La papelera que devora Colombia
En enero de 2016 el acueducto de Salento se quedó seco. La quebrada Cañas Gordas, afluente que abastece al municipio baluarte del turismo en el Quindío, había perdido la totalidad de su caudal, era apenas un chorrito pantanoso debajo de las dos bocatomas que surten al municipio. Mientras la Corporación Autónoma del Quindío responsabilizaba al calentamiento global, autoridades civiles del pueblo, campesinos y ecologistas de la región apuntaron, una vez más, a las cabeceras del afluente: todo, hasta los bordes mismos de la quebrada, está plantado de pinos. Según dicen, son esas plantaciones forestales las culpables de la escasez del agua.
Este conflicto, que se repite en zonas rurales de Sevilla o Pereira, de Riosucio o Dagua, ajusta medio siglo en el país con un nombre propio: Smurfit Kappa – Cartón de Colombia, la multinacional que en 1969 comenzó a adquirir terrenos montañosos a bajos precios para instalar cultivos forestales que sustentasen su demanda de madera en la elaboración de pulpa papelera. Mientras el debate ambiental en Colombia se enfoca con preocupación en los conflictos petroleros y mineros, la multinacional irlandesa exprime silenciosa miles de hectáreas en el país.
Ya en los años 50 se acusaba a Cartón de Colombia (hoy parte de la irlandesa Smurfit Kappa) de arrasar las selvas del Bajo Calima (Pacífico) para emplear la madera produciendo pulpa papelera. 20 años después la compañía comenzó a plantar pinos y eucaliptos, especies sobre las que la FAO (organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) alerta de que provocan consecuencias negativas sobre los suelos, la biodiversidad y los ciclos del agua, cuando reemplazan los bosques nativos de las regiones tropicales.
Pero las afectaciones no son solo a la biodiversidad y a los cursos de agua. La política de la compañía implica la concentración de enormes extensiones de tierra en su poder, en latifundios forestales que fragmentan las comunidades campesinas, donde toda la dinámica social y económica acaba trastocada. La oposición de ecologistas y comunidades se ha saldado con amenazas y casos de homicidios que nunca se han investigado a fondo. También hay abiertas varias reclamaciones de restitución de tierras por comunidades indígenas y particulares. Hasta el Tribunal de los Pueblos reconoció en 2007 que Smurfit Kappa tiene “una deuda ecológica, social, económica y cultural con el país y el total de sus habitantes”.
Smurfit Kappa Cartón de Colombia poseía en 2015, según sus propios datos, unas 67.926 hectáreas en 454 grandes fincas entre las cordilleras central y occidental. Hay pinos y eucaliptos de Smurfit desde el nudo de Caramanta hasta las montañas del Macizo colombiano, y desde la vertiente del Magdalena hasta la del Pacífico.
Un negocio rentable
Hoy Smurfit emplea a 2.500 operarios sobre terreno y posee una enorme y sofisticada planta de producción de cartón, papel y empaques, en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Mantener el volumen habitual de producción requiere 830.000 toneladas de madera al año, es decir, cada día entran a la planta alrededor de 300 camiones cargados con troncos provenientes de las montañas del centro y suroccidente colombiano. Las condiciones geográficas de Colombia permiten que sus cultivos sean más rentables y productivos que en cualquier otro lugar del planeta; plantaciones similares de países con gran vocación forestal como Chile o Canadá tardan cuatro veces más tiempo en crecer. La disponibilidad de luz todo el año y de lluvias permanentes son las que posibilitan el rendimiento excepcional de los pinos y eucaliptos en el trópico. En una visita a Colombia, Michael Smurfit, antiguo presidente de la multinacional declaró que “en una industria como la nuestra, los grandes activos naturales, bosques y agua, han sido considerados como los elementos claves del éxito”.
Smurfit-Kappa es la papelera más grande del mundo y hace presencia en una veintena de países. En sus entrañas también hay capital colombiano. En 1986 el Jefferson Smurfit Group, con sede en Irlanda, absorbió la Container Corp., empresa de capital norteamericano que controlaba a Cartón de Colombia, fundada en 1944 por inversionistas antioqueños.
Sin embargo, los socios nacionales nunca han perdido participación en la compañía local: el Grupo Carvajal sigue siendo un accionista minoritario importante de Smurfit Cartón de Colombia. La multinacional opera en el país bajo una complejísima red de empresas subsidiarias, contratistas y asociados, donde inversionistas colombianos terminan sumando sus intereses políticos y económicos con los del capital extranjero.
