Del enemigo interno al control de los cuerpos: dos decisiones de la JEP revelan patrones de violencia estatal y décadas de impunidad

Las investigaciones sobre estructuras de inteligencia militar y violencias basadas en género documentan graves crímenes cometidos contra la población civil durante el conflicto armado colombiano. Las decisiones judiciales examinan la persecución política, la desaparición forzada, la violencia sexual, las relaciones con estructuras paramilitares y las responsabilidades de integrantes de la Fuerza Pública. La opinión pública mira hacia otro lado, pero la verdad va saliendo a la luz.
Por Erik Arellana Bautista

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Durante décadas, las denuncias sobre desapariciones forzadas, torturas, persecución política y violencia sexual cometidas por agentes estatales encontraron obstáculos para avanzar en la justicia colombiana. Numerosas investigaciones permanecieron fragmentadas, mientras las organizaciones de víctimas insistían en que los hechos no podían comprenderse exclusivamente como actuaciones individuales.

Dos recientes decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aportan elementos para reconstruir esa historia desde una perspectiva más amplia: la identificación de patrones de macrocriminalidad, estructuras organizativas, relaciones de poder y condiciones institucionales que facilitaron graves violaciones de los derechos humanos.

La primera decisión, el Auto SUB I-L 002 de 2026, corresponde al Subcaso de Inteligencia Militar de los macrocasos 06 y 08. La segunda, contenida en el Auto SRVR No. 19 de 2026, del 12 de noviembre, aborda conjuntamente el Subcaso 02 del Macrocaso 11 y el Macrocaso 08, relacionados con violencias basadas en género cometidas por integrantes de la Fuerza Pública.

Aunque examinan hechos, territorios y estructuras diferentes, ambas investigaciones permiten identificar una problemática común: el ejercicio ilegal del poder armado contra personas civiles y las dificultades históricas para investigar las responsabilidades de quienes participaron en estos crímenes o contribuyeron a hacerlos posibles.

Inteligencia militar: cuando la persecución política se convirtió en operación clandestina

La investigación del Subcaso de Inteligencia Militar examina actuaciones atribuidas a antiguos integrantes de estructuras como el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, la Brigada XX y la Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional.

Los hechos investigados corresponden a un periodo en el que determinadas prácticas contrainsurgentes contribuyeron a convertir la sospecha política en un instrumento de persecución. En ese contexto, personas vinculadas a organizaciones sociales, movimientos políticos o actividades consideradas contrarias a los intereses de seguridad podían ser señaladas como integrantes o colaboradoras de organizaciones insurgentes.

La utilización de estructuras de inteligencia en operaciones clandestinas plantea interrogantes sobre el uso de recursos institucionales, instalaciones militares, información reservada y capacidades operativas para cometer violaciones de los derechos humanos. La investigación judicial no se limita a establecer quién ejecutó materialmente los crímenes. También examina las estructuras que facilitaron su realización y las responsabilidades que podrían derivarse de las relaciones jerárquicas y organizativas.

Entre los casos abordados se encuentra el de Nydia Erika Bautista, detenida ilegalmente, desaparecida forzadamente y asesinada en 1987. El reconocimiento judicial de la violencia sexual sufrida durante su cautiverio constituye uno de los elementos más significativos de la investigación, porque permite identificar una dimensión de los crímenes que durante décadas permaneció insuficientemente esclarecida.

La desaparición forzada puede ocultar otras violencias, cuando las víctimas son retenidas clandestinamente, asesinadas y sus cuerpos desaparecidos, también pueden perderse evidencias de tortura, agresiones sexuales y otros actos cometidos durante la privación de la libertad. El esclarecimiento de estos hechos exige investigaciones que integren perspectivas de género y permitan reconstruir la totalidad de las conductas criminales.

