Por Erik Arellana Bautista (HREV Colombia)
El número que lo explica es 2.437 (sin tener en cuenta el subregistro). Ese es el número de jóvenes colombianos que fueron detenidos, heridos o asesinados en un solo año: 2021. No en una guerra, no en un enfrentamiento armado, todos fueron en el marco de la protesta social.
La cifra viene de la Base de Datos de Justicia y Verdad en Acción (JVA), un archivo colectivo construido registro por registro por las más de 50 organizaciones sociales que conforman JVA, la base de datos reúne información de tres años, desde 2019 hasta el 2021. JVA documentó lo que el Estado prefirió no contar, en total: 2.818 casos. 171 personas asesinadas, decenas de ciudades y un patrón que se repite con tanta regularidad que ya no puede llamarse accidente.
Pero para entender qué pasó en 2021, hay que entender algo que empezó mucho antes. En 1928, antes de disparar contra los trabajadores bananeros en Ciénaga, el gobierno los llamó «cuadrillas de malhechores», antes de exterminar a la Unión Patriótica en los años ochenta, los llamaron «brazo político de la guerrilla» y antes de asesinar a 7.400 jóvenes pobres y presentarlos como guerrilleros muertos en combate, los llamaron «n.n.», nadie, desechables. En 2021, antes de dispararles en los ojos a los manifestantes del paro nacional los llamaron «vándalos», «terroristas», «perturbadores del orden público». El lenguaje no es un detalle, es el primer paso del mecanismo.
La categoría de enemigo interno no describe una amenaza real. Describe un miedo real: el miedo de los que tienen poder a los que podrían quitárselo por las vías que la propia democracia ofrece.
El 28 A
El 28 de abril de 2021, el día que arrancó el paro nacional, el presidente Iván Duque activó el ESMAD y autorizó la presencia del Ejército en las ciudades. Sus declaraciones de esas primeras horas hablaron de «infiltrados», de «vándalos que aprovechan la protesta», de «terrorismo urbano». El ministro de Defensa, Diego Molano, fue más directo: llamó a los bloqueos «actos terroristas» y a quienes los sostenían, «terroristas».
Esas palabras no fueron retóricas, fueron instrucciones. Cuando el Estado le dice a sus fuerzas de seguridad que están enfrentando terroristas, no ciudadanos, no manifestantes, no jóvenes con cacerolas, les está diciendo implícitamente que las reglas del Estado de derecho para garantizar el orden público no se aplican. Que la proporcionalidad es una molestia, que el enemigo no merece protección.
Ese mecanismo, nombrar primero, eliminar después, tiene en Colombia casi cien años de historia documentada. Los trabajadores de las bananeras fueron llamados «malhechores» por un decreto firmado antes de que el Ejército abriera fuego en 1928. Los militantes de la UP fueron etiquetados como «combinación de todas las formas de lucha» antes de que el DAS comenzara a cruzar sus nombres en listas de muerte. Los jóvenes de Soacha fueron llamados guerrilleros después de muertos, no antes, porque la escenificación requería del cuerpo. 2021 fue diferente solo en la velocidad, las redes sociales permitieron que la estigmatización llegara antes que las balas, en tiempo real, con hashtags. Pero las balas y el resto de excesos llegaron.
2021 un año que rompió todos los récords
Colombia lleva décadas acostumbrada a sus propias cifras de violencia, pero en 2021 fue distinto. Cuando el gobierno de Duque presentó en abril una reforma tributaria que pretendía gravar hasta los servicios funerarios y los paquetes de internet, las calles respondieron de una manera que el país no veía desde hacía generaciones. Jóvenes, sin armas, con cacerolas, con carteles en las esquinas de sus barrios.
La respuesta del Estado quedó registrada en la Base de datos de JVA: 49 casos en 2019, 294 en 2020, 2.437 en 2021. Cada número es una persona que fue detenida de madrugada sin orden judicial, que recibió un disparo de perdigón en el ojo, que apareció muerta sin que nadie rindiera cuentas. La escala importa porque hace imposible el argumento del «exceso individual». Cuando el patrón se repite ya no es un exceso atribuible a algunos agentes, es una política de Estado.