Smurfit conformó la Asociación Colombiana de Reforestadores (ACOFORE) según la investigación del periodista Walter Broderick recogida en su libro ‘El imperio del cartón’, ACOFORE desplegó un poderoso lobby entre políticos y congresistas para la aprobación de legislaciones a su medida, entre ellas la ley del incentivo forestal que subsidia con dineros públicos al gremio de cultivadores de árboles, donde la multinacional ejercía hasta hace muy poco un papel monopólico.
La larga sombra de la papelera
Cartón de Colombia ha respaldado las campañas de muchos políticos colombianos, incluyendo varios ex presidentes. Según publicaciones de El Tiempo y La Silla Vacía la empresa figura entre las sociedades de capital extranjero y nacional que respaldaron el Gobierno de Álvaro Uribe y sus campañas. En concreto en 2006 Alfredo Carvajal y Juan Martín Carvajal hicieron aportes de 20 millones de pesos. Ambos son propietarios del Grupo Carvajal, a su vez accionista de Cartón de Colombia. En el informe publicado por La Silla Vacía se constataba que el gerente y el presidente de Smurfit también donaron dineros a la primera campaña de Juan Manuel Santos.
Cartón de Colombia también ha sostenido proyectos conjuntos con la Federación de Cafeteros y las Corporaciones Autónomas Regionales, entidades que tienen la responsabilidad de vigilar a la papelera.
Para comprender los vínculos de la multinacional con el establecimiento local basta echar una ojeada al libro ‘Medio siglo sembrando el porvenir’, editado por la empresa cuando cumplió cincuenta años de presencia en Colombia: media docena de Presidentes desfilan en las fotografías conmemorativas de todos esos años y una infinidad de políticos, empresarios y hasta militares aparecen posando con los jerarcas extranjeros y nacionales de la compañía.
Todos los gobiernos otorgaron o ratificaron permisos para que la multinacional explotara las selvas vírgenes del Pacífico en la región del Bajo Calima, al norte de Buenaventura. Entre 1957 y 1974 la compañía recibió cerca de 120.000 hectáreas en concesión, cuando aún no se abastecía de sus propias plantaciones. A partir de ahí, poco a poco la empresa fue haciéndose autosuficiente con los cultivos por lo que acabó abandonando la concesión antes de que acabara el plazo de 50 años.
Después de que la multinacional abandonara el bajo Calima en 1993, el periodista australiano Walter Joe Broderick visitó la zona y realizó la investigación sobre la trayectoria de Smurfit en el país que plasmó en ‘El imperio del cartón’. En este trabajo narró como la selva resultó devastada porque la compañía utilizó un sistema de corte conocido como “tala rasa”, que consiste en talar y extraer todos los árboles del terreno. Las comunidades negras e indígenas asentadas allí, que dependían de los recursos del bosque y hasta entonces convivían en relativa armonía con la selva, practicando sólo cortes selectivos de madera, sufrieron las consecuencias sociales y ambientales de este modelo extractivo. Terminaron trabajando a destajo en aserríos para la multinacional.
“Mucha gente no nos perdona que aprovecháramos bosques naturales durante muchísimos años en el Bajo Calima” admite Ricardo Gómez Londoño, responsable de la operación forestal de Smurfit para el eje cafetero. “Pero es que no era ilegal, y no es hoy en día ilegal, empresas como Maderas Pizano lo siguen haciendo en el Chocó”, concluye.
De la explotación a la plantación
Cartón de Colombia descubrió en la década del 70 que su rentabilidad aumentaría si dejaba de emplear la madera tropical de la selva, reemplazándola por fibras más homogéneas que podían cultivarse en el país con una eficiencia excepcional. Fue entonces cuando arrancaron la política de plantaciones de pino y eucalipto, las dos especies foráneas sobre las que los estudios de la FAO de 1987 denuncian los impactos negativos sobre los suelos, la biodiversidad y los ciclos del agua. La empresa logró mejorar variedades de eucalipto que alcanzan la altura de corte a sólo 7 años de plantados, y variedades de pino que tardan entre 16 y 18 años. En ninguna otra zona del planeta el negocio forestal es tan productivo, ello se debe a las condiciones privilegiadas de luz y agua disponibles en el trópico.
A escala local, finqueros y medianos propietarios de tierras alquilaron sus predios para la instalación de cultivos forestales bajo contratos de asociación, o bien se dedicaron por su cuenta a talar los bosques nativos de sus propiedades y a sembrar coníferas que terminaban cortadas rumbo a los molinos de la compañía. El modelo asociativo, mayoritario cuando Cartón de Colombia comenzó su proyecto forestal, decayó en los últimos años a medida que la empresa adquiría extensos terrenos que ahora le permiten autoabastecerse de madera. La compañía aprobó en 1974 un plan para comprar 30.000 hectáreas en un lapso de 15 años. 40 años después superaban las 67.900 hectáreas en 454 fincas entre las Cordilleras Central y Occidental.
