El Gobierno se enreda con la implementación

Estamos en el día D+75 y el Ejecutivo ha sido incapaz de cumplir casi ningún punto del acuerdo de paz con las FARC. Si las zonas de normalización, en muchos casos, son un lodazal, el Congreso está siendo incapaz de meterle velocidad a lo legislativo y los indultos están empantanados.

Una vez pasados los fastos de la firma del acuerdo de paz renegociado, el 24 de noviembre de 2016, y del premio Nobel de Paz para el presidente de la República, Juan Manuel Santos, parece que el Gobierno no agarra el ritmo de la implementación. Las Zonas y Puntos de Normalización donde deberían estar concentrados todos los guerrilleros y guerrilleras desde finales de diciembre, siguen con graves problemas logísticos y hay algunos que aún no funcionan. A pesar del trámite exprés permitido, sólo ha pasado una ley de las 50 que deben ser aprobadas en el marco del acuerdo, la de Amnistía e indulto, y su aplicación está encontrando todos los problemas imaginables.

A las FARC, hasta el momento, sólo se le ha achacado cierto incumplimiento en el procedimiento especial de reincorporación a la vida civil de las y los menores de edad, aunque fue hasta el 26 de enero que el Consejo Nacional de Reincorporación, con equilibrio de miembros entre el Gobierno y la guerrilla, emitió las primeras normas para ese proceso.

La propia guerrilla y diversas organizaciones prenden las alarmas y muestran preocupación porque el clima pre electoral, la falta de presupuestos o la falta de voluntad política compliquen el acuerdo de paz. “Pensábamos que lo más difícil era firmar el acuerdo en La Habana, pero resulta que es ahora cuando hay que renegociar hasta la cosa más pequeña. Es decepcionante y agotador”, le indicaba una fuente cercana a la dirigencia de las FARC a Colombia Plural.

La lentitud o incumplimiento de los acuerdos es parte central de la campaña #VengaEsaManoPorLaPaz que este miércoles ha sido presentada en Bogotȧ, con la presencia de líderes sociales, congresistas, organizaciones sociales y ciudadanía con el fin de “acompañar y garantizar la implementación” de los acuerdos de La Habana. Durante su presentación Imelda Daza ha denunciado que los seis voceros de Voces de Paz ni siquiera tiene un sitio fijo en el Congreso, lo que compromete sus garantías de participación y que se están incorporando a las leyes cosas no incluidas en los acuerdos. El senador Alirio Uribe habló de “incumplimiento” del Gobierno y reclamó que la ciudadanía se vincule a las iniciativas de veeduría al fast track. David Flórez, vocero de Marcha Patriótica citó las condiciones “infrahumanas” de las zonas veredales de transición y acusó al Fiscal Nestor Humberto Martínez de estar actuando contra la paz del país a impedir el funcionamiento de la unidad de la Fiscalía que debe investigar el paramilitarismo. El Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) también ha denunciado que “en dos meses solo se tenga una ley aprobada y las demás estén en letargo parlamentario, con dilaciones injustificadas y desconocimiento absoluto del cronograma y proyectos legislativos que deben ser presentados”.

Estos son algunos de los asuntos más críticos de la implementación:

La Ley de amnistía e indulto

El 30 de diciembre entró en vigor la ley 1820 que permite a la amnistía e indulto de guerrillero y integrantes de las fuerzas armadas. En el caso de los primeros permite la reincorporación a la vida civil de aquellos integrantes de las FARC señalados por delitos políticos y conexos. El supuesto es que la ley era de aplicación inmediata, pero desde entonces únicamente siete guerrilleros han sido amnistiados por los jueces. Enrique Santiago, abogado de las FARC, ha denunciado esta misma semana que se trata de una situación “inédita” que, tras 45 días desde que fue aprobada, la ley no se aplique por los tribunales y que, advierte, los jueces estén poniendo trabas al proceso con obstáculos que van desde los argumentos que tratan de justificar la inaplicación del indulto, hasta providencias judiciales que solicitan al Gobierno instrucciones para hacerla efectiva.

El artículo 6 del protocolo II de Ginebra recoge la aplicación de amnistías, lo más amplias posibles, en el momento de la terminación de un conflicto armado. Según el abogado, tampoco se está aplicando el régimen de libertades condicionadas para que las personas puedan quedar a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De aplicarse la ley de amnistía, más de 4.000 miembros de las FARC serían favorecidos. Según Santiago, hasta ahora los únicos juzgados que han cumplido de manera ágil con la aplicación de la ley han sido el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Ibagué y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Cali. La Fiscalía dice que solo ha recibido 48 solicitudes.

