El 1% que no se queja de la reforma tributaria

Gremios, sindicatos, organizaciones sociales y hasta el vicepresidente se quejan de la propuesta de reforma tributaria, pero hay un 1% de la sociedad colombiana que está callado ¿Quiénes son?

Hay ausencias que lo dicen todo. En las manifestaciones que recorrieron las principales ciudades del país este jueves 27 de octubre contra la Reforma Tributaria faltaba un 1%. Estaban los sindicatos, organizaciones sociales, algunos gremios… todos contra la propuesta de Reforma Tributaria radica en el Congreso por el Gobierno y que consideran “regresiva”, “una nueva cascada de impuestos que caerán principalmente sobre los hombros de las clases medias, los trabajadores y los pequeños y medianos productores nacionales del campo y la ciudad”, como declaraba el Comando Nacional Unitario (que agrupa a las centrales obreras y pensionados) y la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas que convocaban a las marchas. Pero faltaba un 1% de la sociedad al que la reforma parece no preocupar porque los impuestos directos van a seguir sin tocar sus jugosos patrimonios. ¿Quiénes lo conforman?

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de la ONU ese 1% es el más rico de Colombia, el que concentraba en 2010 (últimos datos disponibles) el 20,5% de los ingresos brutos totales del país. Se podría afinar más la mirada y concentrarse en el 0,1% más rico del país, en cuyas manos está el 13% de los ingresos totales. Otros indicadores podrían ser incluso más crudos: 2.300 personas tienen la propiedad del 53% de la tierra útil y 2.681 clientes son dueños del 58,6% de los depósitos bancarios del país. ¿Ya los va identificando?

Algunos miembros de ese selecto grupo sí han saltado ante la propuesta del Gobierno. Especialmente, el gremio de los azucareros (el 30% de sus ventas va a las bebidas azucaradas y el impuesto que se propone para éstas -300 pesos equivalente a un 18.75% de aumento-) y los constructores, con un aliado interno como es el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, que ya ha convocado protestas ante la posibilidad de que se resienta una parte del negocio del ladrillo que tanto protege.

Pero son intereses muy concretos y del pequeño componente de la élite económica que está en el sector productivo. El informe de la CEPAL Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina, indica que ese 1% de los colombianos más ricos no produce mucho. A diferencia de otras élites de la región, este grupo corresponde a “rentistas y propietarios del capital”. De hecho, el 44% de su riqueza proviene de las rentas del capital.

Indican los expertos de la CEPAL que “ya sea por el diseño tributario sesgado a favor de las rentas del trabajo, la elevada evasión, los beneficios impositivos o la mayor capacidad para eludir obligaciones tributarias, los individuos más ricos no han sido gravados de acuerdo con su nivel de ingresos o riqueza y en ocasiones pagan comparativamente menos impuestos que otros contribuyentes de menores rentas. Además, los sistemas tributarios dependen mucho del componente indirecto de imposición al consumo, que resulta regresivo”.

Y eso, justamente, es lo que hace la reforma de Juan Manuel Santos: cebarse en los que menos tienen y en las clases medias. El equipo del presidente pretende tapar el agujero fiscal provocado por la caída en el precio del petróleo (cuyos ingresos por explotación suponían en 2013 un 3,3% del PIB y que en este 2016 pueden no llegar a pesar ni el 0,2%) con impuestos indirectos al consumo (el IVA) y una ampliación de la cobertura del impuesto sobre la renta que afecta a los trabajadores que menos ganan. Para contrarrestar el enfado generalizado, la propuesta del Ministerio de Hacienda “promete” una bajada de impuestos a las empresas con el mito de que a menos impuestos a las compañías, más generación de empleo. La reforma tributaria propone que, como media, pasen de tener una carga fiscal del 40% (sumando el 25% de la renta, el 9% del denominado como CREE o sobretasa que sustituyó a las cargas parafiscales y otras cargas directas) al 39% en 2017, el 36% en 2018 y el 2% en 2019. Pero… ¿realmente pagan eso?

La realidad es que, según analiza el economista Jorge Espitia partiendo de la información de la DIAN, de las empresas que tributaron en 2014 (370.000) el 10% más rico tuvo una tasa real de sólo el 4,6% si descontamos todas las exenciones y excepciones que contempla la ley. La carga tributaria al 10% de empresas menos ricas sólo llegó al 9% (no se tiene en cuenta en este dato el 54% de evasión en los impuestos a sociedades que se registra de media en la región). Es más, este recuerda que ese cóctel de exenciones tributarias que benefician a las empresas, siempre quejosas de pagar impuestos, supone para el Estado dejar de ingresar unos 8,2 billones de pesos al año.

