El atentado de Tumaco, la punta del iceberg de la violencia

La Pastoral Social alerta sobre la situación de los derechos humanos en el Pacífico nariñense, con 132 asesinatos entre enero y noviembre

El atentado de la pasada madrugada suma dos muertos más a la larga lista de asesinatos que vive el municipio de Tumaco, donde la violencia ha ido incrementándose en los últimos meses. Lo dice el Observatorio del Delito del Municipio y lanza la alerta la Pastoral Social. Entre enero y noviembre han asesinado a 132 personas, 27 personas más que en el mismo periodo del año pasado. Entre las víctimas hay indígenas, campesinos, niños y mujeres.

Con estas cifras la tasa de homicidios en el municipio se situaría en 65 por cada 100.000 habitantes, cuando la media del país es de 25,9 (en 2016). Tumaco se pone por encima de ciudades como Cali, considerada la ciudad más violenta del país, que tiene una tasa de 57 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El país amanece este martes con noticias en primera plana de los digitales del atentado en un bar de Tumaco que se ha saldado con 2 muertos y 23 heridos, dos de ellos muy graves. En la madrugada de este martes 13 de diciembre dos hombres en moto llegaron a un bar, ubicado en la avenida La Playa, y lanzaron una granada al interior del establecimiento. José Francisco Pérez y el DJ Darío González Frías, más conocido como ‘Flower’, son los dos nombres que se suman a la lista de asesinatos en este municipio nariñense. Ya hay detenidas dos personas. En el hospital de Tumaco hay ingresadas nueve personas. De madrugada el centro pedía colaboración porque no tenía personal suficiente para emergencias porque la crisis de la salud es otra de las situaciones críticas que vive la población nariñense.

¿Qué está pasando en Tumaco? Ayer mismo, 12 de diciembre, tan solo unas horas antes del atentado, la Pastoral Social emitía un comunicado alertando de la situación de violencia en el municipio y ofrecía una larga lista de casos, en especial de agosto a octubre. En su nota advierte del aumento de cultivos de coca, que llegan ya a las 16.990 hectáreas (un 18% del total nacional según el informe de la Naciones Unidas) y llama la atención también del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes y el incremento de los costos en productos como los materiales de construcción o la canasta básica. “El narcotráfico pone en grave peligro la vida y libertad de hombres y mujeres que han terminado involucrados en estas actividades”, se lamenta la Pastoral Social.

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Foto del bar donde se cometió el atentado.

En la dura enumeración de casos, la Pastoral cita 19 asesinatos en agosto; 15 en septiembre, 15 en octubre y 8 en noviembre. Entre los casos que recoge hay encapuchados que mataron a un joven afrocolombiano en La Guayacana; dos mestizos y un niño de 12 años que fueron asesinados en este mismo lugar. De nuevo la actuación asesina de hombres encapuchados en San José de Caunapi, o el secuestro de una mujer en Barbacoas. Desde septiembre, advierte la Pastoral, en Tumaco y Barbacoas han aparecido casas con letreros del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y que en los centros educativos de La María y El Pailón, además, escribieron “ojo con los sapos”. El 12 de noviembre fue asesinado un hombre –y tres resultaron heridos- en la comunidad de San pedro del Vino y la Pastoral señala que algunas versiones apuntan al Frente 29 ‘Daniel Aldama’ de las FARC.

Ante esta situación la Pastoral Social pide a todos los grupos armados que cesen en los hechos violentos para evitar más víctimas y les piden que no involucren ni a jóvenes ni adultos en situaciones que ponen en peligro sus vidas. Al Gobierno le reclama que avance en la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC y que avance en la búsqueda de diálogos con el ELN, y a las instituciones y autoridades municipales y departamentales que garanticen los derechos humanos e implemente las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida en el Pacífico nariñense.

Según los datos recogidos por la Defensoría, las comunas en mayor situación de riesgo de vulneración del derecho a la vida en Tumaco son la 1, 2, 4 y 5, y los corregimientos La Espriella, Llorente, Chilví y la vereda La Guayacana.

Otro problema son los desplazamientos masivos, explica la Defensoría. Dos ocurrieron el 13 de febrero en la vereda Bajo Jagua, en donde 85 familias salieron de sus hogares y en Alto Jagua, de donde otras 60 también abandonaron sus predios, y el tercero, ocurrido el pasado 7 de noviembre, cuando 75 familias salieron desplazadas de la vereda Teherán. Es decir, un total de 220 familias que por culpa de la violencia debieron abandonar sus viviendas y pertenencias.Existe una alerta temprana vigente para Tumaco debido a los riesgos advertidos por la Defensoría,