Santos reconoce que el Estado no evitó el exterminio de la UP

Décadas negando lo ocurrido. Décadas de luchas y reclamos de los supervivientes. Los acuerdos de La Habana obligan al Estado a restañar las heridas en la Unión Patriótica, que reclama consecuencias jurídicas y medidas de reparación

Desde primeras horas de la mañana en la red social twitter un incesante goteo de rostros llena el espacio de @UP_Colombia, la cuenta de la Unión Patriótica (UP). Alfonso Cujavante, Jesús Alberto García, Rubén Castaño, Pablo Caicedo, María Eugenia Castañeda, Pedro Nel Jiménez… Un incesante e interminable goteo de rostros que tejen la cobija de dignidad y víctimas que puso la UP cuando una alianza de agentes del estado, paramilitares, narcos y empresarios decidió que había que exterminar el disenso. Nombres que también han tenido protagonismo en el acto de reconocimiento de responsabilidad que se ha celebrado hoy en el Palacio de Nariño, en el que el presidente Juan Manuel Santos ha reconocido que el exterminio de la Unión Patriótica “fue una tragedia y causó un daño indecible a miles de familias y a nuestra democracia”. Y no solo eso, ha admitido que fue una tragedia que “nunca debió haber ocurrido” y en la que el Estado no tomó las medidas necesarias para evitarlo, pese a la “evidencia palmaria” de lo que ocurría.

Por eso, el acto de reconocimiento es tan importante. Porque han pasado casi 30 años (aunque los últimos asesinatos se produjeron en 1995) sin que el Estado colombiano haya reconocido su papel en el conocido como “Baile Rojo”.

Esta tarde, a las 4 p.m., el presidente, Juan Manuel Santos, y su Gabinete ministerial, han reconocido la responsabilidad del Estado en el exterminio ante la actual presidenta de la UP, Aída Avella, y algunos otros miembros del colectivo político.

El presidente se ha comprometido ante ellos a esclarecer todo lo que pasó, pero no ha definido medidas concretas de reparación. Únicamente ha planteado que si la paz es perdón, reconciliación y reconocimiento también es la asunción de la responsabilidad y hacer “el esfuerzo posible para resarcir a las víctimas”. La reparación si ha sido uno de los mensajes insistentes de la UP y al tomar la palabra, Aída Avella ha reconocido que el rechazo a lo que ocurrió y el compromiso de no repetición no puede quedarse ahí sino tener “consecuencias jurídicas oportunas y eficaces contra los responsables para aplicar la justicia y obtener reparación”.

Es una “esperanza” que el Estado retome lo que desde 1992 han dicho las instancias judiciales, ha admitido Avella, que fue un exterminio y que no se hizo nada por evitarlo. Pero no se pueden quedar ahí porque la verdadera “esperanza es que usted de pasos decisivos para garantizar la reparación”.

Aída Avella: la verdadera esperanza es que usted de pasos decisivos para garantizar la reparación

Santos sí ha insistido, una y otra vez, en el compromiso “solemne” del Gobierno de tomar todas las medidas y dar todas las garantías “para que en Colombia ninguna formación política sufra lo que sufrió la UP”. Y ha sido más concreto al llevarlo al ejemplo del tránsito de las FARC a la vida política. “No se puede volver a repetir”, ha dicho categórico para hacer, a renglón seguido, un guiño a las Fuerzas de Seguridad del Estado que “tienen capacidad para enfrentar a todos los grupos delincuenciales que quieran impedir el fin de cinco décadas de violencia”. Es decir, si antes, con la UP, no se actuó, ahora sí lo hará, o al menos ese fue hoy su compromiso. Para el esclarecimiento de lo ocurrido, que fijó como “un deber del Gobierno”, se apoyó en la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz incluidas en los acuerdos de Paz de La Habana. Y es que este acto es parte de esos acuerdos, porque, como el mismo presidente ha dicho, ese acuerdo se sustenta bajo la lógica del el derecho a la no repetición.

