Los 532 líderes asesinados que el Nobel de Paz no quiere ver
El nuevo informe de Somos Defensores sobre 2017 no deja espacio para el optimismo. Tampoco el reporte sobre Alertas Tempranas que ha hecho público el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, cuyas cifras son más abultadas que las de Somos Defensores.
Según esta última organización, una de las ONGs más conservadoras en sus registros, en 2017 fueron asesinados 106 defensores o defensoras de derechos humanos, otros 50 recibieron atentados contra su vida y, en total, se registraron 560 agresiones individuales contra este tipo de líderes. La Defensoría cifra en 126 los asesinatos de líderes en 2017 y ya contabiliza 22 víctimas mortales entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2018.
Fuente: Somos Defensores. Piedra en el Zapato
La radiografía contrasta el descenso histórico de homicidios en el país con el aumento en un 16.42% en las agresiones a defensores entre 2016 y 2017. Somos Defensores cree que no hay nada casual, ni personal, en estas muertes. “La violencia contra líderes sociales y defensores corresponde a causas estructurales (agravadas por el conflicto como la exclusión social y la persecución política) e igualmente se considera una violencia estructural”. Y es tan estructural que durante las dos administraciones de Juan Manuel Santos, el premio Nobel de Paz que es presidente de Colombia, Somos Defensores ha contabilizado 532 asesinatos, 2.374 amenazas, 305 atentados, 171 detenciones arbitrarias o 18 desapariciones forzadas de defensores o defensoras de Derechos Humanos. A pesar de la contundencia de los datos, ministros y altos funcionarios del Gobierno de Juan Manuel Santos, el premio Nobel de Paz, insisten en que el exterminio de defensores y defensoras se debe a problemas personales de los mismos.
“Si bien la discusión sobre la sistematicidad de los homicidios aún está por aclararse, esto no es condicionante para evidenciar que esta violencia tiene motivaciones estructurales que requieren medidas igualmente estructurales”, explica Somos Defensores en su informe sobre 2017, Piedra en el Zapato, y matiza: “A pesar de la diferencia en las cifras emitidas por las diversas organizaciones de la sociedad civil, existen factores comunes en tanto en sus datos como en sus análisis que deben ser tomados en cuenta por el Estado Colombiano para solucionar el incremento de la violencia contra defensores de derechos humanos. Es innegable que el número de defensores(as) asesinados(as) está en incremento progresivo”.
Datos durante los dos Gobiernos de Juan Manuel Santos | Fuente: Somos Defensores. Piedra en el Zapato
El informe reconoce que 2017 es el más activo por parte de la Fiscalía en la indagación de los casos de asesinatos donde las víctimas son defensoras o defensores de DDHH, pero ni se encarga de aquellas agresiones que no terminan en muerte ni el trabajo de la Fiscalía encuentra respuesta en un sistema judicial o en un ministerio de Interior que siguen sin responder al reto, cuando no lo niegan.
¿A quién y por qué los matan?
La información recopilada por el programa Somos Defensores permite concluir que “el ejercicio de estos activistas y líderes se considera ‘un estorbo’ en los territorios para quienes tienen intereses de poder en los mismos y ven en los defensores un potencial peligro para sus objetivos”. Y esos obstáculos tienen relación con la defensa de los territorios: campesinos, indígenas, afrodescendientes y juntas de acción comunal de zonas rurales son los que más molestan y no tienen un perfil alto de visibilidad nacional que los proteja.
Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Córdoba, Chocó y Cesar son los departamentos donde líderes y lideresas están más expuestos, según Somos Defensores. La Defensoría del Pueblo señala tres dinámicas que marcan la geografía del exterminio: “La expansión del ELN que ha derivado en enfrentamientos con la Fuerza Pública y otros actores armados (Chocó, Norte de Santander, Cauca, Arauca y Nariño); la conformación de disidencias de las FARC-EP (Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), y la consolidación de área de dominio de los grupos armados posdesmovilización (Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo)”.
Los analistas afirman también que hay una directa relación entre “la lenta y difícil implementación del Acuerdo de Paz” y “este incremento en los asesinatos de líderes (…) La implementación de los Acuerdo de Paz ha traído disminución en la violencia generalizada pero una concentración de violencia en líderes sociales que desde otrora y en silencio, han sufrido”.
Lo que parece que aún no ha surtido efecto es la batería de 22 nuevos espacios, medidas, protocolos, decretos y unidades especiales nacidos tras el acuerdo de paz de La Habana y que deberían velar por la vida de defensoras y defensores, entre los que ya están activos el Cuerpo Élite de la Policía, la UNIPEP, la Unidad Especial de la Fiscalía, La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Sistema de Alertas Tempranas o la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.
Mucha nueva institucionalidad y pocos resultados. Quizá por ello, Carlos Negret insistía esta semana en que “no puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”. Quizá por este tipo de afirmaciones y por su trabajo de sistematización de agresiones contra los DDHH, el informe de Somos Defensores destaca el papel “solitario” de la institución que lidera Negret dentro del aparato de un Estado que no reconoce la cifras que él mismo consolida.
