Los desplazados del ‘desarrollo’ se plantan en el río Cauca
El calor podría ser insoportable al pie del río Cauca a su paso por Antioquia si para los campesinos y barequeros residentes de estas riberas no estuviera su vida ahí. Por eso, desde el campamento de resistencia instalado el jueves 8 de febrero, tras los desalojos del martes 31 de enero en la playa La Arenera Los Mangos del municipio de Toledo, aseguran que ahí seguirán hasta que el alcalde se siente a dialogar con ellos.
Y seguirán a pesar de que ese alcalde de Toledo, Jhonny Alberto Marín Muñetón, “está desaparecido, se ha ido del municipio con tal de no dar la cara». Seguirán a pesar de las graves circunstancias de inseguridad que amenazan a los resistentes contra la megarrepresa de Hidroituango, que construye Empresas Públicas de Medellín (EPM), y contra el Movimiento Ríos Vivos, que los apoya. La Asociación de Campesinos de Toledo Norte de Antioquia y Ríos Vivos denunciaban el sábado en la mañana que el viernes 10 de febrero, sobre las 7:30 p.m., un grupo armado incursionó en Altos de Chiri, en el vecino municipio de Briceño, y “con lista en mano buscaron un integrante del Movimiento Marcha Patriótica, un integrante del Movimiento Ríos Vivos, y un miembro de la Junta de Acción Comunal, resultando herido el campesino a quien preguntaron por las tres personas”.
“La situación de seguridad es tenaz pero estamos decididos a seguir en el campamento”, informaba a Colombia Plural un activista entre los resistentes. En un comunicado, la resistencia a las represas informaba que “integrantes de las diferentes subregiones afectadas por Hidroituango estamos llegando a las riberas del río Cauca en jurisdicción del municipio de Toledo Antioquia, buscando que el río y el Cañón del Cauca inspire diferentes acciones de protesta que como Movimiento realizaremos buscando llamar la atención de los diferentes entes del Estado, especialmente la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) y la administración municipal de Toledo, sobre la crisis que para las familias afectadas y víctimas por este megaproyecto está generando la estrategia reiterativa de usar la violencia para abordar un conflicto social, cultural, económico y ambiental por medio de los desalojos forzosos que se constituyen en desplazamientos por el desarrollo”.
Las familias que habitan el cañón del Cauca (donde también se planea la represa de Hidroespiritusanto, entre otros) creen que se están vulnerando “el derecho a la contradicción, al debido proceso, al buen nombre, al ambiente sano, a la libre elección del trabajo, a la cultura, a la vivienda, a la alimentación” en razón del megaproyecto Hidroituango “y de la asimetría de poder que representa EPM para las comunidades afectadas, las administraciones municipales, los concejos e incluso para la rama judicial”. “Ninguna autoridad actúa bajo su obligación de protección y garantía de derechos”, concluyen los manifestantes, quienes se consideran revictimizados y se pregunta si la paz se construye con “esta violencia”.
Isabel Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos, ha enviado un mensaje desde la zona exigiendo la presencia del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo ya que tras la incursión en Briceño “no hay garantías para los líderes y lideresas defensores de derechos humanos ni para las comunidades organizadas. “Hay mujeres embarazadas, los niños están con mucho miedo y hay gente que se ha escondido en el monte”.
