“El fin de la mesa con el ELN es una condena a muerte para las comunidades”

Una bomba, la que reventó el jueves 17 de enero en Bogotá, constató que el Gobierno escucha con más facilidad algunas explosiones puntuales que la voz de cientos de comunidades víctimas del conflicto. Colombia Plural habla con líderes del Pacífico para conocer su análisis de lo que se viene.

El levantamiento de la mesa de diálogos de La Habana [con el ELN] supone condenar a la gente del Pacífico a la muerte, a que nos maten los bombardeos o las balas del Ejército colombiano o que los maten las balas del ELN”. La sentencia es de Leyner Palacios, líder de la comunidad de Bojayá, Chocó, y uno de los que confiesa tener “miedo, tristeza y dolor” por la decisión del Gobierno de cancelar las estancadas conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional tras el atentado en la Escuela de Cadetes.

La voz de las comunidades no llega a Bogotá. En su día, no pareció que Iván Duque se conmoviera por las marchas por la paz que se convocaron el mismo día de su toma de posesión. “Cosas de perdedores de elecciones”, debió pensar el mandatario. Tampoco parece que sus altos funcionarios le hayan hecho llegar reportes sobre la incesante actividad por la paz en comunidades afectadas al extremo por la guerra que este gobierno, como el partido que lo respalda niega. Encuentros, talleres, velatones, seminarios, plantones realizados desde Quibdó a Tumaco, de Cali a Toribío, de Buenaventura al Magdalena Medio…

Esas voces, como las de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, llevan meses pidiendo al Gobierno dos cosas: que diera un nuevo impulso al fallido cumplimiento de los históricos y precarizados acuerdos de paz con las FARC y que volviera a la mesa de conversaciones de La Habana donde la delegación de alto nivel del ELN lleva esperando desde finales de julio a que el Estado colombiano le apostara a negociar antes que a guerrear.

Esas voces han sido desoídas. Las de las autoridades eclesiales, como el arzobispo de Cali o los obispos de Quibdó o Apartadó, y las de los representantes internacionales, como el del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Gobierno ignoró la posibilidad de la paz y llevó al extremo sus argumentos esperando que el ELN cometiera un error fatal –como el del ahora reconocido atentado en Bogoá- y apostando a que los más enfadados de las FARC hicieran lo propio.

Los asesinatos de líderes y lideresas en todo el territorio nacional, los desplazamientos masivos, las masacres, el confinamiento de comunidades enteras como consecuencia de la lucha territorial que abrió el repliegue de las FARC no han conmovido al Gobierno. Sin embargo, el ataque a la Escuela de Cadetes en Bogotá sí.

Alexis Heredia Rojas, vicepresidente de Cocomacia, la gran organización afrochocoana, reflexiona al respecto: “Para nadie es un secreto que, para Bogotá, el ‘accidente’ que ocurrió ahora es bastante doloroso, pero los que vivimos el día a día, sufriendo la inclemencia de la guerra somos las gentes de los consejos comunitarios porque la guerra está más que todo en las comunidades, no está en las ciudades”. El líder afro cree que tras la ruptura de toda posibilidad de negociación con el ELN “la arremetida va a ser más fuerte y hay altos riesgos de desplazamiento en las comunidades porque al levantarse la mesa nuestras comunidades entran inmediatamente en un riesgo más alto del que actualmente ya viven”.

A Leyner Palacios, el reconocido líder de Bojayá y muy activo en los procesos para impulsar la paz, se le escucha abatido. Confiesa, que desde finales de septiembre ya se temía lo peor. “Cuando pasó el mes de ‘reflexión’ sobre el proceso [con el ELN] que había anunciado Duque y no dijeron nada, cuando dijeron que iban a contar con la evaluación de la Iglesia y Naciones Unidas y estas entidades recomendaron seguir con las conversaciones, pero el Gobierno no decía nada… nos temimos lo peor”. Por eso, el pasado 2 de octubre, varios líderes y lideresas y un grupo de alabaoras del río Bojayá se desplazaron a la Plaza Bolívar con el cristo mutilado de Bojayá para hacer un plantón y pedir que se diera un impulso a la paz y se retomaran las conversaciones, congeladas en la práctica desde finales de julio.

“Colocar unas condiciones para sentarse a dialogar [por parte del entonces nuevo Gobierno], como que el otro actor deje sus actividades ‘delictivas’… a eso no se le veía lógica porque precisamente es un actor ilegal. Era ilógico porque son acciones que no se deberían presentar pero que son las lógicas de la guerra. Por eso pensamos que con este Gobierno no iba a tener éxito esa mesa”. Palacios recuerda a los líderes nacionales que “la presencia del ELN y de otros grupos armados en nuestros territorios es una realidad histórica y está plenamente comprobado que el Estado no cuenta con capacidad para contrarrestar su presencia en estos territorios por la vía militar. Y cuando hemos tenido presencia por la vía militar la consecuencia es más derramamiento de sangre y no precisamente de los actores armados sino de la población civil. Nos cogen como escudos humanos, se siembran minas antipersonales, los jóvenes son secuestrados o reclutados, en muchos casos nuestras mujeres son violadas, los atropellos y los bloqueos económicos, el confinamiento…”.

