ZIDRES: a la sombra de la palma africana

Mientras el capítulo uno del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC –el que debía impulsar una “Reforma Rural Integral” (RRI)- está congelado, camina a velocidad de crucero el proyecto de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), creadas por la Ley 1776 de 2016 y ahora reimpulsado por el documento Conpes 3917, aprobado por el  Consejo Nacional de Política Económica y Social este 7 de febrero. Las ZIDRES, criticadas de amplios sectores sociales y por las organizaciones étnico territoriales, es una fuerte apuesta de este gobierno y de los lobbies de la agroindustria.

La teoría es la siguiente: las ZIDRES deben desarrollarse en zonas aisladas, sin infraestructuras, de alta pobreza y donde el desarrollo agrícola endógeno no es posible. La realidad es que, a pesar de las restricciones impuestas por la Corte Constitucional, el Conpes 3917 atenta directamente contra los territorios y sus habitantes. Y algo más… de las 7.2 millones de hectáreas que, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), están en estas malas condiciones y son susceptibles de desarrollar ZIDRES, el 75.5% (5.5 millones de hectáreas) corresponden de forma milimétrica con las áreas aptas para el cultivo de palma africana. El Gobierno insiste demasiado en que esas 7.2 millones de hectáreas suman poco más del 6% del territorio nacional, pero su inclusión como ZIDRES supondría doblar el territorio sembrado del país. No es poca cosa.

La industria palmera tiene ya sembradas en Colombia 500.000 hectáreas -cerca ya de las 600 mil que soñó Álvaro Uribe- y no deja de crecer sus producción. En 2017 produjo 1’623.000 toneladas, 42% más que en 2016, lo que sitúa al país como el primer exportador de aceite de palma africana de América Latina y el cuarto del mundo. Ahora mismo, dos terceras partes de las importaciones van a Europa, pero la industria palmera se está reconvirtiendo porque la Unión Europea va a prohibir el biocumbustible derivado de la palma a partir de 2021. Fedepalma, en Colombia, sigue con el discurso que la “sensibilidad europea por la falta de sostenibilidad ambiental del producto” en realidad se refiere al mercado asiático y que oculta “una guerra comercial soterrada amparada en la sostenibilidad”. Ese es el argumento que repite una y otra vez en los medios de comunicación económicos o que publican bajo patrocinio (como Semana sostenible), Jens Mesa Dishington, presidente del gremio, quien cree que la ventaja de Colombia es que tiene espacio suficiente para sembrar dentro de su frontera agrícola sin deforestar (la frontera es de 43 millones de hectáreas y solo hay 7 millones sembradas, explica en Dinero).

Las ZIDRES son la punta de lanza para la ampliación de esa frontera agrícola.

Los ‘olvidos’ del Conpes

La organización Human Rights Everywhere (HREV), a través de su nodo GEO ha mapeado los territorios aptos para el cultivo de palma africana, según la UPAR y Fedepalma, y los territorios donde se podrían autorizar ZIDRES, según el estudio de la UPAR en el que se basa el documento Conpes, y hay una ‘sorprendente’ coincidencia. (ver el estudio de HREV sobre la relación entre palma aceitera y violación de DDHH)

Quizá de ahí se desprendan los graves ‘olvidos’ del documento Conpes, en el que no se tienen en cuenta ninguna de las prohibiciones explícitas señaladas por la Corte Constitucional. Tal y como analizaba la abogada Jhenifer Mojica en La Silla Vacía, el Conpes burla “la restricción normativa de proyectar ZIDRES en territorios étnicos por la falta de información precisa sobre los territorios que están en proceso de constitución o reconocimiento, y de los territorios ancestrales cuyas demandas históricas ni siquiera han iniciado a atenderse”. Tampoco tiene en cuenta a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en fase de constitución: un proceso eternizado por las autoridades que supondría la conformación como ZRC de 953.842 hectáreas.

El Conpes, denuncia la abogada, tiene graves ‘olvidos’ ambientales ya que tampoco excluye de las ZIDRES al Área de Manejo Ambiental de la Macarena (AMEM), a los Distritos de Manejo Integrado (DMI), a los Distritos de Conservación de Suelos, a los importantes humedales que no tienen la calificación RAMSAR, a las cuencas hidrográficas, a las zonas de recarga de acuíferos -tienen la misma categoría de protección que los páramos-, ni a los más de 300 biomas de conservación identificados por la propia Corte Constitucional.

Uno de los columnistas defensores de las ZIDRES, pero con muchos matices y prevenciones, ha sido Indalecio Dangond, pero hasta él ha alertado de los peligros para el Vichada o el Meta, o para los municipios de Riosucio, en Chocó, o Tibú, en el Catatumbo, donde “están haciendo cola los empresarios y productores” a la espera de que se autoricen ZIDRES, que incluyen importantes estímulos financieros y fiscales por parte del Estado. Dangod denunciaba hace unas semanas que, incluso, “hay graves rumores de que el Ministerio de Agricultura quiere presentar ante el Consejo de Ministros la aprobación de la primera ZIDRE en una zona rural de la altillanura donde el pavimento y la energía llegan hasta los potreros de las fincas de los futuros beneficiados”.

El equipo de investigación de Carro de Combate, en un especial sobre la palma africana en Latinoamérica, detalla que las ZIDRES serán una vía de expansión de la palma –“y, en general, del agronegocio orientado a la exportación”-. Los investigadores explican que “la palma emplea un trabajador por cada 8 hectáreas, según la USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos, cuando casi cualquier otro cultivo requiere más trabajadores. La palma aceitera, como otros monocultivos, implica la inserción de esos territorios y de esos campesinos en la lógica de la globalización y sus cadenas de valor: los pequeños productores son subordinados a conglomerados agroindustriales que controlan la cadena de las materias primas. Aunque no pierdan la propiedad de la tierra, ya no pueden decidir qué quieren plantar ni a qué precio lo venden”.

El diario El Colombiano, nada sospechoso de estar en contra de la agroindustria, señalaba en un editorial en 2016 que por los requisitos incluidos en la ley, “es claro que con las Zidres se quiere impulsar el desarrollo de los agronegocios (…) En este sentido, el articulado contradice el discurso gubernamental que señala que la nueva Ley ‘pone a los pequeños y medianos campesinos en el centro del desarrollo agropecuario’. El Gobierno deberá destapar las cartas y mostrar si las Zidres realmente representan un instrumento fundamentalmente dirigido a promover el desarrollo agroempresarial del campo (que es como lo entienden, por ejemplo, la SAC y Oxfam) o, como lo sostiene el discurso oficial (pero que no es avalado por el texto de la Ley), es un mecanismo de desarrollo rural empresarial basado en los pequeños productores”.

El documento Conpes que desarrolla la Ley profundiza más las contradicciones y supone una apuesta por la entrega de millones de hectáreas a los empresarios por vía expres, mientras la Reforma Rural Integral o el proceso de restitución de los millones de hectáreas de las que fueron despojados campesinos y campesinas desplazados de manera forzada en el conflicto caminan a un ritmo que las hacen inviables.