¿Un acuerdo mucho mejor?

¡Tenemos un nuevo Acuerdo! y es una buena noticia. La incertidumbre sobre lo que podría suceder si se prolongaban las negociaciones generaba inquietud en todas las partes, así lo reconocieron las FARC y el presidente Santos al señalar las dificultades de mantener el cese bilateral por largo tiempo sin llegar a definiciones. También las comunidades donde están concentradas la guerrilla. También las organizaciones sociales exigieron, desde el mismo dos de octubre, llegar a una pronta solución y evitar retrocesos en los avances logrados.

La movilización social jugó un papel importante, no solo para presionar decisiones en el corto plazo, sino para evitar un nuevo Acuerdo surgido solo de un pacto de élites que acabara con la esencia de lo firmado en Cartagena, es decir, los derechos de las víctimas, la restitución de las tierras despojadas, la protección de los territorios étnicos, el enfoque de género, la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros. La pregunta es ¿efectivamente se logró proteger la esencia del Acuerdo inicial?

Es pronto para sacar conclusiones finales, debemos leer el nuevo Acuerdo y hacer las respectivas comparaciones. Por ahora debemos atenernos a lo dicho por los jefes de ambas delegaciones y lo señalado por el presidente en la alocución de la noche anterior. Todos coinciden en que es un mejor Acuerdo, en ello insistió Humberto de La Calle: “Hoy con humildad reconozco que este Acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas de esas críticas e insatisfacciones”.

Pero podemos aventurar unas primeras conclusiones.

Las FARC comprendieron mejor el desafío de atender las inquietudes de los sectores del SI y del NO. Eso se evidencia en los discursos del día de ayer. El presidente Santos se esforzó en dar explicaciones a los sectores del NO, incluso viajó a Rionegro a informar previamente al senador Álvaro Uribe. Dijo, que su delegación se esforzó en defender las propuestas de estos sectores, las cuales consideró acertadas. Por ello todos los puntos, excepto es de participación política, sufrieron modificaciones. Por su parte Iván Márquez en su discurso señaló como ellos escucharon a todos los sectores: “…entendimos que pese a la débil mayoría, teníamos el compromiso político de aceptar el resultado adverso y de atender las múltiples voces que lo habían propiciado, distinguiendo entre aquellas que manifestaban preocupaciones sinceras por un nuevo y mejor acuerdo, y otras que tenían la pretensión de erigirse en obstáculo para el logro del propósito superior, aunque dada la coyuntura se cobijarán también con el manto y el discurso de la paz”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue siendo un punto de quiebre, aunque digan no haber modificado. Juan Manuel Santos insistió en defender el tratamiento especial para los agentes estatales, incluso volvió a llamarlos héroes, desconociendo su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos y el DIH. De lo anunciado surgen preocupaciones reales por la autonomía de dicha Jurisdicción y su contribución al esclarecimiento histórico y el reconocimiento de responsabilidades, especialmente de otros actores diferentes a la insurgencia.

El anuncio según el cual las ONGs de DDHH solo podrán presentar casos ante la Sala de conocimiento, en un plazo de dos años, es preocupante, particularmente porque deja a las víctimas sin posibilidad de representación independiente ante dicha jurisdicción. Ese es el esquema de Justicia y Paz en la cual el papel de los representantes de víctimas terminó siendo inocuo, sin ninguna posibilidad de apoyar la instrucción del proceso, de debatir las pruebas o de interrogar a los postulados. Sectores del NO pretenden evitar se investigue y juzgue a otros actores comprometidos con la comisión de graves crímenes, beneficiarios del conflicto, no solo los políticos —cuya participación ha sido ampliamente documentada por la CSJ, en cabeza del exmagistrado Iván Velásquez— también sectores del empresariado, ganaderos, medios de comunicación, deben responder por sus crímenes y el apoyo a la estrategia paramilitar. Por ello buscan evitar su participación.

El Acuerdo reconoce a las víctimas como el centro del Acuerdo, por eso su participación en la JEP es clave para reconocer su verdad en los procesos, permitiendo su intervención en la elaboración de los contextos y patrones de macrocriminalidad que permitieron la violencia y vulneración de derechos, especialmente lo relacionado con la criminalidad estatal sobre la cual la FGN no tiene ningún interés.

No es una buena noticia el anuncio sobre la eliminación de los jueces internacionales y la articulación de la JEP con la justicia ordinaria —aunque habrá que ver si dicha información es como lo dijo el Presidente o si tiene interpretaciones—. Colombia ha sido el reino de la impunidad en cuanto a violación de DDHH. La justicia ha estado al servicio de los intereses de los sectores dominantes y en muchos casos de los victimarios, las altas Cortes están desprestigiadas por los altos índices de corrupción e intereses personales, lo cual no es garantía de transparencia o protección de los derechos de las víctimas. Sumado a ello, la FGN en cabeza de Néstor Humberto Martínez, ha tratado de obstaculizar la justicia transicional, sin haber iniciado ya se ha posicionado en defensa de los representantes de los sectores económicos para evitar su comparecencia ante la JEP.

Ya lo vimos en Justicia y Paz. La Corte Suprema de Justicia a través de su jurisprudencia ha limitado el papel de los magistrados y ha favorecido que solo sea la Fiscalía quien determine el alcance de la participación de los postulados en dicho proceso, restringiendo el control de los jueces en relación con las versiones de los jefes paramilitares, quienes se han limitado a entregar información parcial y una verdad dosificada que no contribuye al esclarecimiento de los crímenes y mucho menos de la política de Estado responsable del desarrollo de la estrategia paramilitar en todo el territorio nacional.

Bienvenido el nuevo Acuerdo, pero el desafío es enorme para evitar que se perpetúe la impunidad, la criminalidad estatal y el desconocimiento de los derechos de las víctimas. Esperemos que los anuncios del presidente Juan Manuel Santo tengan matices y de verdad la esencia del acuerdo inicial se mantenga. Mientras tanto, como bien lo dijo Iván Márquez: “Pero el solo acuerdo no es suficiente, porque un papel florecido de promesas y buenas intenciones, sin veeduría ciudadana, fácilmente puede ser arrastrado por el viento de la desidia hacia el desierto de la nada y la frustración de la esperanza”.

*Defensora de Derechos Humanos. Directora Corporación Jurídica Libertad.