El desafío de participación de las víctimas

La realidad de más de cincuenta años de guerra ha hecho que colombianas y colombianos nos volvamos huraños, desconfiados, fatalistas. Tal vez por eso a la mayoría poco le importó la trascendencia de las palabras de Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timoleón Jiménez, máximo comandante del FARC, cuando el pasado 28 de agosto, públicamente, ordenó a los miembros de su organización cesar toda hostilidad contra el Estado. Sus breves palabras evidencian un compromiso con la paz y deberán permanecer en la memoria de la nación como el momento de inicio de una nueva etapa de nuestra historia, que esperamos nos conduzca a un país más democrático y respetuoso de la dignidad humana.

Los cuatro años de negociación pública han arrojado como resultado un Acuerdo Final que contiene lo pactado en los cinco puntos de la agenda, los cuales enfrentan grandes problemas del país causantes de la guerra y los daños sufridos. Es un Acuerdo lleno de oportunidades para las víctimas, para el movimiento social y los movimientos políticos de izquierda, que deberá definir estrategias para que los mismos no se queden en letra muerta y permitan las transformaciones para una paz estable y duradera.

“El Acuerdo de La Habana está lleno de oportunidades para las víctimas, para el movimiento social y los movimientos políticos de izquierda”

Es verdad que hay temas que suscitan debate y por tanto requieren mayor discusión y una participación activa en la reglamentación e implementación de los mismos. Uno de esos temas se refiere a los derechos de las víctimas, particularmente lo relacionado con la justicia y las posibilidades de propiciar un pacto de impunidades al establecerse sanciones que evitan enviar a los guerrilleros desmovilizados a las cárceles. No olvidemos que los medios de comunicación han hecho del populismo punitivo una herramienta de propaganda y manipulación mediática muy efectiva. Los opositores del proceso de paz tienen este tema como una de sus banderas de campaña y sueñan ver a los guerrilleros de las FARC desmovilizarse e ingresar a las cárceles a purgar altas penas por los delitos cometidos, negándose a reconocer lo inviable y absurdo de tal propuesta.

Por fortuna la idea de justicia ha sido discutida por las víctimas y la mayoría centra su exigencia en los mecanismos para hacer efectiva la verdad, el esclarecimiento de los hechos y las garantías de no repetición. Hace unos días, en un evento en la ciudad en Medellín, el padre Antún Ramos, sobreviviente de los hechos de Bojayá del 2 de mayo del año 2000, ante la pregunta de si estaba o no de acuerdo con los beneficios otorgados a los integrantes de las FARC, señaló -“yo como humanista considero que la cárcel representaba un fracaso de la humanidad y por ello estoy a favor de las penas alternativas. Las víctimas no necesitamos cárcel sino verdad”-. Esta es una pista clara para el Gobierno Nacional a tener en cuenta en el cronograma de prioridades en la implementación del Acuerdo sobre víctimas. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición está pensada para los doce primeros meses después de la desmovilización, es decir para finales del 2017 o incluso el 2018, pero las organizaciones de víctimas y derechos humanos han exigido mayor prioridad y propiciar su conformación e inició de actividades mucho antes.

Otro gran desafío será lograr el reconocimiento de responsabilidad y el compromiso con la verdad de los agentes estatales comprometidos en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos. La Ley de Amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, contenida en el Acuerdo Final, establece en el artículo octavo que los agentes estatales que hayan cometido delitos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz van a recibir un tratamiento penal especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo. Esto como prestación al hecho de que los guerrilleros también recibirán beneficios de penal alternativas y la más alta amnistía posible. Incluso van a poder revisarse condenas para favorecer que se aplique la Jurisdicción de Paz a militares condenados. Esto, sumado a las normas recientemente aprobadas sobre ampliación del Fuero Penal Militar y que no se haya tocado la doctrina militar, deja muy bien blindadas a las Fuerzas Militares que pueden no responder por sus crímenes.

“No puede haber paz sin que también el Estado reconozca sus responsabilidades y se comprometa con la no repetición”

El desafío de las víctimas y sus organizaciones es prepararse para llevar los casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz y propiciar que haya verdad sobre la criminalidad estatal que no ha sido documentada, contrario a lo ocurrido con los casos de las FARC sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación ha trabajado por meses. Se requiere que la Jurisdicción de Paz garantice el máximo de participación de las víctimas y sus representantes. No puede haber paz sin que también el Estado reconozca sus responsabilidades y se comprometa con la no repetición.

El Gobierno Nacional deberá demostrar, en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, que las víctimas si están en el centro del Acuerdo. Es urgente que defina los mecanismos para propiciar una participación efectiva y eficaz y poder evidenciar que lo contenido en el acuerdo no es letra muerta. Una participación en la cual se recojan otros tres pilares trasversales del Acuerdo final: el enfoque territorial, de género y étnico, brindando posibilidades a las mujeres, indígenas, afrodescendientes y comunidades vulneradas -como las del Pacífico- para participar en las trasformaciones requeridas para hacer de la paz un sueño hecho realidad.

*Defensora de Derechos Humanos. Directora Corporación Jurídica Libertad.