Quizá lo que mal empieza, regular termina. El Comité de Expertos ad hoc para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales entre 2019 y 2021 se estableció tarde y sólo tuvo cuatro meses para trabajar. Sin embargo, ha redactado un informe que supera las 1.000 páginas y que hizo público unas horas antes de la toma de posesión del nuevo presidente de la República que y cuatro días antes del terremoto que ha terminado de agitar al país que no tiene derecho a descansar.
El informe, del que no se ha producido casi ninguna reseña pública, es contundente en sus conclusiones: constata que, “durante el estallido social, el uso excesivo de la fuerza [por parte de la fuerza pública] adquirió un carácter sistemático (…): los hechos documentados no fueron fortuitos, fueron habituales, no ocurrieron en un solo lugar sino que se extendieron por una parte importante del territorio nacional, presentaron modalidades semejantes de actuación y, en numerosos casos, respondieron a actuaciones deliberadas de agentes estatales. (…)”.
Para llegar a esta conclusión el Comité de Expertos y Expertas navega por las contradictorias bases de datos oficiales, evalúa el inmenso subregistro en estas, analiza los informes de oneges y entidades de vigilancia de los derechos humanos y utiliza los testimonios de 344 personas que participaron en las audiencias de escucha con las víctimas sociales de esta represión sistemática.
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Las personas que forman y firman el Comité ad hoc reconocen que este no es el informe que se merece la sociedad colombiana: “(…) debemos ser claros: no corresponde a la exigencia de las víctimas, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de contar con una comisión de la verdad, sino a un esfuerzo mucho más modesto, al que generosamente accedieron esas personas y organizaciones, para avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre los patrones de violación de derechos humanos en contextos de protesta”.
El morral con el que nació
Si en mayo de 2024 el entonces presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la creación de una “comisión de la verdad alrededor de los hechos que se sucedieron en el llamado estallido social en Cali”, no fue hasta el 12 de noviembre de 2025, y tras muchas presiones de las organizaciones de víctimas, que se aprobó el decreto el Decreto 1190 que creaba este Comité de Expertos ad hoc, tan alejado de una Comisión de la Verdad, y al que daba de plazo sólo hasta el 31 de julio de 2026. Una vez integrado el Comité de Esclarecimiento ad hoc, el 26 de diciembre de 2025, las tres personas integrantes iniciaron su trabajo, “sin contar para entonces con recurso alguno”. El Comité no entró en funcionamiento pleno sino hasta el 15 de marzo de 2026 y en medio de una precariedad de recursos y de una incertidumbre que rozaba la violación de unos cuantos derechos laborales y adelantaba las posibles frustraciones de quien tanto habían reclamado la verdad.
Si la Comisión de la Verdad que surgió del acuerdo de desarme de las FARC costó 392.804 millones de pesos (unos 85 millones de dólares, 7,2 veces más que lo gastado en Perú, 7,7 veces más que en Guatemala y 4,7 veces más que en Sudáfrica) y operó entre 2017 y 2023, el Comité de Esclarecimiento ad hoc parece un hermano menor demasiado pequeño. A pesar de ello, si la Comisión de la Verdad presidida por el religioso Francisco de Roux produjo un apabullante informe que, sin contar los anexos ni los estudios de caso, sumaba 9.024 páginas, más otras 56 páginas de propuestas para lo que los comisionados denominaban como la “Paz Grande”, el Comité de Esclarecimiento ha hecho público un documento de 1.002 páginas. La gran diferencia —y es una inmensa diferencia— es que mientras los primeros concluyeron que la responsabilidad sobre el conflicto armado era compartida por casi toda la sociedad Colombia, el Comité de Esclarecimiento deja claras las responsabilidades de la Fuerza Pública y traza patrones de comportamiento que van más allá de los habituales “casos aislados” a los que atribuye el Estado colombiano los excesos policiales y militares.