La doctrina del enemigo interno y los mecanismos de persecución

Una de las cuestiones que plantea la investigación es la relación entre las concepciones contrainsurgentes de seguridad y la vulneración de los derechos de la población civil. La noción del enemigo interno contribuyó, en determinados contextos históricos, a desdibujar la distinción entre quienes participaban directamente en las hostilidades y quienes ejercían derechos políticos, sociales o comunitarios. La estigmatización de personas consideradas sospechosas podía preceder a operaciones ilegales de vigilancia, detención, interrogatorio, tortura o desaparición forzada.

La relevancia de la investigación de la JEP consiste en examinar si esas conductas respondieron a prácticas recurrentes desarrolladas mediante estructuras organizadas, y no únicamente a decisiones aisladas.

La desaparición forzada, en particular, combina la privación de la libertad con la negativa a reconocerla o el ocultamiento de información sobre la suerte o el paradero de la persona. Además del daño causado a la víctima directa, produce consecuencias prolongadas sobre sus familiares y comunidades, quienes enfrentan incertidumbre, obstáculos judiciales y la necesidad de sostener procesos de búsqueda durante décadas. Las investigaciones sobre inteligencia militar también permiten revisar las condiciones que favorecieron el encubrimiento de estas conductas y la persistencia de la impunidad.

Familiares de las víctimas de desaparición forzada se manifiestan frente a la Escuela de Logística del Ejército (antigua sede de la Brigada XX).

Macrocasos 08 y 11: la violencia sexual como patrón de macrocriminalidad

La segunda decisión, el Auto SRVR No. 19 de 2026, aborda violencias basadas en género cometidas contra personas civiles por integrantes de la Fuerza Pública en diferentes regiones de Colombia.

La Sala examinó un universo provisional de 565 casos con 779 víctimas, a partir de información procedente, entre otras fuentes, de 267 informes entregados por organizaciones sociales y entidades estatales. Como resultado de la contrastación judicial, identificó dos patrones de macrocriminalidad y llamó a 18 antiguos integrantes del Ejército y la Policía Nacional a reconocer responsabilidad.

El primer patrón corresponde a ataques contra la población civil cometidos bajo justificaciones contrainsurgentes, directamente por integrantes de la Fuerza Pública o en escenarios de colaboración con estructuras paramilitares. La investigación comprende hechos ocurridos en regiones como Arauca, Norte de Santander y Boyacá, donde las agresiones sexuales y otras violencias basadas en género estuvieron relacionadas con dinámicas de persecución, intimidación y castigo. En estos escenarios, las víctimas podían ser atacadas por sus actividades, sus vínculos familiares o las relaciones que los actores armados les atribuían con personas consideradas enemigas.

El segundo patrón corresponde a violencias basadas en género utilizadas como mecanismos de apropiación, castigo y disciplinamiento, facilitadas por la presencia territorial y las posiciones de poder de integrantes de la Fuerza Pública. La Sala examinó hechos ocurridos en territorios como Puerto Gaitán, Tame, Nariño y Montes de María, incluyendo agresiones contra mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Estos hallazgos permiten comprender que la violencia sexual no puede analizarse exclusivamente como una sucesión de agresiones individuales. En determinados contextos, constituyó una práctica vinculada al ejercicio de poder armado sobre las personas y las comunidades.

La violencia sexual como instrumento de control territorial

Las investigaciones de la JEP muestran que el control territorial durante el conflicto armado no se limitó a la ocupación de espacios geográficos o al dominio de corredores estratégicos. También comprendió la imposición de relaciones de subordinación sobre la población civil, mediante amenazas, desplazamientos, restricciones a la movilidad, castigos y violencias sexuales.

En determinados escenarios, las agresiones contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas funcionaron como mecanismos para imponer normas de comportamiento, castigar identidades o relaciones consideradas inaceptables y consolidar formas de dominación. Esta dimensión permite comprender la violencia sexual como una conducta que afecta no solamente la integridad de las víctimas directas, sino también sus relaciones familiares, sus comunidades y las condiciones de convivencia en los territorios.

