El día de los decretos

Ya se conocen las condiciones económicas para la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros de las FARC y los cambios en la Fiscalía para luchar contra las organizaciones criminales, especialmente las paramilitares. Santos ha firmado en un día un paquete de 30 decretos ley.

30 May 2017

Equipo Colombia Plural | Foto: Juan David Tena (SIG)

24 horas antes de que se acabaran las facultades especiales para expedir decretos ley para la implementación de los acuerdos de La Habana, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, ha firmado 30 de estos decretos. En un día se avanzó lo que caminó ralentizado durante seis meses. Este lunes conocemos detalles de algunos de estos decretos, en el mismo día en que sabemos que todos los plazos se han estirado, tal y como ya se esperaba. Las Zonas Veredales durarán dos meses más de lo previsto y que luego se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, sin una fecha de terminación definida.

Algunos de esos decretos son de extrema importancia. Uno ha sido reclamando por las FARC, pero, en especial, por las organizaciones sociales y campesinas que han visto como nuevas estructuras paramilitares se lanzaron de inmediato a copar los espacios dejados por la guerrilla de las FARC-EP cuando ésta se replegó a las Zonas Veredales y Puntos Transitorios (los que el 1 de agosto se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación). El decreto 898 de 29 de mayo de 2017 desarrolla lo pactado en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final de La Habana y crea una Unidad Especial de Investigación “para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. La Unidad Especial estará compuesta por 95 funcionarios (incluidos 50 policías judiciales) y su director será elegido por el Fiscal General de una terna que deberá proponer el mecanismo de selección y nombramiento de magistrados y otros funcionarios judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Descargar Decreto sobre la Unidad Especial Fiscalía

El decreto también explica que hay que reajustar la estructura de la Fiscalía General para dotarla de más capacidad en la lucha contra el crimen organizado. Por eso, se indica un nuevo organigrama que incluye tres nuevas fiscalías delegadas adscritas a la Vicefiscalía General de la Nación: la delegada contra la Criminalidad Organizada, la delegada para las Finanzas Criminales y la delegada para la Seguridad Ciudadana.

Según especifica el decreto, “la Delegada contra la Criminalidad Organizada tendrá una Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, encargada de investigar las distintas manifestaciones de la delincuencia organizada, especialmente las nuevas formas de criminalidad que emerjan para ocupar los espacios dejados en los mercados ilegales por el grupo FARC-EP”. Además de esa dirección especial se crean las de Corrupción, Narcotráfico y Violaciones de Derechos Humanos.

La Fiscalía va a pedir a la Unión Europea que apoye a esta Unidad Especial con una misión temporal de acompañamiento para fortalecer “las capacidades de lucha contra el crimen organizado”.

Reintegración individual y colectiva

Otro de los decretos firmados hoy, el 899, tiene que ver con las “medidas e instrumentos para la reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP conforme al Acuerdo Final”. Los beneficiarios de este decreto serán los guerrilleros y guerrilleras incluidos en las listas entregadas por las FARC al Alto Comisionado de Paz y en el caso de los menores de edad se diseñará un programa especial dentro del Consejo Nacional de Reincorporación.

La reincorporación irá por dos caminos, la conjunta, a través de la organización de economía solidaria nacional ECOMUN (Economías Sociales del Común) que formará a las FARC de forma inmediata y cuya inscripción no podrá ser rechazada por defecto de forma o de contenido. ECOMUN, además, podrá funcionar como organización de segundo o de tercer nivel; es decir, podrá incluir a organizaciones de economía solidaria ya existentes en los territorios. Además cada guerrillero -incluidos los indultados o amnistiados- recibirá, al terminarse las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, una “asignación única de normalización” de dos millones de pesos y, luego, durante 24 meses, recibirán una Renta Básica equivalente al 90% del salario mínimo legal vigente (unos 660.000 pesos). Durante esos dos años, los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Protección a la vejez serán garantizados por el Gobierno.

Descargar decreto sobre Medidas para la reincorporación

Al terminarse ese periodo podrán seguir recibiendo la renta básica aquellos que estén siguiendo una ruta de formación pero los criterios para ese auxilio adicional serán determinados por el Consejo Nacional de Reconciliación. La renta básica sólo la recibirán, en todo caso, los guerrilleros ya reintegrados que no tengan ningún otro tipo de ingreso económico. La teoría es que conforme se vayan incorporando a ECOMUN o a trabajos de otro tipo, dejarán de recibir esa ayuda mensual.

La reintegración individual también supone que cada guerrillero obtenga una ayuda de 8 millones de pesos para un proyecto de vivienda o para un proyecto productivo. Esos proyectos productivos pueden desarrollarse dentro de ECOMUN y, en ese caso, el dinero será girado directamente a la organización de economía solidaria.

En caso de que haya ayudas adicionales que provengan de la cooperación internacional estas se sumarán a lo ya establecido. Entre otras cosas, porque el decreto incluye varios programas de acompañamiento que van desde lo educativo, el acompañamiento psicosocial o la reunificación de núcleos familiares hasta un programa especial de atención a enfermedades de alto costo o de secuelas de la guerra o medidas de protección y atención de los hijos e e hijas de miembros de la guerrilla.

La nueva ARN

Para que este plan de reincorporación funcione también se ha tenido que modificar la estructura y hasta el nombre de la hasta ahora existente Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. El decreto 897 la bautiza como Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y tendrá como “objeto gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, la política, los planes, programas y proyectos de Reincorporación y normalización de los integrantes de las FARC-EP, conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 a través de la Unidad Técnica para la Reincorporación de las FARC-EP; y de la política de reintegración de personas y grupos alzados en armas con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia”.

Descargar el decreto sobre la nueva Agencia Para la Reincoporación y la Normalización

Esta agencia será la responsable de crear y gestionar el Programa de Reincorporación Económica y Social para los integrantes de las FARC-EP e incorporará en su estructura interna la Unidad Técnica para la Reincorporación y Normalización de las FARC-EP.

Sustitución de cultivos

Además de los otros decretos, ya se conoce el que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que está recogido en el decreto ley 896 de 29 de mayo de 2017 y que dependerá de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El decreto especifica que el PNIS se llevará adelante con el personal que ya tiene la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y que beneficiará a “familias campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito, que voluntariamente se comprometan a las sustituciones de los cultivos de uso ilícito, la no resiembra, ni estar involucradas en labores asociadas a estos, y que no hayan realizado siembras posteriores al 10 de julio de 2016”.

Descargar el decreto sobre Sustitución de Cultivos

Aunque el Programa tiene cobertura nacional va a dar prioridad a las zonas priorizadas en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), a aquellas zonas con especial densidad de cultivos de uso ilícito y de población, a los cultivos en Parques Nacionales Naturales y a las “comunidades que se hayan acogido al tratamiento penal diferencial”. El PNIS va a tener una vigencia de 10 años.