El Comité señala las ausencias y explica que “debido a las limitaciones de tiempo, no fue posible analizar varios temas con la profundidad que su gravedad amerita. Entre ellos se encuentran las violaciones del derecho a la libertad de expresión de periodistas, el papel de la prensa y otros sectores sociales en la estigmatización de quienes expresaron su inconformidad social, las prácticas contra las manifestaciones artísticas en espacios públicos, la intervención de particulares junto a la Policía Nacional en el control violento de las protestas sociales y las violaciones del derecho a la salud derivadas de los obstáculos a la labor médica y humanitaria”.
Los patrones
Los expertos y expertas —y el equipo de técnicos que le ha acompañado en este breve estudio del horror— saben que los datos disponibles son pocos, están fragmentados e imposibilitan el mapeo completo de los sucedido entre el Paro Nacional de noviembre de 2019 y el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021. Pero sí consideran que hay información suficiente para establecer los patrones de una represión que, como documentan en un amplísimo primer capítulo sobre “Violaciones de los Derechos Humanos y doctrina estatal antes del Estallido Social”, viene de lejos.
El uso ilícito de la fuerza letal presuntamente ejercida por agentes de la Fuerza Pública, las lesiones oculares asociadas al uso de armas denominadas “menos letales”, las violencias basadas en género (VBG), las agresiones contra defensoras de derechos humanos en terreno, la práctica de la desaparición forzada y las detenciones arbitrarias ocurrieron en diferentes ciudades del país y de forma sistemática. “La cantidad de casos, su gravedad, su distribución territorial y su reiteración le permiten al Comité descartar que se trata de episodios fortuitos o inconexos, pues evidencian, por el contrario, modalidades de violencia reproducidas en distintos lugares del país durante el desarrollo de las protestas”, escribe el Comité.
Estas violencias institucionales se dirigieron, fundamentalmente, contra “los jóvenes de los sectores populares”, evidenciando una “criminalización de la pobreza” que articula clase y edad como factores de riesgo. Quizá por eso, este informe tampoco será primera plana: afecta a las capas más invisibilizadas de la sociedad colombiana.
De hecho, del estudio de los diversos informes revisados el Comité infiere que existen “patrones sistemáticos de violencia estatal que ponen de manifiesto una lógica de control social sustentada en la coerción, que no opera de manera neutral, sino que reproduce y profundiza desigualdades estructurales asociadas a factores como la clase, la raza y el género”. En este sentido, se identifican cuatro grandes grupos poblacionales en los cuales se concentró la violencia: las juventudes, los pueblos étnicos, las personas racializadas y las personas defensoras de los derechos humanos.
Los datos
El informe del Comité no es especialmente fuerte en la consecución de datos, sino en señalar los dispositivos que explican la violencia policial. En todo caso, logró sumar información confiable sobre 174 asesinatos en el marco de protestas, así como 129 lesiones oculares y heridas en órganos vitales que suponen “tentativas de asesinato” entre 21 de noviembre de 2019 y 2021.
Los datos revelan que “el 81,0% del total de casos de violación de los derechos humanos en la lógica de letalidad acaecieron en seis ciudades (Bogotá con un 40,9%: 44 asesinatos, 96 tentativas de asesinato; Cali con un 25,7%: 76 asesinatos, 12 tentativas de asesinato; Medellín con un 3,5%: un asesinato, 11 tentativas de asesinato; Popayán con un 4,4%: dos asesinatos, 13 tentativas de asesinato; Soacha con un 4,4%: 15 asesinatos; y Pasto con un 2,0%: 7 tentativas de asesinato)”.
En cuanto a la autoría, 124 de 174 asesinatos (71.3 %) se atribuyen a agentes estatales, 22 a civiles y 28 sin determinar.
El Comité también avanza en la caracterización de las víctimas mortales y asegura que el 95,4% de las víctimas de la violencia letal fueron hombres y el 4,6% mujeres; el 50,6% de las personas victimizadas cuya edad se reporta son menores de 28 años, entre quienes se destaca el rango etario de 18 a 28 años con un 43,7% (76 personas). De los datos referidos a la identidad étnica, se encuentra que 15 personas eran afrocolombianas y cinco eran indígenas. De las personas asesinadas para quienes se reporta el sector social, 14,4% eran personas privadas de la libertad (25); las restantes, es decir, 8% (14), eran habitantes rurales, entre otros. Al indagar por la ocupación de las personas asesinadas se encontró que, de quienes reportan esta información, el 16,1% estudiaban (28), el 6,9% trabajaban de forma independiente (12), el 7,5% era tenían algún tipo de empleo formalizado (13), mientras que el 1,7% eran artistas (3), domiciliarios (3), jubilado (1) o madre comunitaria (1). Solo uno reportaba ser desempleado.