La desigualdad es ‘democrática’

Colombia es el cuarto país más desigual del mundo partiendo del conocido como Coeficiente Gini (Después de Sudáfrica, Haití y Honduras). También es desigual su tejido empresarial.

De esas 370.000 empresas que tributaron en 2014, los datos de la DIAN confirman que el 10% (37.000) de ellas concentra el 90,1% del ingreso bruto y el 95,8% del patrimonio. El 10% más débil de este grupo sólo lograba en 2014 atraer el 0,067% de los ingresos totales y su patrimonio era sólo del 0,0001% del que tiene todo el tejido empresarial del país.

El informe de la CEPAL, así como el último conocido hace unos días del Banco Mundial (La pobreza y la prosperidad compartida 2016), demuestra que Colombia es uno de esos países donde los impuestos no sirven para reducir la brecha de la desigualdad. En Argentina, Brasil o Uruguay, después de impuestos, se reduce el índice Gini de desigualdad en 7 puntos. Colombia forma parte del triste vagón de cola, junto a El Salvador o República Dominicana, donde el impuesto de la renta sólo logra reducir esa desigualdad en un 1%. Es decir, la redistribución es nula y por eso, el 1% de la sociedad que acumula el 20,5% de los ingresos no parece muy afectado por la reforma tributaria.

Entonces… ¿a quién perjudica esta reforma?

La plataforma por la Red por la Justicia Tributaria en Colombia asegura que tiene clara la respuesta: “Los platos rotos del manejo irresponsable de la economía durante su gobierno [de Santos], en el cual se dilapidó la bonanza petrolera, se avanzó en la destrucción del aparato productivo y el empleo de calidad, y se colmó de beneficios a las transnacionales, los pagará la ciudadanía más necesitada. El único resultado posible es la profundización de la desigualdad, por cuenta de una estructura tributaria regresiva que aumenta los impuestos indirectos y reduce los directos”.

De hecho, si se comparan las previsiones de la DIAN para 2017 es claro que serán los impuestos al consumo los que soporten la carga fiscal del país. “Las cifras muestran que para el año 2017, el aumento del IVA y los demás impuestos indirectos recaudarían $ 9,1 billones (1% del PIB), mientras el impuesto a la renta caería en $ 1,9 billones (0,2% del PIB). Similar comportamiento se dará para el 2018, cuando se espera que en impuestos indirectos se recaude $ 10,8 billones y en renta se dejen de percibir recursos por $ 1,2 billones”, insisten en Justicia Tributaria.

CuadroIngresosfiscales

Recaudo adicional del Gobierno Nacional Central por tipo de impuesto esperado con reforma 2017 -2022 / Justicia Tributaria

Es decir, ni siquiera la bajada del umbral del impuesto de la renta a las personas que reciben entre 3 y 5 salarios mínimos (a día de hoy 2.485.247 personas) será la principal afectación para la ciudadanía -que lo será- sino el aumento del IVA del 16 al 18%, la inclusión de productos y servicios que antes estaban exentos, o los nuevos impuestos a los derivados del petróleo. Hasta la tasa a las bebidas azucaradas, que pareciera una medida relacionada con la salud, es un golpe duro a las clases menos favorecidas.

El Gobierno, de forma tímida, ha tratado de hablar de una reforma que castiga a los que más tienen, pero hay conejo en casi todas esas propuestas. El más significativo tiene que ver con el impuesto sobre utilidades a socios o accionistas de empresas (esa clase rentista que nombrábamos antes). Efectivamente se introduce un nuevo impuesto pero sólo a aquellos que lo reciban como persona natural. Sólo tiene que hacerlo a nombre de una persona jurídica para no pagar ni un peso de impuestos por esas rentas, mientras las rentas del trabajo son más gravadas.

Nora Lusha, economista del Centro para el Desarrollo Global, analizó la relación entre Inequidad y redistribución fiscal en países de ingresos medios como Colombia. Su conclusión es clara: “La política fiscal incrementa la pobreza en Colombia al tener altas tasas de impuestos al consumo de bienes de primera necesidad”. Esto lo escribió en agosto de 2015. Con el 19% de IVA su diagnóstico igual era más duro aún.