Y entonces le ha tocado el turno a la UP, en medio de una contenida emoción: “En nombre de las más 6.500 víctimas del genocidio de la UP saludo el reconocimiento de responsabilidad que hace del exterminio y genocidio en nuestra contra, este acto no solo dignifica a las víctimas sino que da respuesta a una reclamación directa de más de 20 años de protección y reparación integral de los derechos que han sido vulnerados”. Así saludó la presidenta de la UP, Aída Avella, las palabras del presidente, al que tras reclamar una vez más reparación, le advirtió que la “impunidad” de estos años ha operado como un “factor multiplicador” del acoso no solo a la UP sino a los otros líderes y defensores de Derechos Humanos.

Manos alzadas con carteles que formaban la frase “genocidio de la UP”, respaldaron las palabras de Avella. (Foto de Unión Patriótica)

“Hace 30 años se nos escapó la paz porque mataron la esperanza y faltó grandeza y generosidad”, sentenció Avella para pasar a enumerar algunos de los nombres de la UP desaparecidos durante el genocidio. Su últimas palabras fueron para llamar a votar masivamente que sí a la paz el próximo 2 de octubre y hacer un reconocimiento al equipo negociador en la Habana.

Como regalo al presidente dos libros: uno sobre la historia y exterminio de la UP y otro que recoge los logros de los integrantes de la UP que alcanzaron puestos públicos.

Importante pero insuficiente

REINICIAR, la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos cercana a la UP, ha hecho público hoy mismo un comunicado en que reconoce que lo ocurrido hoy es importante, pero insuficiente. “El reconocimiento [que hace hoy] no tiene el alcance de resolver el caso que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no está dirigido a definir la manera cómo se repararía a las víctimas de la Unión Patriótica ni a resolver sobre la responsabilidad penal individual por los múltiples crímenes cometidos contra sus miembros”.

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Ya hace unos días, el 9 de septiembre, Santos, ante la sombra de la memoria del genocidio de finales de los años 80 que pesa sobre el actual proceso de paz, aseguró que “la posibilidad de que se repita el exterminio de la UP es nula”. Y ese día, la propia UP le respondió públicamente: “Las garantías de no repetición para la Unión Patriótica exigen que su Gobierno actúe coherentemente ante la CIDH reconociendo las víctimas, reconociendo las violaciones cometidas, reconociendo la responsabilidad internacional del Estado por esas violaciones y reparando integralmente a las víctimas”.

Ahora, REINICIAR asegura que las víctimas aceptan este acto de reconocimiento como muestra de apoyo al acuerdo de La Habana. Falta mucho para que la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean plenas.

Los acuerdos de La Habana

Los Acuerdos de La Habana, en el apartado sobre la Jurisdicción Especial de Paz indican en el punto 71 que el Estado debe garantizar la no repetición de políticas de exterminio como las acometidas contra la UP. En un acuerdo posterior que desarrolla ese punto se indica que: “El Gobierno colombiano y las FARC-EP acuerdan que el Gobierno Nacional buscará con la Unión Patriótica una salida amistosa al actual litigio que cursa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso del partido político Unión Patriótica. Para lo anterior, el Gobierno colombiano se compromete a desarrollar un Plan Especial de Reparaciones, así como realizar los ajustes y reformas necesarias para garantizar la participación de las víctimas, individual y colectivamente consideradas, y la no repetición de lo ocurrido”.

Al referirse a las garantías de no repetición, el acuerdo es muy genérico pero toma de referencia a la UP para indicar: “El Gobierno Nacional tomará todas las medidas, incluyendo las pactadas en este acuerdo y cualquier otra que sea necesaria, para asegurar que ningún partido o movimiento político en Colombia vuelva a ser victimizado y que lo ocurrido con la Unión Patriótica no se repita jamás”.