La detención de un guerrillero enfermo tensa la relación con el Gobierno
El comandante de las FARC y jefe negociador de la guerrilla en La Habana, Iván Márquez, estaba indignado anoche con lo que denominó el “Caso Nader”. “Es un saboteo al Acuerdo de Paz el traslado a Bogotá con fines de extradición de Nader guerrillero enfermo capturado por la policía”. Así de contundente era el jefe guerrillero. El comandante Nader es Julio Enrique Lemos Moreno, con cédula de ciudadanía 71.985.826, miembro del Frente 57 de las FARC y que está gravemente enfermo de hepatitis B.
Hoy ha confirmado la denuncia de Márquez la diputada alemana Heike Hänsel, presidenta de la Subcomisión Naciones Unidas, Organizaciones Internacionales y Globalización del Parlamento de su país. “El señor Lemos Moreno, miembro del Frente 57 de las FARC-EP, está enfermo de Hepatitis B y se dirigía desde la ZVTM [Zona Veredal Temporal de Normalización] de Gallo/Depto. de Córdoba a ser atendido en una clínica en la ciudad de Medellín cuando fue detenido por la Policía Nacional de Colombia”, denuncia la parlamentaria europea en una carta dirigida a la Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación a la implementación (CSIVI) del acuerdo de paz. Hänsel exige en esta carta que se verifique la posible violación por parte del Gobierno colombiano del literal h del punto 6.1.9 de los acuerdos que incluye la “suspensión de órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición de los anteriores hasta entrada en vigencia de la ley de amnistía y de la norma constitucional de prohibición de la extradición establecida en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz”. (Ver la Carta completa de Hänsel)
Un compañero de alias Nader ha confirmado a Colombia Plural que “esta situación ha generado un profundo malestar en las bases guerrilleras, que ya están pensando que el gobierno puede atacar las zonas [ZVTN]. Es una provocación dirigida a romper el proceso, la CSIVI debe apersonarse y, en ese marco, los países garantes junto con los mecanismos previstos”, en su mensaje sobre la detención de Julio Enrique Lemos Moreno y la preocupación por su traslado a Bogotá con fines de extradición, este compañero del enfermo pide al Gobierno, “respetuosamente, liberar de manera inmediata a esta persona así como frenar las provocaciones futuras”.
El Caso Nader se suma a las tensiones entre FARC y Gobierno por la lentitud en la implementación de los acuerdos de paz y los problemas en la aplicación de la Ley de Amnistía. De hecho, la Fundación Lazos de Dignidad ha denunciado la captura el miércoles 22 de febrero de otros dos integrantes de las FARC-EP que se trasladaban hacia el Punto Transitorio de Normalización de Pondores (Fonseca, La Guajira). La fundación cree que «debido a incumplimientos del Gobierno, guerrilleros aún se dirigen en pequeños grupos a las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización. La captura desconoce los protocolos».
Este mismo sábado 25 de febrero, medio centenar de miembros de las FARC encarcelados en la cárcel de San isidro, en Popayán (Cauca), han comenzado una huelga de hambre indefinida. Protestan los “presos políticos” por las lamentables condiciones de salud de las personas privadas de libertad y piden a las autoridades que “no dilaten más la excarcelación de los prisioneros políticos y que la ley de amnistía sea una realidad, no le sigamos el juego a los enemigos de la paz”.
En un comunicado hecho público desde Popayán, los miembros de las FARC aseguran que las ZVTN no están construidas ni al 20% y eso confirmaría la tesis tanto de la guerrilla como de la Misión de la ONU de que es imposible cumplir con el calendario previsto para la entrega y dejación de armas.
Mientras, y ante la posición del Gobierno –que ni ve tantos problemas ni considera necesario un nuevo cronograma-, Contagio Radio asegura que “decenas de personas y organizaciones sociales se han movilizado hacia algunas de las Zonas Veredales con alimentos, ropa y medicamentos que han recogido en el marco de la campaña ‘Venga esa mano por la paz’”. Contagio difunde el testimonio de la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, quien asegura que “aunque las personas no pueden solventar las obligaciones que tiene el Estado, si es necesario que las muestras de solidaridad o de paz se hagan manifiestas ante una situación como la que se vive actualmente, y en que la paz todavía es una paz frágil”.
El Gobierno, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el caso del guerrillero Julio Enrique Lemos Moreno, a quien las autoridades atribuían el control de las finanzas del Frente 57 y al que dijeron haber dado de baja en un bombardeo en 2012 en Bahía Solano.
