el año 2000 se lanzó desde allí con cien mulas cargadas de pertrechos, cilindros explosivos y comida para los guerrilleros. Cuando los paramilitares bloquearon el río Atrato sólo los curas de la diócesis pudieron entrar comida a la gente de estos pueblos, que era requisada, señalada, detenida o asesinada cuando salía de la cuenca.

La verdad es sencilla: la guerra no ha regresado al Arquía. Suena increíble, puesto que otras zonas del Chocó y el medio Atrato son epicentro de la confrontación entre los grupos paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional, ambos se disputan el control de las cuencas en ríos como Bojayá, Murindó, Truandó y Salaquí, pero es así.

Puerto Medellín, Puerto Palacios, Vidrí, Vegáez, Isleta, Puntas de Ocaidó; la gente asegura que en ninguno de estos poblados ribereños del Arquía hay presencia de grupos armados ilegales. Tampoco encontramos evidencia de que la zona sea utilizada como un corredor estratégico. La única fuerza armada que hace presencia es el ejército colombiano, que ni siquiera envía soldados profesionales a la zona porque la situación no lo amerita; los dos pelotones de soldados regulares que patrullan los componen muchachitos de dieciocho o diecinueve años recién reclutados, que sólo esperan la hora de que se cumpla el plazo de su servicio militar. El sargento Perdomo, al frente de uno de esos pelotones, coincide en que la región permanece tranquila y cuenta que no han tenido hostigamientos, aunque toman las medidas básicas de seguridad: los dispositivos especiales, los puestos de observación y escucha, los registros en la selva para encontrar posibles emboscadas y aproximaciones del enemigo. Rutinas que parecían olvidadas. “Yo no entiendo mucho de política, pero las salidas siempre son negociadas”, dice Perdomo, que cree que los secuestros fueron una estrategia del ELN para presionar el destrabe de la mesa de diálogos en La Habana.

En otras regiones del país y del Chocó el ELN ha copado los territorios de las FARC, a veces con apoyo de las comunidades, a veces con mucha violencia, como ha ocurrido en el Pacífico sur, donde se acusa a esa guerrilla de asesinar a los antiguos miembros de las FARC o a sus simpatizantes. “Acá no hemos vivido esa situación”, aclara Ezequiel, un ex combatiente de las FARC que vive en Vegáez junto a su familia. “Yo al menos estoy tranquilo, no he visto y no creo que tengamos ese tipo de inconvenientes. Uno más bien se preocupa por la no implementación de lo acordado. Uno dice que ojalá los diálogos con ellos avanzaran, pero sí el Estado colombiano no le cumple a una guerrilla como era las FARC, difícilmente le va a cumplir a otro grupo insurgente. Así cualquier otro acuerdo va a ser más difícil”.

El fracaso de Vidrí

Buena muestra de aquello es la propia Zona Veredal de Vidrí, que fracasó por completo debido a una mezcla de circunstancias adversas donde se combina la desidia e incapacidad institucional, las condiciones del terreno y el descrédito de los mismos ex combatientes, que fueron abandonando la zona desilusionados y desmoralizados con el proceso. De los cerca de 400 guerrilleros y milicianos que al principio se concentraron en el Arquía sólo quedaron alrededor de 180, pero muchos no pertenecían a la región. El abastecimiento desde Quibdó es costoso y complicado, pues debe hacerse en botes pequeños que dependiendo de las condiciones del río tardan hasta seis y siete horas en llegar. Con frecuencia la comida llegaba mojada o en mal estado, y entrar un cargamento de cualquier cosa al Arquía cuesta una fortuna en gasolina.

Ni la zona, ni las tierras aledañas, que son propiedades colectivas de la comunidad afrocolombiana según la ley 70, podían ser compradas para que los guerrilleros implantaran allí sus proyectos productivos. Aquello retrasó aún más la llegada de los recursos y provocó una gran desmoralización de los combatientes, que luego se convirtió en desbandada: un centenar de ellos se fue para Mandé, otro caserío a un día de camino por trocha, más cerca de Urrao que de Quibdó. Un grupo menor compró con su propia plata una finca pequeña en la carretera Quibdó – Medellín y se instaló allá. Otro grupo de combatientes que había operado al sur del Chocó y el eje cafetero se fue para Santa Cecilia (Risaralda), donde alquilaron una finca para montar proyectos piscícolas que van por buen camino. En Vidrí no quedó nadie, ni siquiera los 36 guerrilleros nativos del río Arquía, que prefirieron volver a las casas de sus familiares en los caseríos cercanos. La antigua Zona Veredal está convertida en un elefante blanco en medio de la selva, corroída por la humedad y el abandono.

“Al principio decíamos ‘no nos vamos porque aquí vamos a tener el estudio, vamos a tener la alimentación y de aquí vamos a salir preparados para hacer otras cosas’, y nunca llegó nada”, explica Ezequiel. “Nosotros creíamos en lo que veíamos y en lo que hacíamos, ya son dos años y no tenemos ni un proyecto donde digamos que podemos defendernos cuando se nos acabe la renta básica. Ya la gente no cree en uno cuando les dice ‘vamos muchachos a hacer un censo para los proyectos’. Que lo que se habla sí se cumpla”. La preocupación de Ezequiel es la misma de todos los excombatientes: hasta ahora se han defendido con la renta de $700.000 que el gobierno consigna cada mes durante dos años, pero a algunos el plazo se les vence en mayo del año entrante. Cada que salen a cobrar ese dinero en Quibdó tienen que gastarse como mínimo $100.000 en pasajes de lancha y comidas.

