El arzobispo de Cali llama a los grupos paramilitares a dar “señales de paz”
El panorama, según lo dibuja Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali y destacado agente promotor de la paz en le país, es poco alentador: “Surgimiento de disidencias y recrudecimiento de la guerra subversiva y contrainsurgente, asesinatos de líderes sociales, aumento de homicidios y crímenes en las ciudades, vulneración de los procesos de implementación del Acuerdo de La Habana y del cese temporal acordado en Quito, y un frustrado marco normativo para el sometimiento o acogimiento colectivo de organizaciones armadas que se identifican como BACRIMs o Autodefensas…”. La paz, la esperanza de paz vive momentos críticos poco después de que se haya cumplido un año de la firma del Acuerdo Definitivo de Paz entre el Gobierno y las FARC en 2016 y a unos días de que finalice el cese al fuego bilateral, nacional y temporal entre el Estado y la guerrilla del ELN.
Por eso, Darío Monsalve aprovecha la Navidad para lanzar un mensaje contundente para que “nazca una paz completa”. El arzobispo está preocupado porque ese cúmulo de situaciones de violencia y crisis política conviertan “el contexto de crisis coyunturales de transición, en un pretexto para soluciones de fuerza y desaliento en el camino, ya emprendido, de diálogo social y alternativas democráticas al antagonismo armado y violento”.
Para Monsalve ahora es clave que los grupos armados ilegales identificados como Bacrim o paramilitares den señales de que quieren alcanzar algún tipo de acuerdo para su desmovilización en un marco de justicia. Para que eso ocurre, pide “hechos, gestos y decisiones” que muestren su “deslinde del narcotráfico y [su voluntad de] aportación de la verdad que garantice el perdón y un futuro distinto”.
El llamado de Darío Monsalve llega cuando la implementación legal de los acuerdos de La Habana ha sufrido varios reveses en el Congreso que pueden complicar los ejes básicos del proceso: la Jurisdicción Especial de Paz (PAZ) y todo lo que ella debería aportar a las víctimas; el nuevo marco para la política o las circunscripciones especiales de paz, que deberían permitir la representación de los territorios más golpeados por la guerra.
También llega cuando se incrementa la lucha territorial de los grupos armados en diversas zonas del país y, en especial, el Pacífico o el Cauca, las áreas de mayor actividad del arzobispado de Cali en su trabajo para impulsar los procesos de construcción de paz. La Fiscalía General ha cifrado en unos 700 hombres los que enrolan los grupos de las llamadas disidencias de las FARC que actúan en unos 48 municipios donde operan en 16 grupos ilegales. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) habla de una superposición de grupos heredados del conflicto armado con nuevas organizaciones provenientes del crimen organizado. Sólo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), según la Fundación, “tienen 1.900 integrantes, pero podrían ser cerca de 3.500 si se tiene en cuenta a los que subcontratan y a los que usan su marca para asesinatos, microtráfico, cobro a expendios de droga y labores de inteligencia”.
A los Grupos Armados Organizados (GAO) –denominación oficial de las antes conocidas como Bacrim- “se suman grupos delincuenciales organizados o GDO y ‘saboteadores armados”, explica la FIP que cree que son “ propios de contextos cambiantes como el de Colombia, donde el desmonte de los grupos armados no es total. Ejemplos de estos últimos son disidencias, desertores y milicias de las FARC, Los Rastrojos, redes de intermediarios del narcotráfico, entre otros. Son grupos de menor envergadura, con alcance territorial limitado, pero con capacidad para enfrentar o resistir la acción del Estado y, sobre todo, de afectar la seguridad de las personas”.
Eso es lo que ocurrió el pasado lunes 27 de noviembre en municipio de Magüí Payán (Nariño), donde, tal y como ha informado hoy la Defensoría del Pueblo después de vatios días de informaciones cruzadas, murieron unas 13 personas en un choque entre un grupo autodenominado “Resistencia campesina” y guerrilleros del ELN. De los 13 muertos verificados por la Defensoría, al menos tres serían civiles, entre ellos una persona con discapacidad mental, una mujer embarazada y Édinson Ortiz Bolaños, quien era el Representante legal del Consejo Comunitario Manos Amigas.
Las afectaciones humanitarias de esta lucha territorial sin un control efectivo del Estado se suman a la decepción de las comunidades que apostaron por el proceso de paz y que ven como la implementación presenta muchos problemas. Tantos que, tal y como ha confirmado la Misión de la ONU, un alto porcentaje (55%) de los ex guerrilleros de las FARC han abandonado los espacios de reincorporación.
