Ampliados los plazos para la dejación de armas de las FARC y las Zonas Veredales

Gobierno y guerrilla pactan la segunda fase de la implementación y el Estado firma 30 decretos sobre la unidad de búsqueda de personas desaparecidas o acceso a la tierra y una Unidad Especial para luchar contras los paramilitares, entre otros.

El Gobierno y las FARC se darán más tiempo para asegurar el cumplimiento del Acuerdo de La Habana y abordar la segunda fase de la implementación de esos acuerdos. Las decisiones adoptadas este lunes por la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación-CSIVI afectan especialmente a la vigencia de las Zonas Veredales de Transición, que amplían 60 días su vigencia para luego convertirse en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, y a los plazos de entrega de armas por parte de la guerrilla, que se amplían en 20 días. “No es nada [esta ampliación de plazos] para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida”, indicó este lunes el presidente Juan Manuel Santos.

El Gobierno recoge por escrito varios compromisos en materia de seguridad jurídica, física y socio-económica para los guerrilleros. De hecho se creará un Cuerpo de Élite para garantizar la seguridad en las zonas en las que antes hacían presencia las FARC y se cita en especial la lucha contra las bandas criminales en Buenaventura y Tumaco. La inseguridad, desplazamientos y asesinatos de líderes sociales en los lugares de los que han salido las FARC ha sido una alerta constante de la Iglesia, las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos desde finales del año pasado [ver mapa de líderes y lideresas asesinados en 2017].

Para desarrollar todos estos acuerdos, el Gobierno ya ha firmado este lunes 30 documentos, entre los que se encuentra el que crea la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, el del acceso a la tierra, el de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el que permite que las empresas paguen sus impuestos construyendo directamente las obras que requiere la comunidad y el que crea la figura del pago por servicios ambientales. También están los que crean la Unidad Especial para luchar contra los grupos paramilitares o el que regula las ayudas y programas para la reincorporación individual y colectiva de los guerrilleros y guerrilleras a la vida civil.

El comunicado emitido hoy por la CSIVI se hace público tras dos semanas en las que el fast track se ha puesto en duda no solo por los partidos que se oponen al acuerdo de paz sino por la propia Corte Constitucional que anuló algunos de los puntos del acto legislativo que permite desarrollar este mecanismo, abriendo la puerta a que el Congreso pueda modificar aspectos del Acuerdo de La Habana que ya había ratificado. La permanencia de las Zonas Veredales, más allá de la fecha registrada en el documento de La Habana (concluía el 30 de mayo), es otro de los mensajes reiterados desde las propias FARC, que desde hace semanas han planteado la necesidad de una prórroga y de una permanencia, aunque con otros objetivos, no solo porque físicamente aún no están terminadas en su mayoría, sino porque no se han culminado los objetivos para las que fueron diseñadas.

Lea el comunicado completo de la CSIVI

El acuerdo de la Comisión de Seguimiento establece un período de transición entre el 1 de junio y el 1 de agosto, durante el cual se mantendrá el régimen actual de las Zonas y Puntos Veredales. Durante este período se preparará su conversión en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que servirán para capacitar a los integrantes de las FARC-EP para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria. El proceso tendrá la participación de las autoridades departamentales y municipales y de las comunidades, pero no se precisa cuánto tiempo se prolongarán.

Entrega de armas

En materia de entrega de armas, las FARC se comprometen a que entre el 1 y el 20 de junio, la totalidad de sus integrantes, incluyendo las milicias, habrá hecho dejación de armas y tránsito a la legalidad, salvo aquellos que deban realizar tareas de identificación de caletas, extracción de armamento y seguridad de los campamentos existentes en las ZVTN.

Las Naciones Unidas recibirán el armamento, lo depositarán en los contenedores y certificarán la dejación de armas de cada uno de los guerrilleros y, tras esto, recibirán la acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que les permite hacer el tránsito a la legalidad. Este procedimiento deberá realizarse entre el 5 y el 20 de junio de 2017. Parte de este trabajo se ha ido realizando durante los meses pasados, si bien ya se sabía de que había retrasos porque los contenedores para almacenar las armas ya llegaron con retraso a unas Zonas Veredales que se abrieron también con retraso y que, en algunos casos, siguen sin estar al 100%.