De los 171 asesinatos documentados, 70 ocurrieron en el Valle del Cauca. La mayoría, en Cali, en 2021, en los primeros treinta días del paro. En 2021, el 86% de todos los casos de tres años ocurrieron en doce meses. Eso no es una crisis. Es una decisión.
Los barrios que el mapa oficial no muestra
Los registros de la BD JVA no están distribuidos al azar. Siguen la misma geografía que la desigualdad colombiana lleva décadas trazando: donde la ciudad se acaba y el Estado aparece solo con uniforme de guerra, ahí se concentran los casos. En Cali: Aguablanca, Siloé, Terrón Colorado. En Bogotá: el corredor del Sur, la Autopista hacia Soacha. En Bucaramanga: los barrios populares del área metropolitana, con 435 casos registrados en tres años. En Popayán: 140 casos en una ciudad que rara vez aparece en los titulares nacionales.
Soacha merece párrafo aparte. El municipio que colinda con Bogotá al sur, el que recibe a las personas desplazadas del conflicto, a las migrantes venezolanas, a las que la capital expulsa, registra 78 casos y 14 asesinatos. Más que muchas capitales departamentales. También fue en Soacha donde en 2008 aparecieron los cuerpos de varios jóvenes desempleados asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros. El mismo municipio. El mismo perfil de víctima. Trece años después.
Y luego está Cúcuta. La frontera con Venezuela. Una de las ciudades más activas en las movilizaciones de 2021. Cero registros en la base de datos. No porque ahí no pasó nada. Sino porque el silencio también tiene geografía: donde el miedo o la presencia de grupos armados impide que las víctimas denuncien, el mapa queda en blanco. Ese blanco no es inocente, es parte del mismo sistema. El cuarto paso del mecanismo: administrar el olvido.
Quiénes son: el perfil del enemigo inventado
Si se pudiera hacer un retrato compuesto de las víctimas de esta base de datos, sería un hombre joven. Tendría entre 23 y 28 años, el rango más frecuente, con 1.133 personas. Viviría en un barrio popular de una ciudad grande, no tendría trabajo estable, o lo tendría precario y habría salido a la calle a protestar.
Más del 94% de las víctimas con edad registrada tienen menos de 29 años. Ese perfil no es casual: es exactamente el mismo que el de los jóvenes reclutados con engaños en Soacha y asesinados entre 2002 y 2008 para ser presentados como bajas en combate. Jóvenes pobres, desempleados, sin redes de protección social. El informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los mal llamados «falsos positivos» los describe con esas palabras exactas: seleccionados por ser invisibles para el sistema.
En 2021, esos mismos jóvenes salieron a la calle y el Estado volvió a dispararles. Las armas cambiaron, perdigones, gases, pistolas traumáticas; el objetivo no. Entre las 317 mujeres registradas hay historias que la base de datos apenas esboza. La violencia contra las mujeres en contextos de represión tiene una dimensión específica que los números no capturan del todo. Luego están los 83 adolescentes de entre 14 y 17 años y los 5 menores de 14. El derecho internacional los llama sujetos de protección especial. En Colombia llevan casi cien años siendo tratados como lo contrario.
Las cárceles también cuentan
Uno de los hallazgos más perturbadores del análisis es lo que ocurrió en Bogotá. La capital registra 615 casos y 61 asesinatos, pero más de la mitad de esos asesinatos, 45, están vinculados a la Cárcel La Modelo y al sistema penitenciario del INPEC, principalmente en 2020.
El 21 de marzo de 2020, mientras el país entraba en cuarentena por la pandemia, las cárceles colombianas explotaron. El hacinamiento, el miedo al contagio y la brutalidad de la respuesta institucional produjeron muertes en La Modelo que el gobierno llamó «disturbios». Los familiares los llamaron masacre. La Base de datos de JVA los registra junto a los casos de la calle porque entiende algo que el discurso oficial suele negar: el juvenicidio no distingue si la víctima está adentro o afuera de una celda, el Estado alcanza a sus jóvenes donde los tiene.
