La muerte de Javier Giraldo Moreno no es un dato más en la abrumadora realidad informativa de Colombia. El jesuita, investigador y referente en la defensa de los derechos humanos en las últimas cinco décadas, deja un vacío difícil de colmar en una sociedad donde su solidez moral era un elemento aglutinador en las luchas por los derechos sociales. Ahora, cuando regresan los discursos guerreristas de la mano del nuevo Gobierno y cuando se multiplican las amenazas contra las y los defensores de derechos humanos, su voz, su energía y su compromiso se echarán de menos, pero deberán ser un ejemplo.
Javier Giraldo —con estudios en sociología, literatura, filosofía y teología, licenciado en filosofía y magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en análisis Regional y Equipamiento del Espacio de la Universidad de París— tenía fuertes influencias del pensamiento de Camilo Torres Restrepo, a quien escuchó en 1965 en Medellín y cuyo pensamiento fue definitivo para él, como confesó muchas veces el jesuita. De hecho, fue Giraldo quien puso en marcha en 2019 la maquinaria del Estado para localizar el cuerpo de Torres y quien recibió sus restos —tras 60 años desaparecidos— en febrero de 2026. De hecho, el último artículo publicado en su blog, Desde los márgenes, trataba sobre ese “encuentro necesario” y el reencuentro con el “amor eficaz”, ese concepto difundido por Camilo Torres.
El padre Giraldo sufrió una caída en la noche del lunes 17 de agosto y la gravedad del golpe obligó a trasladarlo de urgencia al Hospital San Ignacio de Bogotá, la ciudad donde comenzó su trabajo junto a los más desfavorecidos en la juventud.
La coherente historia de defensa de los derechos humanos de Giraldo es vasta pero destaca su labor como coordinador del Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), su papel como cofundador en 1988 de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, o su acompañamiento a la comunidad de San José de Apartadó. Fue secretario por América Latina del Tribunal Permanente de los Pueblos durante la sesión sobre Impunidad y Crímenes contra la Humanidad en América Latina (1989-1991) y ha recibido múltiples reconocimientos.
En 2024, a dos años de gobierno del Pacto Histórico en Colombia, Giraldo era entrevistado por la revista Sur y explicaba que «mientras las propuestas de ‘Paz Total’ revelan sus máximas complejidades y el gobierno es cada vez más consciente de que no es lo mismo acceder al gobierno que acceder al poder» y denunciaba que «el exterminio del liderazgo social de base sigue su ritmo implacable”. «No hay duda que el incentivo fundamental de ese genocidio continuado de los sectores de base es la impunidad. Se van multiplicando las voces que reclaman una reforma urgente de la justicia, entre ellas la del mismo presidente Petro, pero a medida que los expertos se introducen en el laberinto de lo judicial van apareciendo las garras de un monstruo arraigado en dinámicas intransigentes de variadas formas de corrupción». De hecho, en ese mismo 2024, Javier Giraldo acuñó un término que explica bien la realidad del país al hablar de una «plataforma socio estatal de exterminio impune» que busca exterminar el movimiento social.. Y lo explicaba en la revista Raya: «Hemos llegado a la conclusión de que todos estos crímenes son perpetrados contra líderes de base que defienden derechos humanos, como las guardias indígenas y campesinas, los líderes de la Junta de Acción Comunal, las víctimas y los reclamantes de tierras. Esto constituye una política generalizada que, aunque no está escrita, se refleja en la práctica por ser sistemática».
Exiliado en diversos periodos en Estados Unidos y Holanda (la primera vez en 1989), sus denuncias de los vínculos entre agentes del Estado y el paramilitarismo le han supuesto muchas amenazas y denuncias. Así, las amenazas contra Giraldo fueron habituales en un país en el que, según la Defensoría del Pueblo, hay alertas tempranas por amenazas contra los derechos humanos en un 36% de los municipios del país y en el que, en la última década ha sido asesinados 1.743 personas líderes y defensoras de derechos humanos. De hecho, es recordado el ataque del ex presidente Álvaro Uribe que lo acusó de “colaborador de la guerrilla” o el ataque de la muy uribista María Fernanda Cabal, quien lo denominó como “jesuita marxista” que hacía “rituales de santería” y que señalaba a líderes afro como colaboradores de los paramilitares para que fueran asesinados.
