El derecho a soñar con la paz

El 27 de mayo de 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Hoy, justo un día antes de cumplirse 52 años y 4 meses exactos de su existencia, se llega a la firma el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de un Paz Estable y Duradera.

Los argumentos para el surgimiento de esta guerrilla, sintetizados en el despojo de tierras a millones de campesinos y la exclusión política, se han mantenido a lo largo de su existencia, pues el desarrollo de esta guerra prolongada y degradada ha traído como consecuencia un aumento del latifundio, el abandono, la usurpación y el arrebato de tierras, como lo tiene registrado el Estado colombiano.

En 1991 el país dio un paso para tener una nueva Constitución que superara la intolerancia, basada, entre otras cosas, en la homogenización cultural, estructurada en los pilares de “una sola lengua y una sola religión”, con lo cual lo diverso era extraño, como lo eran, por ejemplo, los idiomas indígenas que eran considerados “lenguas extranjeras”. Esta misma Carta abrió lo canales de participación política, al pasar en el enunciado de una democracia representativa a una “democracia participativa”; sin embargo, fueron los años noventa y principios del siglo XXI, los tiempos de mayor acrecentamiento de la violencia, recrudecida por el fortalecimiento del paramilitarismo, contra la población civil, las y los defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas comunitarias, partidos políticos de izquierda y demás expresiones del movimiento social que reclamaban que se aplicara de manera coherente esa declaración de Derechos Fundamentales expuestos en la Constitución.

“El país ha soñado con terminar este conflicto armado. Sueño que se ha ido logrando a cuenta gotas”

El país ha soñado con terminar este conflicto armado. Sueño que se ha ido logrando a cuenta gotas, puesto que desde 1983 comenzaron los procesos de diálogo con la guerrilla de las FARC-EP, sin llegar a tener resultados eficaces, pues siempre ha habido incumplimiento de ambas partes, como ocurrió con el genocidio, reconocido recientemente por el Estado colombiano, cometido contra el partido Unión Patriótica (UP), el cual fue fruto de ese primer acercamiento.
El primer lustro de los años 90 mostró avances de terminación del conflicto con varias de las otras guerrillas, sobre el principio de amnistías generalizadas a los rebeldes e integración a la vida civil, sin tocar las condiciones estructurales, o razones objetivas, que dieron origen al levantamiento armado.

La firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, resultado de un proceso de diálogo durante más de cuatro años, abre las puertas de nuevo a la esperanza, a la ilusión, a sabiendas que falta avanzar en un proceso similar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos sentimientos afloran por diversas razones, entre las cuales se resaltan las siguientes.

Se tiene la certeza que se ahorrará de manera inmediata la pérdida de vidas humanas, fruto del conflicto armado, como de hecho ya ha venido sucediendo durante el tiempo de los Diálogos de Paz, por lo tanto las víctimas, que hoy ascienden a algo más de 8.000.000 tienen motivos para pensar que es muy posible que otros hermanos y hermanas de Colombia no sufran lo que ellas han tenido que padecer.

El Acuerdo Final ha abordado las dos grandes causas generadoras de esta guerra, es decir, la problemática del campo y la exclusión política. La apertura a soluciones para garantizar el acceso y uso integral de la tierra para millones de campesinos sin tierra, o con tierra insuficiente, se torna en el comienzo de una auténtica reforma agraria integral, sobre la base de Planes de Desarrollo con enfoque Territorial.

Los mecanismos claros y precisos estipulados para una “Ampliación de la Democracia” señalados en el Acuerdo Final indican que el país se dispone a llevar a mayores desarrollos lo que soñó con la Constitución de 1991: un país incluyente, que respete las diferencias, que permita la auténtica participación y que haga de la política un espacio para el debate y la construcción de país.

Hacer que las víctimas obtengan justicia, que no haya “borrón y cuenta nueva”, sino que se pueda afrontar el esclarecimiento de las verdades hasta llegar a tener un relato compartido, por muy difícil y doloroso que sea, de lo que ocurrió en materia de violación de Derechos Humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario, será el inicio de una convivencia que ayude a la reconciliación; una justicia donde los responsables de esas violaciones serán juzgados para que hagan actos de reparación a las víctimas y se garantice la no repetición de tales actos.

La firma de este Acuerdo Final, con “balígrafos”, en presencia de muchos representantes de otros Estados y de organismos multilaterales, es, sin duda, el inicio de un sendero, nada llano, sino compuesto de altibajos, pero conducente a la construcción de la Paz.

El derecho a seguir soñando con la paz, como es el deseo de esta especie que se ha expandido por el planeta realizando muchos enfrentamientos, no se puede dejar ahogar por los gritos de quienes necesitan la prolongación del estado de conflicto armado para el ejercicio de la política.

*Antropólogo, teólogo y doctor en Antropología. Exdirectivo de la UNICLARETIANA. Acompañante por más de 25 años a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el Pacífico. En la actualidad Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y miembro del Comité Coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico