El capitalismo apostó hace tiempo por la agricultura intensiva bajo el criterio de la eficiencia y la alta productividad. Es decir: conseguir la mayor cantidad de productos en el menor espacio posible. Para ello es necesario un altísimo consumo de energía, de agua, de productos fitosanitarios y de semillas. El maná agrícola supone el desplazamiento de comunidades y un ataque frontal a los ecosistemas terrestres que ve cómo de alteran “los patrones de naturales de la biodiversidad” por “los cambios de clima, rotaciones intensivas de cultivo y [el uso] de agroquímicos”. “La actividad agrícola intensiva viene induciendo además, al mayor uso de agroquímicos, a la mayor parcelación, al igual que más tala bosques primarios para obtener nuevas áreas de cultivos o para actividades pastoriles provocando la degradación del suelo y la expansión de nuevas tierras y pérdida de hábitats agrícolas tradicionales”, explican Smith Ervin Reyes-Palomino y Dominga Micaela Cano Ccoa en un estudio en el que demuestran que el “efecto de la agricultura intensiva a la biodiversidad es al menos responsable del 80% de la deforestación mundial”.
Por ello, y con el liderazgo de la senadora Isabel Cristina Zuleta, las comunidades llevan meses trabajando en una iniciativa legal que busca que Colombia avance hacia un sistema agroalimentario que reconozca y proteja su biodiversidad, sus semillas y los conocimientos de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom.
El Proyecto de Ley 207 de 2026 fue radicado el miércoles 26 de agosto en el Senado en un acto en el que, además de Zuleta, participaron “activistas ambientales, comunidades campesinas y étnicas, liderazgos sociales y personas comprometidas con la soberanía alimentaria y el cuidado de los territorios”. “Necesitamos un nuevo sistema alimentario para nuestro país, que garantice que todas y todos podamos acceder a alimentos sanos: sanos para los seres humanos, para el ambiente donde se producen y para los animales que hacen parte de nuestro entorno”, manifestó Yubisa Arredondo, comunicadora de la Campaña Colombia Libre de Transgénicos. “Declarar la agroecología de interés nacional implica reconocer su importancia y priorizar su protección frente a otras dinámicas. Además, necesitamos crear una institucionalidad que permita desarrollar y fortalecer esta apuesta en todo el país”, afirmó la senadora Isabel Zuleta.
El proyecto de Ley
La propuesta legislativa proclama la búsqueda del bienestar y buen vivir, la sustentabilidad, garantizar el derecho a la alimentación, proteger las semillas nativas y criollas, proteger los bienes naturales y, todo ello, en un marco de participación efectiva y real de las comunidades.
Frente a enfoques desarrollistas, como el desplegado por Flavio Ricardo Jiménez Mejía — Presidente de la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería— que propone, por ejemplo, explotar de forma intensiva la Altillanura (13,5 millones de hectáreas ubicada principalmente en los departamentos del Meta y Vichada)—, este proyecto se basa en la agrocultura campesina y en la protección de la diversidad biológica y social. La Ley, así, propone crear Sistemas Participativos de Garantía como mecanismos comunitarios para certificar y comercializar productos agroecológicos. Asimismo, propone fortalecer las plazas de mercado, los mercados campesinos, las compras públicas y el acceso a créditos para las y los productores.
El texto del proyecto considera que la agroecología es un “sistema de producción agroalimentario, político y cultural que integra el saber y el tejido histórico construido colectivamente por comunidades campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y organizaciones sociales con el conocimiento científico con un enfoque interdisciplinario y de diálogo de saberes” y cuya finalidad es “la soberanía alimentaria, la transformación sostenible de los territorios rurales, la protección de los bienes comunes como el agua y las semillas, y la generación de economías propias”. Retomar el control de la explotación de la tierra al servicio del bien común. Este sistema contemplaría los cultivos orgánicos, biodinámicos, ecológicos, sintropicos, mesiánico natural, la radiónica tecnológica, asociativo natural, trofobiosis, biológicos, naturales, microbiológicos, permaculturales, regenerativos y la agroecológica como tal, desarrollados desde la conocida como Agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria (ACFEC).
Para ello, en casi de aprobarse la ley —tras pasar por la Comisión Quinta del Senado, superar los debates en las plenarias y llegar a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes—, se crearía la Dirección Nacional de Agroecología y Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria, se diseñaría una Política Pública de Agroecología, se protegería la semilla nativa y criolla, se establecería un sello de confianza para la producción agroecológica gestionado a través de los Sistemas Participativos de Garantía, se daría prioridad a la producción agroecológica en las compras públicas y se pondría en marcha un Programa de fomento y recuperación de plazas de mercado, entre otras medidas.
Tal y cómo se explica en el proyecto de ley, esta propuesta va enfocada a paliar los efectos perversos de la agricultura industrial pero, ante todo, a enfrentar una injusticia histórica: el hecho de que “la ruralidad colombiana, así como la población que allí vive y se dedica a las labores del campo, ha padecido décadas de abandono soportando los rigores del atraso, la falta de inversión y la segregación socioeconómica. Según el Departamento Nacional de Planeación, el 84,7% del territorio colombiano está conformado por municipios totalmente rurales, en los que el 44,7% de la población es pobre”.
Sin embargo, el modelo de las últimas tres décadas sigue sin estimular las agriculturas campesinas y agroecológicas y la consecuencia es que, “de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, de las 43.1 millones de hectáreas aptas para la agricultura, sólo algo más de 7 millones de hectáreas se encuentran dedicadas a ella. De estas, de acuerdo con la información estimada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, apenas 43.000 hectáreas se dedican a la agricultura orgánica certificada, destinada principalmente a mercados internacionales y alrededor de 80.000 hectáreas se cultivan a partir de prácticas agroecológicas”.
Los promotores de la ley recuerdan que, en un país que se ha volcado a la agroindustria de exportación, “la agricultura no solo debe contribuir a mejorar los indicadores de comercio del país, sino que debe apuntar a resolver el gran desafío de la alimentación de los colombianos”. Por eso, además de buscar proteger la diversidad biológica y social, el Proyecto de Ley 207 de 2026 quiere potenciar la Economía Social y Solidaria (ESS) y “acudir a valores sociales y humanos que intentan reconstruir saberes y culturas tradicionales, poniendo el foco en el aspecto alimentario, pero que trasciende hacia nuevas formas de gobernanza de la gestión de los recursos disponibles”. Una gobernanza en la que la mitigación y adaptación al cambio climático y la conservación ambiental deben guiar buena parte de los esfuerzos legislativos y de política pública.
