¿Abrirá Húber Ballesteros el camino a otros líderes sociales encarcelados?
Los computadores de los jefes guerrilleros ‘Alfonso Cano’, ‘Mono Jojoy’ e ‘Iván Ríos’ –fuentes inagotables de imputaciones y falsos judiciales- todavía eran un arma arrojadiza en 2013. En ese entonces, cuando el Paro Nacional Agrario y Popular, que puso contra a las cuerdas al Gobierno desde que empezara el 19 de agosto de ese año, estos computadores todavía eran sacados del closet por la Fiscalía cuando eran necesarios.
Fue apoyándose en ellos que el vicefiscal de la época, Jorge Fernando Perdomo (que opto al puesto de Procurador hace pocos meses), justificó la “casual” detención el 25 de agosto de Húber Ballesteros, uno de los principales líderes de un Paro con el que, según el mismo Perdomo, la detención no tenía nada que ver. Este viernes 13 de enero de 2016, más de tres años después de esta detención denunciada como arbitraria por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, Ballesteros recupera la libertad después de que una audiencia judicial haya levantado la medida de aseguramiento que pesaba sobre él. Así lo ha informado Marcha Patriótica este mismo mediodía.
Ballesteros, al momento de su detención, era dirigente sindical, miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), vicepresidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), vocero de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), y dirigente de la Junta Patriótica Nacional de Marcha Patriótica. Incluso, al momento de su detención, era parte de la mesa de concertación en la que se suponía que negociaban Gobierno y los representantes del Paro. La Fiscalía ha insistido todo este tiempo en que tiene pruebas sólidas contra Ballesteros por colaboración con la guerrilla de las FARC y por financiar el “terrorismo”. Los abogados de Ballesteros, sin embargo, han calificado este caso como un “falso positivo judicial”.
En el año de la detención de Ballesteros, el padre Javier Giraldo, del CINEP, denunciaba que los ‘falsos positivos’ judiciales, al igual que las denunciadas ejecuciones extrajudiciales, son “casos de ficción en los que las víctimas son presentadas como combatientes y agredidas para justificar sus capturas”. Los falsos positivos, así, serían montajes policiales y judiciales para perseguir de forma penal a líderes campesinos, sociales, obreros, ecologistas o estudiantiles y descabezar los movimientos de protesta o resistencia en el país.
Petición a Santos
El pasado 24 de diciembre, decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos y asociaciones campesinas enviaban una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que le pedían una acción decidida en el marco del proceso de paz: “Queremos solicitar se impulsen procesos para levantar las medidas de aseguramiento y/o extinción de la responsabilidad penal de cientos de Defensores de Derechos Humanos y líderes que hoy están privados de la libertad en las cárceles colombianas”. Y profundizaban: “Nuestros líderes y defensores de Derechos Humanos fueron injustamente privados de la libertad bajo el supuesto de que pertenecían a la insurgencia, acusados por el delito de rebelión y conexos o por los llamados delitos de pobreza, y han pasado años encarcelados resistiendo a las presiones físicas y psicológicas a las que son sometidos para que acepten que son de la insurgencia. Dichas presiones principalmente han sido bajo la presentación de beneficios que otorga la ley a quien acepta los delitos, con rebajas de penas, entre otros. Así mismo como se han presentado maltratos y acciones degradantes e inhumanas que han sido denunciadas en los distintos casos”.
El levantamiento de la medida de privación de libertad sobre Húber Ballesteros tras 41 meses de detención no supone el fin del proceso pero sí, al menos, la salida de la cárcel La Picota. Marcha Patriótica siempre había advertido del riesgo que corría el líder social dentro de las instituciones penitenciarias porque, de hecho, en el momento de su detención ya necesitaba un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.
El caso de Ballesteros ha sido de los que más impacto internacional han tenido, junto al de David Ravelo, David Ravelo Crespo, economista, defensor de derechos humanos y miembro fundador de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), que fue detenido en 2010 acusado por paramilitares de un asesinato y condenado en 2012 a 18 años de prisión. La solidaridad internacional ha sido más que significativa en ambos casos. Ravelo sigue en prisión tras 6 años y 4 meses de privación de libertad.