El reconocimiento de estos patrones representa un avance frente a las investigaciones que históricamente trataron las agresiones sexuales como hechos secundarios respecto de homicidios, desapariciones o desplazamientos. También plantea desafíos para la reparación integral, que debe reconocer los daños físicos, psicológicos, familiares, comunitarios y sociales derivados de estas violencias.

Fuerza Pública y paramilitarismo: relaciones bajo investigación judicial

Uno de los aspectos centrales del Auto 19 es el examen de mecanismos de cooperación entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares. La Sala identificó relaciones asociadas con la construcción de enemigos comunes, el intercambio de capacidades, la distribución territorial, la asignación de funciones y distintas modalidades de tolerancia frente a actuaciones paramilitares.

Estos elementos permiten examinar cómo determinadas alianzas o formas de colaboración contribuyeron a crear condiciones para la comisión de crímenes contra la población civil. La investigación de estas relaciones resulta fundamental para establecer responsabilidades que no se agotan en la ejecución material de las conductas. También obliga a examinar las decisiones operacionales, los mecanismos de supervisión, las omisiones frente a las denuncias y las posibilidades efectivas de intervención de quienes ejercían funciones de mando.

Los patrones de macrocriminalidad permiten reconstruir contextos y prácticas recurrentes, pero no sustituyen la obligación de establecer las conductas y responsabilidades de cada compareciente.

Los mandos militares y las responsabilidades institucionales

Las dos decisiones también plantean preguntas sobre el funcionamiento de las estructuras jerárquicas y los mecanismos institucionales de prevención y control. En el caso de inteligencia militar, la investigación examina la utilización de capacidades organizativas en operaciones clandestinas.

En los macrocasos 08 y 11, la Sala analiza fallas de supervisión, omisiones frente a denuncias y abusos de autoridad que contribuyeron a facilitar las violencias basadas en género. El examen de estas conductas resulta esencial para comprender las condiciones en que se produjeron los crímenes y determinar las responsabilidades correspondientes.

La justicia transicional no puede limitarse a reconstruir la actuación de los ejecutores materiales cuando existen elementos que justifican investigar decisiones de mando, formas de coordinación u omisiones institucionales. Sin embargo, la responsabilidad penal o jurídica de los superiores no se presume por su posición jerárquica. Debe determinarse de acuerdo con las conductas acreditadas, sus deberes, su conocimiento de los hechos y su capacidad efectiva de actuación, conforme al régimen jurídico aplicable.

La identificación de patrones permite avanzar hacia una comprensión más compleja de la criminalidad, sin desconocer las garantías procesales de los comparecientes.

Las víctimas invisibles y los límites del esclarecimiento

Las decisiones de la JEP también ponen de manifiesto una de las principales dificultades de la investigación de graves violaciones de los derechos humanos: la existencia de numerosos hechos que nunca llegan a ser documentados judicialmente. En los casos de desaparición forzada, la clandestinidad de las detenciones y el ocultamiento de las víctimas pueden impedir que se conozcan otras violencias cometidas durante el cautiverio. Las agresiones sexuales presentan obstáculos adicionales relacionados con el miedo, las amenazas, la estigmatización, la ausencia de evidencias y las deficiencias institucionales para investigar con perspectiva de género.

Por ello, los casos examinados por la justicia transicional no pueden interpretarse automáticamente como la totalidad de las violencias ocurridas durante el conflicto armado. La identificación de patrones abre nuevas posibilidades de investigación, pero también evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, documentación, atención a las víctimas y acceso a la justicia.

El esclarecimiento no debería depender de la visibilidad pública de un caso ni de la capacidad económica u organizativa de las familias. La obligación estatal de investigar graves violaciones de los derechos humanos comprende también aquellos casos que permanecen fuera de los expedientes más conocidos.