Pero no todo es desidia. En Vegáez se adecuó una caseta comunitaria que costó 319 millones de pesos, hecha con recursos del postconflicto, también el puesto de salud está impecable, aunque sólo tiene servicio de médico unas semanas intermitentes al mes. Hay una planta de electricidad movida con ACPM que da cuatro o cinco horas de luz al pueblo por la noche y un colegio con aulas de madera medio podrida, ese sí bastante abandonado. El Estado llega de modo errático y no termina de convencer a todo el mundo.

“Lo que ambas partes hicieron fue algo indispensable para que esto generara confianza, pero más allá de eso no hemos visto lo que está en el acuerdo y que es necesario cumplir, lo que genere algo de cambio”, explica Jhoan Romaña, otro excombatiente que suele hacer de vocero de todos. A Jhoan los funcionarios públicos no lo enredan fácilmente, él se desenvuelve bien porque estudió derecho en la Universidad Tecnológica del Chocó. “El conflicto nunca se va a acabar porque siempre que exista diversidad de pensamiento va a haber conflicto. Lo que hay es que mirar qué tipo de conflicto se da. El acuerdo que hay es entre el Estado y lo que antes eran las FARC, hay otras expresiones que de una u otra forma pueden incidir de aquí en adelante, el mensaje que el gobierno ha mandado con todo esto es negativo. Ahí tenemos ese punto uno [Reforma rural integral] que sí se implementa ayudaría mucho, pero si eso no se hace, al igual que con los demás, decimos, bueno, tenemos la paz, ¿pero paz con hambre? ¿Paz sin educación? ¿Paz sin salud?”, concluye Jhoan.

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El viernes 31 de agosto un helicóptero de las Naciones Unidas aterrizó en una playa del río Arquía. ¿Cuántas veces habrá ocurrido la misma parafernalia? Los funcionarios con sus chalecos azules y blancos, dos o tres militares de escritorio con la ropa limpia, un montón de gente y de niños que lloran, tres perros flacos acostados en la mitad del gran kiosko de madera donde se hace la reunión. Hay gestos de desengaño o de incredulidad o de desconfianza en las miradas. El español Álvaro Arana preside la reunión por parte de las Naciones Unidas, parece un tipo conciliador, aunque cualquier funcionario en esta selva es más exótico que los bichos del monte.

La reunión no alcanzó a durar ni siquiera dos horas y la comunidad mostró sus preocupaciones: si hacen la demolición de la Zona Veredal abandonada el Ejército ya no estará ahí. ¿Quién va a responder por la seguridad? ¿Cómo garantizarán que el Arquía no se llene otra vez de tipos armados, ahora sin orden ni cabeza visible? ¿Qué pasó con los proyectos productivos y beneficios que el acuerdo de paz prometía a las comunidades más afectadas por el conflicto, como las que viven en el Arquía? ¿Por qué no han arrancado los proyectos productivos de cacao y cría de cerdos y gallinas para los ex guerrilleros que se quedaron en el río y nunca abandonaron la región? Los funcionarios piden listados, exigen un censo que ya se hizo, hablan de formular bien los proyectos, aclaran que todo debe pasar por una infinidad de instancias burocráticas en Bogotá que dan el visto bueno o niegan los recursos.

Tylor Valvuena, representante del Alto Comisionado para la Paz les cuenta que hay cuatro proyectos andando en el país. Cuatro proyectos entre 7.000 guerrilleros en proceso de reincorporación parece una cifra ridícula. “Ya nosotros decidimos qué hacer y cómo hacerlo. Ninguno de los proyectos está funcionando en la cuenca del río Arquía”, reclama Jhoan Romaña. “¿De qué forma acceder a los proyectos? Una cosa es lo que se dice muy bonito, pero otra cosa es lo dispendioso y lo complejo de la ruta. A pesar de las averiguaciones que hemos hecho nos damos cuenta que no va a ser tan fácil acceder. La gente se ha ido cansando de estar esperando. Han tenido que salir a buscar cómo resolver el día a día, una vez esto inicie la gente vuelve”, concluye Romaña.

La escena podría servir como alegoría: los ex guerrilleros y la comunidad a un lado, los funcionarios al frente, como si fueran dos bandos opuestos en una lucha imaginaria donde nadie cruza hacia el lado contrario. Justo en la mitad entre ambos bandos un perro lánguido duerme estirando las patas. Los militares no se meten, miran desde los bordes del kiosko. La escena podría mostrarnos que las balas se reemplazaron por las listas, por memorandos, por ordenanzas y comités que desaprueban, las balas abrieron paso a las firmas y los trámites y las solicitudes formales por escrito con días hábiles para la respuesta. ¿Cuánto tarda una respuesta de esas en llegar hasta el río Arquía? El Estado le está planteando una guerra de guerrillas a la guerrilla: es la emboscada de la burocracia. Así está la batalla ahora, hasta que alguien se canse.