En todo caso, el informe se refiere de forma constante a un subregistro que responde a factores como “las barreras institucionales a la denuncia, el miedo a represalias, la revictimización, la estigmatización asociada a la participación en la protesta social y las limitaciones de los sistemas oficiales de información para identificar clasificar adecuadamente hechos ocurridos en contextos de movilización social”.
También apunta un elemento importante, especialmente durante el estallido de 2021. Y es que los denominados policialmente como Traslados de Protección actuaban como mecanismos para la privación arbitraria de la libertad, “en tanto las personas fueron recluidas en al menos 56 espacios en condiciones inadecuadas para protegerlas o para llevar a cabo procesos verbales abreviados, pero aptas, eso sí, para producir sufrimientos físicos y psicológicos a las personas detenidas. Estos espacios estaban distribuidos en Bucaramanga, Medellín, Bello, Pasto, Itagüí, Cali, Piedecuesta, Popayán, Manizales y Bogotá”.
La estructura
El informe hace un especial esfuerzo por determinar las estructuras que soportan toda esta violencia institucional y quizá es ahí donde está más cerca de los empeños habituales de las víctimas de crímenes de Estado en el país. Consideran que hay una “configuración del sujeto a reprimir” determinada desde los centros policiales y militares —aún muy permeados por la doctrina del “enemigo interior”—, se busca una “restricción, regulación y control del derecho a la protesta” mediante la violencia letal, hay una configuración de la fuerza pública para la maniobra conjunta con la asistencia militar, se detecta un “aprendizaje de la técnica de las violaciones de los derechos humanos”, se producen “alianzas con civiles” —incluidos paramilitares— y todo ello ocurre en medio de una “estrategia de bloqueo de la información independiente”.
Además, el “Ejecutivo minimiza la agresión y la presenta como ‘casos aislados’”, “el Legislativo evita esclarecer los niveles y los impactos” y el sistema judicial perpetúa una “impunidad generalizada como componente funcional del sistema represivo”.
Por si todo esto fuera poco, los comisionados describen cómo se construye “el relato de la culpabilidad de la víctima” y como se generalizan la “estigmatización y [las] amenazas contra sobrevivientes y familiares que denuncian” en una sociedad que es permanentemente incentivada “a la desmemoria”.
Lo que no cambia
Hay una parte final de informe que hace algo de prospección en el periodo 2022-2025 para estudiar el número de violaciones de los derechos humanos registradas en contextos de protesta y, aunque constatan que “disminuyó de manera importante frente a los niveles documentados durante el estallido social, en paralelo a una reducción del número de movilizaciones”. Esta realidad, “refleja cambios en la magnitud del fenómeno; no obstante, no equivale a su desaparición, pues persisten algunos patrones de uso desproporcionado de la fuerza, estigmatización y judicialización que continúan comprometiendo las obligaciones estatales de respeto y garantía frente al derecho a la protesta social”.
En todo caso, la más clara conclusión del Comité ad hoc es que “existen motivos suficientes para concluir que durante las protestas sociales realizadas entre 2019 y 2021 (…) agentes del Estado cometieron y permitieron la comisión de graves violaciones de derechos humanos con carácter de generalidad y de sistematicidad, en el sentido del derecho internacional de los derechos humanos”. Nada nuevo, respecto al contexto analizado por este equipo entre 1970 y 2019, periodo en el que se registraron —¡recuerden el tema del subregistro— 18.528 violaciones de derechos humanos en el marco de la protesta social.
¿Quién leerá este informe y quién atenderá las 28 recomendaciones que el Comité hace a diferentes instancias estatales?