La adecuación de las zonas veredales

El proceso que debía estar concluido el 31 de diciembre con todos los guerrilleros instalados en las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) sigue abierto y empantanado. El Gobierno ha alegado problemas propios ante una operación que ha implicado el movimiento de más de 6.000 guerrilleros desde zonas lejanas, algunas de ellas de muy difícil acceso. Pero lo cierto es que las imágenes hablan por si solas. Zonas sin agua y sin energía eléctrica, sin los accesos concluidos o sin que hayan llegado los materiales necesarios para que los hombres y mujeres de las FARC construyan los campamentos, que era la parte que les correspondía en el acuerdo con el Gobierno. El día 31 de enero, cuando debían estar los guerrilleros en las ZVTN, la Fundación Paz y Reconciliación hacia publico un informe en el que se ponía de relieve que había zonas -como Tumaco, Charras (Guaviare) o Playa Rica en La Macarena- en las que los guerrilleros no tenían a dónde llegar; otras, como Las Brisas, en el Chocó, las zonas comunes solo estaban al 17%; en La Fila (Tolima), al 20% o en El Carmen (Caquetá) donde no se había iniciado la construcción de las zonas comunes.

La pasada semana en Riosucio (Chocó), los desmovilizados del frente 57 y 58 llegaron al Punto de Normalización de Las Brisas, pero no reúne condiciones. “La guerrilla está en las Brisas como en un campamento cualquiera de los que hacían, con plástico, letrinas improvisadas y debajo de las matas de plátano”, dicen los habitantes de la zona. “La situación nos tiene los pelos de punta porque el gobierno no parece mostrar voluntad de atacar los grupos paramilitares”, explica un guerrillero, “mírenos, dizque a volver a la vida civil y no tenemos donde hacer las necesidades” . “El Frente 57 de las FARC está en este PTN por cumplirle, no al gobierno, sino al pueblo colombiano que ya está cansado de tanta guerra y es el que paga los platos rotos de todo”, dice uno de los comandantes.

Es un ejemplo de lo que sucede en muchos de estos espacios donde los guerrilleros deben prepararse para su paso a la vida civil. Otro ejemplo, la ZVTN de La Carmelita, en el Putumayo, donde las FARC han denunciado que se carece de instalaciones sanitarias y de que el agua está contaminada.

“Indigna escuchar a través de los medios masivos de comunicación las declaraciones de funcionarios que mienten al afirmar avances de porcentajes inexistentes en las obras, cuando la realidad es que el común denominador en todas ellas es la carencia de agua potable, de duchas y sanitarios, de alojamientos, de lugares adecuados para la preparación y el consumo de alimentos y el mal estado de las vías”. Este era el llamado de las FARC la semana pasada, tras diez días de movilización de los frentes hacia las ZVTN.

Un llamado que alertaba especialmente sobre la falta de condiciones higiénicas y asistencia médicas en muchos campamentos y zonas veredales para las mujeres embarazadas y madres con bebés. “Particularmente dramática se torna la situación de las mujeres en estado de gestación y los bebés, víctimas de la indolencia oficial, que los condena a permanecer en condiciones de riesgo para su salud”.

Según el último reporte del Mecanismo de Moritoreo y Verificación, a fecha del 10 de febrero unos 6.200 guerrilleros han llegado ya a las ZVTN, pero aún se encuentra en proceso la ejecución de dos movimientos en el departamento de Norte de Santander y Caquetá; y están pendientes por realizar otras dos rutas de desplazamiento hacia las zonas veredales en el departamento de Caquetá. El día 9 de febrero se interrumpió el desplazamiento de las FARC-EP en la Vereda La Neiva, municipio de la Gabarra, (Norte de Santander), “por pobladores de la región” por temor a las amenazas de otros grupos armados ante la salida del territorio de esta guerrilla.

Contenedores para entrega de armas

Este fin de semana surgió otra alerta sobre retrasos en los cumplimiento de los acuerdos. A las Zonas Veredales no han llegado los contenedores donde la guerrilla debe depositar sus armas. El documento de La Habana establece un plazo de 180 días, a contar desde la llegada a los campamentos, para la entrega total de las armas de la guerrilla, con el monitoreo de Naciones Unidas. De hecho, según lo pactado, a 28 de febrero, debería estar en esos contenedores el 30% del armamento regular de la guerrilla. El asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago, ha advertido que la situación podría ocasionar un problema en el cumplimiento de los tiempos que quedaron establecidos. “En ninguna zona veredal hay ningún contenedor, lo cual parece ser que al momento que llegue la obligación de cumplir eso pues va a ver un pequeño problema de cumplimiento”.

