La paz exige verdad
El atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander, ocurrido el 17 de enero de los corrientes, resuena en nuestros corazones, pues los colombianos y colombianas hace mucho tiempo no vivíamos un hecho como éste, gracias a los alivios experimentados por los acuerdos y negociaciones de paz con los actores insurgentes y a pesar de que se hayan registrado varias masacres en territorios periféricos no urbanos. El asesinato de estos jóvenes es absolutamente repudiable e injustificable.
De igual manera, nos estremece el mismo corazón los asesinatos de los centenares de líderes y lideresas sociales, que en los 100 primeros días del actual gobierno ascienden a 120 casos, quienes realizaban una loable labor de reivindicar derechos individuales y colectivos, y que también deben movilizar a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general.
Es cuestionable que ante la pérdida de los líderes sociales no se persiga e identifique con celeridad a sus responsables, como aparentemente el cuestionado Fiscal General de la Nación ha procedido en este caso, lo cual ha generado muchas dudas y preguntas, pues se han hecho unas afirmaciones, fruto de investigaciones express, sobre la responsabilidad atribuida a la guerrilla del ELN, de lo cual se han derivado unas conclusiones y definiciones que refuerzan la orientación del Gobierno Nacional de no darle continuidad al proceso, iniciado por el anterior gobierno, de diálogos de paz con esa guerrilla.
Acabar de cerrar la puerta del diálogo con el ELN, luego de haber tenido unos avances significativos, comparados con la trayectoria de acercamientos históricos entre el Estado y ese movimiento insurgente, conduce al país a retomar la prioridad de la solución militar o bélica, exaltar una unidad nacional frente a un “enemigo común”, incentivar las redes de informantes, negar la existencia del conflicto armado y convocar a la eliminación de la “amenaza terrorista”, como ocurrió en el periodo de 2002 a 2010, promesa que no cumplió sus propósitos en aquel entonces y que, por el contrario, elevó los efectos negativos contra la población civil que, según las cifras, es quién pone la mayoría de víctimas del conflicto.
Debemos continuar en la consolidación del camino del diálogo y la negociación, que ya se ha probado con todos los anteriores movimientos insurgentes, el último ha sido las FARC con quien se firmó el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Paz Estable y Duradera”. Las comunidades rurales, escenario principal del conflicto colombiano, abrigan la esperanza de completar el proceso de paz llegando a una salida negociada con el ELN, para lo cual se requiere que las partes reconozcan mutuamente al adversario, sin más condición que tener la decisión firme y manifiesta de dar señales de querer la paz.
Es imperativo que el proceso esté cimentado sobre la verdad, base ineludible para ganar confianza. Por ello, la acusación abierta del Fiscal y del Gobierno al ELN de su responsabilidad no puede hacerse con una serie de datos que dejan más dudas que certezas, como lo ha mostrado al país algunos medios. De igual manera, el ELN debe decir pronto la verdad sobre la aceptación o negación de su autoría, para esto último debe presentar razones irrefutables. El ELN debe ser transparente ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional, si tanto reclama la participación de esa misma sociedad para que se avance en un proceso de diálogo para la paz, ahora son ellos quienes tienen la palabra.
De mantenerse la decisión sobre el rompimiento de esta Mesa que estaba entreabierta, debe hacerse respetando los cánones de la diplomacia con los Estados que han estado colaborando, en tanto garantes, con la búsqueda de paz en Colombia, particularmente no se puede declarar a la delegación de la guerrilla del ELN, asentada en Cuba, como actor terrorista y solicitar inmediatamente a la Interpol que los detenga ipso facto, presionando a ese país a que, si no obra consecuente con esta petición, quede como auxiliador del terrorismo, con lo cual se abre el espacio para que de nuevo los Estados Unidos lo inscriba en la lista de países protectores de terroristas, con las consecuencias económicas y políticas que ello contrae para dicho pueblo. De tal forma que el Gobierno de Colombia logre el doble propósito de capturar a unos insurgentes que fueron llevados al exterior en condiciones especiales previamente pactadas, quienes fueron allí a petición del Estado Colombiano y al tiempo poder acusar a Cuba de alojar a terroristas,
Como en toda negociación de paz, si se rompe la misma, se debe respetar los protocolos pactados previamente que contemplan el regreso de sus delegados a los lugares de procedencia, para no caer en actitudes tramposas que cierre de manera indefinida futuros acercamientos al haber minado la confianza.
*Antropólogo, teólogo y doctor en Antropología. Exdirectivo de la UNICLARETIANA. Acompañante por más de 25 años a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el Pacífico. En la actualidad Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y miembro del Comité Coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico.