La extracción de las armas almacenadas en los contenedores se ejecutará antes de que acabe la existencia de las Zonas Veredales, a más tardar el 1 de agosto. Los integrantes de la Comisión de Seguimiento, de la que forman parte el Gobierno y las FARC, también acordaron un plan detallado para la extracción del armamento y destrucción del material inestable (explosivos) existente en las caletas de la guerrilla -parte de cuya tarea se supone que se ha ido haciendo también durante estos primeros cinco meses del año- que se desarrollará junto a Naciones Unidas y que tiene un plazo de tres meses a partir del día 1 de junio de 2017. Las caletas que no hayan sido desmanteladas quedarán a disposición del Gobierno Nacional, que contará con la colaboración de exintegrantes de las FARC-EP para su desmantelamiento.

Antes del 1 de agosto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acordarán la construcción de los tres monumentos indicados en el Acuerdo Final que se harán con el material de la destrucción de esas armas.

El presidente Juan Manuel Santos, en una alocución televisada, ha insistido en que “este cambio en la fecha no afecta de modo alguno la firme decisión y el claro compromiso del Gobierno y de las FARC para cumplir con el acuerdo. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación Internacional seguirá ejerciendo su papel hasta certificar que la última arma de las FARC ha sido entregada y retirada del territorio nacional”.

Lucha contra el paramilitarismo

En el acuerdo hecho público hoy por la Comisión de Seguimiento también se recogen una serie de compromisos por parte del Gobierno en materia de seguridad jurídica, física y socio-económica para con los guerrilleros. En primer lugar, el Ejecutivo tomará todas las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la amnistía o la libertad condicional de los integrantes de las FARC presos acreditados en la OACP, antes de que finalice el proceso de dejación de armas. También se suspenderán las órdenes de captura una vez que hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad. Una resolución presidencial, en los términos de la Ley 1820, permitirá aplicar la amnistía a todos los integrantes de la FARC-EP acreditados por la OACP que no se encuentren en las cárceles.

El Gobierno ya ha expedido sendos decretos para crear el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía (Ver decreto sobre la  Unidad) que contempla JEP (Justicia Especial de Paz). Antes del 15 de junio se pondrá en marcha el Cuerpo Élite de Policía que actuará de forma prioritaria contra las organizaciones criminales que actúan en los territorios donde hacían presencia las FARC- EP y se pondrán en marcha los planes piloto de desmantelamiento de bandas criminales en Buenaventura y Tumaco. El texto del comunicado no utiliza la palabra paramilitarismo, pero las denuncias del incremento de la presencia de estos grupos armados y la aparición de panfletos con sus siglas se ha desbordado en los últimos meses.

La semana del 5 de junio se iniciará el entrenamiento, por parte de la Unidad Nacional de Protección, de los miembros de las FARC-EP designados que hayan dejado las armas ante Naciones Unidas y hayan sido acreditados por parte de la OACP.

Apoyo socioeconómico

Una vez concluida la dejación de armas y el tránsito a la legalidad, el Gobierno se compromete a que los guerrilleros recibirán los apoyos para su reincorporación en los términos del Acuerdo Final y que incluye una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV durante 24 meses, la asignación única de normalización y proyectos productivos, de vivienda, entre otras cuestiones (Ver decreto sobre Medidas para la reincorporación).

Ya están emitidos los Decretos Ley de reincorporación económica y social y de reforma de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

En 60 días se establecerá un grupo de trabajo para estructurar y recomendar proyectos productivos viables a ser implementados por ECOMUN y otras organizaciones y se concluirá la implementación de los proyectos piloto del Ministerio de Agricultura en las Zonas Veredales antes de su finalización el 1 de agosto.

La Comisión también detalla los términos del acompañamiento y la verificación internacional. Santos ha insistido en mandar un mensaje de tranquilidad a quienes dudan del desarrollo dela cuerdo : “No vamos a volver atrás. Por ningún motivo vamos a volver a las épocas terribles de la violencia, el miedo, los asesinatos y las masacres. Colombia está dejando atrás esa historia de sangre y dolor para siempre. La paz ha sido, es y será nuestro puerto de destino.” El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, ha asegurado en su cuenta de twitter, al informar del acuerdo, que “pese a dificultades en la implementación, las FARC–EP ratificamos nuestro compromiso indeclinable por lograr la paz“.

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