Sus tierras e encuentran repartidas en proporciones iguales en tres núcleos de explotación –norte, centro y sur– que cubren los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Cauca y Tolima. Estas cerca de 68.000 hectáreas suponen más de la mitad de las plantaciones de la multinacional en todo el mundo, que suman poco más de 104.000 hectáreas. Su principal activo forestal se encuentra en Colombia.
Las consecuencias
La otra cara de tan fabulosa rentabilidad son las afectaciones a los cursos de agua y el impacto dañino que los latifundios forestales han tenido sobre las comunidades campesinas, donde toda la dinámica social y económica acaba trastocada.
Néstor Ocampo es un ambientalista de Calarcá (Quindío), reconocido opositor a las plantaciones forestales. Ocampo viajó hasta Irlanda en 2001 para confrontar públicamente a Michael Smurfit, el presidente de la compañía, durante una asamblea de la sociedad. Antes había acompañado los primeros procesos de resistencia civil contra las plantaciones forestales en el país: “Conocimos del problema con los pinos en Darién, Valle del Cauca, desde 1982” explica. “Nosotros creíamos que era un problema de daños al medio ambiente, pero allá descubrimos que era un asunto social, con implicaciones políticas, económicas y hasta ideológicas”.
En los 80 la población de Darién se organizó en un comité cívico llamado ‘No al pino’. Rechazaban la siembra de coníferas porque su municipio, que antes se autoabastecía de alimentos, estaba perdiendo toda vocación agrícola: ya no quedaba quien cultivara la tierra, las plantaciones de pino ocuparon terrenos fértiles, muchos jornaleros perdieron sus trabajos y aquello derivó en una profunda crisis social. Germán Mejía, que luego sería alcalde del pueblo, lideró la movilización. A Mejía lo mataron unos sicarios en 1997, su muerte nunca se aclaró.
Los casos de la dirigente campesina Dila Calvo, asesinada en Riofrío en 1995; los ecologistas Gloria Sofía Zapata, Eder Alexander y Hernando Duque, asesinados en Belén de Umbría en 1998; la ambientalista Sandra Viviana Cuéllar, desaparecida en Cali en 2012, comparten semejanzas con el asesinato de Germán Mejía. Todos ellos fueron líderes opuestos abiertamente al negocio forestal; todos quedaron en la impunidad. El portal Verdad Abierta reveló que en 2015 un juzgado especializado abrió un proceso de restitución de tierras contra Smurfit Cartón de Colombia, debido a la solicitud de un campesino de Bolívar (Valle), quien manifestó que tuvo que vender su finca a muy bajo costo por la presión de grupos paramilitares y bandas ligadas al narcotráfico que operan en la zona.
Un litigio similar sucede desde mediados de los 90 en la región del Alto Naya con un par de fincas donde la multinacional plantó pinos, pero que son reclamadas por una comunidad de indígenas paéces, quienes hasta hoy ocupan los terrenos sin conseguir su titulación. También hay cultivos de Cartón de Colombia en la hacienda El Japio, donde otro grupo de indígenas exige desde 2005 que les entreguen la tierra como parte de los acuerdos con el Estado para reparar las víctimas de la masacre del Nilo.
Por ello, el Tribunal Permanente de los Pueblos, una reconocida instancia internacional que denuncia los abusos a los Derechos Humanos en el mundo, realizó en 2007 un juzgamiento público a la multinacional en Colombia, acusándola de tener “una deuda ecológica, social, económica y cultural con el país y el total de sus habitantes, específicamente con aquellos pertenecientes a las comunidades en donde ha establecido sus plantaciones forestales, en donde ha instalado sus plantas de producción y en donde ha devastado por completo selvas tropicales y otros ecosistemas para abastecer de madera sus fabricas de papel y cartón para empaques”.
Guillermo Castaño, otro veterano ecologista fundador del movimiento ambientalista en el país, resume en pocas palabras la disyuntiva de los cultivos forestales: “¿Cómo es posible que cambiemos la riqueza más grande de nuestra región, que además es de un inmenso valor histórico y natural, por unos cultivos que sólo sirven para hacer cartón? Todo mundo sabe dónde acaba el cartón, es un producto que va a terminar en la basura. Estamos cambiando agua por basura.”