En los contenedores se recogerán las armas que no entrañen riesgos, éstas últimas o los explosivos debían destruirse directamente en los lugares donde los tienen ahora las FARC (y el armamento inestable antes del 30 de enero). Según Santiago, las FARC comenzaron la dejación de armas desde el primero de diciembre con la destrucción de explosivos y otro tipo de armamentos inestables.

Aunque las partes se han comprometido públicamente a cumplir el calendario pactado a pesar de este gran atraso inicial, los días pasan y los plazos se cumplen. Según lo consignado en los acuerdos de paz, el 29 de enero ya tendrían que haber comenzado el almacenamiento de las armas en los contenedores.

Unidad contra el paramilitarismo

El punto 6.1.9 del acuerdo de La Habana establece la creación y puesta en marcha de una unidad especial encargada de la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. La unidad no ha sido creada y cada día se suceden denuncias y alertas de organismos como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Defensoría del Pueblo, algunas diócesis, como la de Apartadó, la Fundación Paz y Reconciliación, o las Naciones Unidas en las que se habla de la entrada de grupos paramilitares en espacios dejados por las FARC.

El temor de la población es tal que en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú (Norte de Santander), los campesinos frenaron el traslado de casi 200 guerrilleros del frente 33 de las FARC que se dirigía a Caño Indio por temor a quedarse desprotegidos ante grupos paramilitares. La acción de los campesinos se produjo después de que el miércoles pasado 50 hombres armados aparecieron en el lugar con mensajes amenazantes, reviviendo la amenaza paramilitar que desplazó y asesinó a centenares de personas en este área del país.

La interrupción de la marcha implicó la llegada a la zona de una delegación de alto nivel del grupo de monitoreo de Naciones y reuniones con asociaciones de campesinos y la iglesia que el domingo acabaron en acuerdo y se permitió la reanudación de la marcha.

No es el único punto. Las alertas se suceden. En las últimas semanas han llegado noticias sobre la presencia paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el casco urbano de Belén de Bajirá, a pocos kilómetros de un punto transitorio de normalización de las FARC en el Chocó. “También están en la zona urbana de Riosucio y hacia las cuentas de los ríos Salaquí y Cacarica”, afirman los guerrilleros.

Desde la Fiscalía y el Gobierno se insiste en que no hay paramilitarismo y que los asesinatos y amenazas a líderes sociales que se han disparado desde la firma del acuerdo no son sistemáticos ni responden a un patrón. La pasada semana, el presidente Juan Manuel Santos daba cifras sobre el proceso de traslado de las guerrillas a las ZVTN. Aseguraba que “para copar todas esas zonas que han dejado las FARC, hay cerca de 65 mil hombres, entre Ejército y Policía, que ya están desplegados, y 15 mil hombres que están alrededor de las zonas veredales para la seguridad de esas zonas”. Sin embargo, la población no se siente segura.

El fast track no tan ‘fast’

El sistema del fast track (que permite reducir a la mitad lo debates necesarios para aprobar una ley en el Congreso) parece no ir tan fast y en las ultimas semanas se han colado en el debate político otras preocupaciones como las encuestas de intención de voto y popularidad y, sobre todo, el escándalo de la corrupción relacionado con la firma brasileña Odebrecht. Tanto es así que uno de las sesiones para la Justicia Especial de Paz, el pasado 8 de febrero, se levantó por falta de quórum. De los 50 proyectos de ley necesarios para poner en marcha compromisos entre el Gobierno y las FARC, sólo se han presentado ocho desde diciembre y solo se ha aprobado la Ley de Amnistía, aunque su aplicación no esté siendo muy efectiva. A falta de un debate está el proyecto que permite la participación de Voces de Paz, movimiento político previo a la entrada en el Congreso de las FARC, y la Jurisdicción Especial para la Paz se encuentra enredada por el intento de armonizar lo acordado en La Habana con las observaciones que al respecto ha hecho el Fiscal General, así como vuelven a alzarse voces que cuestionan el estatus ‘especial’ que tendrán los miembros de la fuerza pública. El 18 de enero se aprobó en primer debate, en el Congreso, la Justicia Especial para la Paz. Es el primero de los cuatro debates que requiere el acto legislativo, que establecía la conformación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y el Tribunal de Paz de la JEP.

Un análisis de Semana.con señala que de seguir esta tendencia, el fast track tendría que prorrogarse por seis meses más, lo que atrasaría aún más la implementación de los acuerdos.