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El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella quiere dar un paso definitivo en su política de mano dura y de criminalización. Caracol Radio publicó este miércoles 7 de octubre el borrador del Estatuto Antiterrorista que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, va a presentar este jueves, 8 de octubre, ante el Consejo de Política Criminal.
Se tratará de una ley estatutaria y requerirá mayoría absoluta del Congreso, su aprobación deberá ser en una sola legislatura y con revisión previa de la Corte Constitucional.
En Colombia algunos medios ya comienza a hablar de la “Lista De la Espriella” porque el Estatuto impulsará un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, similar a lo que sería la “lista Clinton”. Pero el borrador va mucho más allá al contemplar como “actividades terroristas” decenas de hechos delictivos relacionados con la producción, el tráfico o el porte de estupefacientes, con las protestas sociales —fácilmente tipificables como “asonadas” según el texto—, la minería ilegal o no permitir que miembros de la fuerza pública se movilicen en libertad —en un país donde es habitual la retención de militares por parte de civiles—.
LA ONU, en la Resolución 49/60 de 1995 consideraba el terrorismo como aquellos “actos criminales con fines políticos, concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas. Lo anterior no puede justificarse bajo consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o cualquier otra índole”.
Pero el texto de De la Espriella apunta a casi todo y concede al presidente 6 meses de facultades extraordinarias para expedir normas “con fuerza material de ley” que reglamente la tarea del nuevo Alto Comisionado contra el Terrorismo, un nuevo cargo que nombrará De la Espriella y cuyas funciones no están explicitadas en el texto del Estatuto. Presidencia tendría seis meses para sorprender al país con las potestades de esta súper autoridad.
La última vez que un presidente colombiano se dotó de un “estatuto” de este tipo fue en 1978, cuando Julio César Turbay Ayala aprobó el conocido como “Estatuto de Seguridad” siguiendo los lineamientos estadounidenses de “seguridad nacional” y del “enemigo interno”. En sus años de vigencia, hasta 1982, se incrementaron de manera exponencial los crímenes de Estado contra fuerzas políticas de oposición alineadas a la izquierda del espectro político. Según las estadísticas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión de la Verdad se resgistraron, al menos, 1.616 desapariciones forzada, 208 casos de torturas por parte de agentes del Estado y casi 3.600 homicidios relacionados con la aplicación del Estatuto. Como recordó en una entrevista radiofónica la senadora Isabel Cristina Zuleta, «lo que vemos es un ánimo de persecución de la ciudadanía. Estamos regresando a lo que fue el estatuto de seguridad de Turbay Ayala, que tuvo no solo graves afectaciones a los derechos humanos, sino un consenso nacional de que eso no podía volver a pasar». «Es un riesgo enorme para la democracia, porque pueden incluir en esa lista a cualquier organización social que les incomode, pueden incluir en esa lista a los medios de comunicación, pueden incluir en esa lista a la oposición política».
La lista para bloquear a personas como Gustavo Petro
Otro de los elementos polémicos es que el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas podrá incorporar de forma casi automática lo que denomina como “designación extranjera cualificada”. Es decir, que si Estados Unidos, la Unión Europea o terceros países con acuerdo de cooperación (como Israel, El Salvador, etcétera) incorporan a una persona o a una organización en sus listas Colombia las incluirá en las suyas. Esto es especialmente grave ya que la conocida como Lista Clinton ha sido utilizada por Washington para presionar políticamente, por ejemplo, a candidatos o miembros de las fuerzas de izquierda de América Latina —de hecho Gustavo Petro y parte de su familia, así como Armando Benedetti están actualmente en ese registro—. De salir adelante la propuesta oficial, Petro podría quedar en el Registro Nacional, la organización política que representa —Pacto Histórico— puede ser perseguida y toda aquella persona u organización que le ayude, también.
La lista de los delitos que el Gobierno enmarca dentro del término “terrorismo” incluye el uso de drones para fines violentos, la minería ilegal, el robo de hidrocarburos, extracción y comercialización de oro, secuestro, contrabando, trata de personas, narcotráfico, extorsión, delitos informáticos, delitos electorales, asonadas y ataques contra infraestructura crítica.
En el documento duplica las penas por asonada — definida en el artículo 469 de la Ley 599 de 2000 como «los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones2— cuando se «dirija contra unidades de la Fuerza Pública en desarrollo de operaciones». Esta medida, muy relacionada con la respuesta de algunas organizaciones indígenas a la incursión violenta de la fuerza pública en sus territorios poniendo en peligro a su población, se complementa con la calificación como “secuestro” de la “retención, el cerco con privación de la libertad de locomoción o el despojo de armamento de miembros de la Fuerza Pública en servicio”.
