Los desplazados no son prioritarios

Las personas desplazadas tienen rostro, historias, anhelos, resistencias… es difícil contar todas esas historias porque suman, según el Informe Global del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), 7,2 millones de relatos que sobreviven agazapados en las goteras de los 282 municipios. 7,2 millones de historias que corresponden al 14,9% del total de la población del país; otros 340.000 colombianos viven refugiados en el extranjero.

La mayoría de medios ha destacado el poco honroso primer puesto de Colombia como país con más desplazados internos del mundo en 2016, por encima de Siria (6,3 millones), Sudán (3.3 millones ), Irak (3,0 millones ) o República Democrática del Congo (2.2 millones). Pero el informe de la IDMC, presentado en Colombia por el Consejo Noruego para los Refugiados, hace una radiografía un poco más precisa de la cifra. (Lea y descargue el informe sobre Colombia aquí)

Se sabe que indígenas y afro son los grupos más afectados proporcionalmente por el desplazamiento forzado. El 6,7% del total de desplazados es indígena y el 14,5% es afro, muy por encima de su peso real en la demografía colombiana. Quizá se deba a que el 74% de todos los desplazamientos masivos (de 50 personas o más al tiempo) se ha cebado sobre estos pueblos étnicos. De hecho, según Codhes, la mayoría de los desplazamientos masivos y forzados registrados en 2015, hasta donde tiene datos, se produjeron en la región del Pacífico (85%), con especial incidencia en el Chocó, zona de pueblos étnicos. Este año 2017, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), denunció que sólo en los dos primeros meses del año había registrado 5.479 personas en situación de desplazamiento forzado y el 85.7% (4.931) de los casos se dio en los cuatro departamentos de la Costa Pacífica.

“El número más importante de personas desplazadas sigue saliendo de zonas rurales donde hay conflicto armado y van a otras ciudades y municipios para cuidarse la vida. En 2015 nosotros reportamos 220 mil desplazados y en 2016 un total de 170 mil, que es una disminución demasiado pequeña”, explicaba Christian Visnes, director regional del Consejo Noruego para Refugiados en América Latina, a la emisora RCN. Y esos desplazados se suman al acumulado histórico que al huir no ha encontrado un modo de vivir con una economía digna fuera de sus territorios.

El 80% de los desplazados y desplazadas vive por debajo de la pobreza, condenados a vivir en cascos urbanos donde sus destrezas -mayoritariamente rurales- no son de mucha utilidad. De hecho, de esa gran cantidad de víctimas empobrecidas económicamente, hay un 35% que viven en la extrema pobreza.

El informe destaca como un hecho positivo que en 2011 se aprobara la Ley 1448, la conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras pero el optimismo se esfuma al comprobar que no está funcionando. Los investigadores internacionales señalan que si, hasta diciembre de 2015 se había compensado a 500.000 víctimas del conflicto, esto no llega a ser ni el 10% del total de personas que, según la ley, tenían derecho a reparaciones a esa fecha. Según el estudio de IDMC, las “capacidades municipales [para atender a los desplazados] son insuficientes y el gobierno central no transfiere los fondos necesarios, entre otras razones porque el sistema se basa en censos desactualizados”. A la falta de “acción regular y coordinada” de las diferentes instituciones del Estado se suma un cierto desinterés general por este tipo de víctimas -“las mayoritarias del conflicto en Colombia”-. “Los donantes”, explica el informe, “están destinando sus fondos priorizando aspectos diferentes del acuerdo de paz, como la reducción del riesgo de desastres naturales o la Justicia Transicional”.

Tampoco cree el IDMC que la restitución de tierras esté funcionando y asegura que las autoridades municipales no colaboran ante “la situación de inseguridad y el estatus de ilegalidad en el que viven muchos de los desplazados”. Justo en estos días, algunas organizaciones sociales están pidiendo una reforma de la Ley 1448, para adaptarla a lo contemplado en los acuerdos de paz de La Habana.