El papel de las organizaciones de víctimas en la construcción de la verdad

Una dimensión fundamental de ambas investigaciones es la contribución de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Durante décadas, numerosas familias desarrollaron procesos propios de documentación, recuperación de testimonios, reconstrucción de hechos y preservación de archivos. En muchos casos, esas labores permitieron conservar información que posteriormente resultó relevante para las investigaciones judiciales.

La trayectoria de Yanette Bautista, quien impulsó durante décadas la búsqueda de justicia por la desaparición de su hermana Nydia Erika y acompañó a otras familias, constituye un ejemplo de la importancia de estas iniciativas. Su trabajo, junto con el de otras defensoras y organizaciones, contribuyó a transformar experiencias individuales de violencia en procesos colectivos de exigencia de derechos. Las organizaciones de víctimas no solamente han denunciado hechos, también han producido conocimiento sobre los patrones de violencia, los obstáculos institucionales y las necesidades de búsqueda y reparación. El reconocimiento de ese aporte resulta indispensable para comprender los avances actuales de la justicia transicional. Sin embargo, la participación de las víctimas no sustituye las obligaciones del Estado. La investigación, la búsqueda de personas desaparecidas y la garantía de acceso a la justicia siguen siendo responsabilidades institucionales.

Las decisiones judiciales y los desafíos de la no repetición

Los autos de determinación de hechos y conductas constituyen decisiones relevantes dentro del procedimiento de la JEP, pero no equivalen a sentencias condenatorias definitivas. Los comparecientes llamados a reconocer responsabilidad deben responder dentro de las etapas procesales correspondientes. Las decisiones posteriores establecerán las consecuencias jurídicas de acuerdo con las reglas de la justicia transicional.

Para las víctimas, el esclarecimiento judicial debe acompañarse de medidas efectivas de reparación y garantías de no repetición. Estas últimas requieren fortalecer los controles sobre las actividades de inteligencia, prevenir la violencia sexual y las violencias basadas en género, garantizar investigaciones independientes y proteger a quienes denuncian abusos. También exigen enfrentar las prácticas de estigmatización que históricamente contribuyeron a presentar a sectores de la población civil como enemigos.

La prevención de nuevas violaciones de derechos humanos depende de instituciones capaces de reconocer sus responsabilidades, corregir fallas y garantizar controles democráticos sobre el ejercicio del poder armado.

Una verdad que interpela a las instituciones y a la sociedad

Las dos decisiones de noviembre de 2026 constituyen avances en el esclarecimiento de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado colombiano. La investigación sobre inteligencia militar examina la persecución clandestina de personas consideradas enemigas y la utilización ilegal de capacidades institucionales. La decisión conjunta de los macrocasos 08 y 11 documenta patrones de violencia sexual y de género cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, en ocasiones en escenarios de colaboración con estructuras paramilitares. No se trata de investigaciones idénticas ni de hechos necesariamente vinculados por una misma cadena de mando.

Su relevancia conjunta consiste en mostrar cómo, en distintos periodos y territorios, determinadas estructuras y agentes estatales participaron en prácticas que vulneraron gravemente los derechos de la población civil. Los hallazgos también permiten comprender que la violencia sexual no fue siempre un fenómeno aislado o marginal, sino que pudo integrarse en mecanismos más amplios de persecución, castigo y dominación.

El desafío para la justicia colombiana consiste en avanzar desde la reconstrucción de los patrones hacia el esclarecimiento completo de los hechos, la determinación de responsabilidades y la reparación de las víctimas, pero existe una responsabilidad que trasciende los tribunales: garantizar que las instituciones democráticas cuenten con mecanismos efectivos para impedir la repetición de estas conductas.

La pregunta que dejan abiertas las decisiones de la JEP no es únicamente quiénes cometieron los crímenes, sino qué condiciones permitieron su realización, cómo persistió la impunidad y qué transformaciones necesita el Estado para garantizar que estas violencias no vuelvan a repetirse. Responderla es indispensable para que la verdad judicial contribuya a una memoria pública más completa y a una democracia comprometida con la dignidad de las víctimas.

 

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