El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán arremete contra Leyner Palacios

El  mundo al revés. El líder social amenazado en el Chocó Leyner Palacios es ahora requerido por el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán con un derecho de petición en el que le exige lo que sería exigible al Estado.

Desde el 31 de diciembre, cuando fuerzas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) hicieron una entrada masiva en el río Bojayá, se han sucedido las informaciones sobre la zona con dos versiones: la de la comunidad habla de cientos de hombres, de amenazas y de confinamiento. Las de las Fuerzas Militares, que dicen no constatar esa presencia y que insinúan que la población exagera.

El día 3 de enero, el líder de Bojayá y secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), Leyner Palacios, al igual que otros voceros de la zona, recibió fuertes amenazas. En su caso, le daban 2 horas para abandonar el Chocó, cosa que se ha negado a hacer. Palacios ha prestado su voz –referente nacional e internacional- en diferentes entrevistas con medios de comunicación para hacer llegar las denuncias de las comunidades, entre ellas, la suya, Pogue. Y al coronel Darío Fernando Cardona Castrillón, responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, no le ha gustado.

Tanto, que hoy conocemos que el pasado 7 de enero radicó un derecho de petición, amparado en la Constitución pero haciendo un uso torticero de su artículo 23 que claramente indica: “Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. Es decir, la población le podría hacer una derecho de petición al coronel; no al revés.

En el escrito del coronel Cardona, el alto mando militar se queja de una entrevista concedida por Leyner Palacios el día 6 de enero a Noticia UNO en la que el líder afro se preguntaba cómo la comunidad había visto a cientos de hombres de las AGC y el Ejército, no.

Por ello, el coronel inquiere a Palacios que, en caso de estar afirmando que hay connivencia entre las Fuerzas Militares y “grupos armados al margen de la ley”, facilite “nombre o apellidos de los miembros de la fuerza pública, el lugar y la fecha en la que se cometieron tales ilícitos, a fin de iniciar las respectivas investigaciones”.

También le pide que indique los corregimientos en los que hay confinamiento –parece que el coronel aún no es consciente de esto-; “qué tipo de personas” son las que han entrado a la zona –el coronel dice que el periodista los denomina paramilitares pero le exige a Leyner Palacios que los califique-; que liste el nombre de las organizaciones que durante 2019 hayan denunciado la presencia de “grupos armados organizados y ante qué entidades de control”; que dé explicaciones de por qué tienen información sobre lo acontecido en consejos de seguridad, y que le indique qué acuerdos de esos consejos de seguridad no se han cumplido.

En una nota de prensa hecha pública esta tarde, la CIVP «considera que el coronel Cardona está abusando de su posición de poder y hace presión sicológica y legal a Leyner Palacios, quien ya está sometido a una alta tensión tras las amenazas de muerte que recibió el pasado 3 de enero por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)».