Dentro o fuera, el patrón es el mismo: primero los nombran —presos que se amotinan, vándalos que bloquean, terroristas que atacan—, después los eliminan, y el Estado no responde por ello. En 1928, el general Cortés Vargas fue condecorado por el Congreso después de ordenar la masacre de las bananeras. En 2021, ningún oficial de la Policía o el Ejército que participó en los hechos documentados por la JVA fue condenado por ello. La impunidad no es una falla del sistema, es parte del sistema, fue construida activamente: encubrimientos, archivos cerrados, presiones sobre investigadores, ascensos a responsables.
Un siglo de enemigos inventados
La historia que cuentan los 2.818 registros de la Base de datos de JVA no empieza en 2019. Empieza mucho antes, la estructura que hizo posible lo que ocurrió en el estallido social es la misma que hizo posible la masacre de las bananeras en 1928, el exterminio de la Unión Patriótica entre 1984 y 2002, los falsos positivos entre 2002 y 2008, o el asesinato de más de 1.400 líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz desde 2016.
El mecanismo funciona siempre igual. Primero viene la estigmatización: un lenguaje que deshumaniza y saca al sujeto del campo de la protección jurídica. Segundo, la fusión entre oposición y amenaza: disentir y atacar se vuelven equivalentes, cualquier organización popular puede ser tratada como acto bélico. Tercero, la judicialización de la exclusión: el Estado produce normas que convierten en criminal al que reclama derechos, la ley no protege: produce el enemigo. Cuarto, cuando la violencia directa es costosa, aparece la tercerización: el paramilitarismo, los grupos armados, las estructuras que actúan con tolerancia del Estado sin dejar rastro de las órdenes.
Lo que cambia entre 1928 y 2021 es la velocidad, la escala, y la tecnología. Lo que no cambia es la lógica: identificar a quién está reclamando algo que el poder no quiere ceder, nombrarlo enemigo, y eliminarlo. Los jóvenes que salieron a protestar contra la reforma tributaria de Duque no eran enemigos de Colombia, eran ciudadanos ejerciendo el único derecho que les quedaba. Pero el Estado colombiano lleva casi cien años enseñando a no ver esa diferencia.
Lo que los datos no pueden hacer solos
Una base de datos puede demostrar un patrón, no puede devolver a los muertos No puede reproducir la voz de las madres que todavía esperan que alguien del Estado les diga: sí, esto fue una responsabilidad nuestra, y vamos a responder por ello.
Las Madres de Soacha esperaron trece años para que el caso de sus hijos llegara a la JEP. Las familias de los militantes de la UP esperaron cuarenta años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Colombia en 2023. Los sobrevivientes de la masacre de las bananeras guardaron la memoria durante décadas porque el Estado dijo que no había pasado nada.
Lo que sí puede hacer una base de datos, lo que la de la JVA hace, lo que este análisis intenta, es que sea imposible decir que no se sabía. 2.818 registros. Nombres, apellidos, fechas, municipios, el tipo de agresión, el responsable identificado cuando fue posible identificarlo. Todo eso está ahí, en un archivo que cualquier fiscal, cualquier juez, cualquier ciudadano puede abrir.
El juvenicidio en Colombia no fue una tragedia, las tragedias no tienen responsables. Esto tuvo uniformes, tuvo órdenes, tuvo una cadena de mando y tiene cien años de práctica. Lo que están viviendo los jóvenes señalados por el gobierno de Abelardo de la Espriella en los sectores marginados y que están siendo presentados como positivos dados de baja, el joven Donovan Balanta asesinado tras un procedimiento policial, los que se movilizan en universidades que algunos medios de comunicación señalan como infiltrados de las guerrillas… ellos y ellas son los primeros de una lista en la que se basará en la necropolítica que apenas lleva un mes de haber iniciado el gobierno.