Leyner Palacios, Premio Mundial por El Pluralismo, cree que, “desafortunadamente, estas realidades no se conocen en el país y menos en el mundo” y echa en cara que “los padecimientos que sufren día a día nuestras comunidades en el Pacífico no son suficientes para preocupar a la Colombia urbana, a los dirigentes de este país”.

“La sangre que corre en una confrontación afecta especialmente a gente de comunidades como las nuestras”

Desde Bojayá plantean que sólo en l mesa se puede desactivar la guerra, jamás en el campo de batalla. “Yo tengo mucho miedo, me da tristeza y dolor porque si bien uno comprende que en esta guerra no se deberían realizar acciones como las que hizo el ELN [en la Escuela de Cadetes], la realidad de la guerra nos ha mostrado que siempre y cuando las partes no se sienten a negociar, este tipo de acciones las vamos a seguir viviendo. Ahora, el levantamiento de la mesa de diálogos de La Habana es condenar a la gente del Pacífico a la muerte”.

Por eso, Alexis Heredia, desde Cocomacia, el Consejo Comunitario Mayor de la  Asociación Campesina Integral del Atrato, manda un nuevo mensaje al Gobierno: “Para nosotros esa mesa se debe reanudar porque lo que el presidente hizo… lo hizo al calor de la rabia y no analizó las consecuencias que puede traer esto y no tuvo en cuenta que como población civil somos siempre los que caemos cuando ellos se enfrentan”.

Desde el Cauca

En Guapi, en Timbiquí o en López de Micay el temor es denso. Hablamos con personas del tejido organizativo en varios de estos municipios y el habitual miedo a poner rostro o nombre ahora se ha multiplicado por mil.

Una voz autorizada de Cococauca, la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca, plantea que “el país amerita una salida política y negociada del conflicto armado”. “Lo contrario, en nuestro territorios -estratégicos por las características geográficas de conectividad entre la zona andina y el Pacífico- se convierte en un punto de mucha apetencia para los diferentes actores del conflicto armado. Implica que el rompimiento de los diálogos nos lleva a un punto más crítico de lo que hemos vivido. La guerra en nuestros territorios no ha cesado, se ha mantenido. Y sirvió mucho los diálogos y la negociación que se hizo con las FARC, porque silenció bastante el accionar bélico, bajó el riesgo para la movilidad, las amenazas… con el rompimiento [con el ELN] se acrecientan los riesgos en nuestras comunidades, en nuestras vidas”.

El vocero de Cococauca, una organización que sobrevive en el epicentro de una de las zonas de guerra más duras en estos momentos, se lamenta del atentado en Bogotá, pero recuerda que “todas las muertes son malas, vengan de donde vengan” y menciona a los líderes y lideresas que son asesinados sistemáticamente sin una reacción clara por parte del Estado. E insiste en la idea que transmitían sus compañeros del Pacífico norte: “La sangre que corre en una confrontación afecta especialmente a gente de comunidades como las nuestras”.

Desde Guapi, el director de la pastoral social, el sacerdote Hilario Cuero, plantea que hay un alto riesgo de que “se dispare la violencia relacionada con el narcotráfico o los conflictos de control del territorio” y señala el alto riesgo, no solo para las comunidades, sino para organizaciones y personas que han acompañado los procesos de paz en estos años, como la propia iglesia católica en la zona.

La mirada regional

Decenas de organizaciones étnicoterritoriales de esta región del país, de las más empobrecidas y golpeadas por la guerra, y las diócesis católicas del área mantienen una plataforma de trabajo llamada Coordinación Regional del Pacífico. Su actual coordinador es un viejo conocido en la lucha por los derechos humanos y en la defensa de las comunidades, el sacerdote Jesús Albeiro Parra. Su análisis no es más optimista que el de los líderes en los territorios. Desde Cali, Albeiro Parra advierte que el final del proceso de conversaciones con el ELN “para las comunidades más que grave es gravísimo”. Explica que “la región tienen una fuerte presencia del ELN, tanto de hombres armados, como de trabajo político” y, además, “está el reciclaje del paramilitarismo y las disidencias de FARC, que son muy fuertes en el Pacífico Sur. Esto se pone muy difícil, porque las comunidades mal o bien iban acompañando la implementación de los acuerdos con las FARC. Pero todo esto va a cambiar porque se van a incrementar los enfrentamientos armados… es muy grave porque va a haber una cacería de brujas en los territorios, más de la que ya hay, con la estigmatización, el asesinato y desaparición de líderes y lideresas”.

Albeiro Parra señala, además, que ahora cambiarán lagunas de las dinámicas de trabajo de “los organismos internacionales que apoyaban el trabajo comunitario respecto a los procesos de paz”. Si la comunidad internacional constata que al Gobierno de Duque no le interesa negociar… ¿para qué van a invertir dinero y recursos en esa línea?

“Eso sí”, advierte desde la Coordinación Regional del Pacífico, “las comunidades negras e indígenas, en su capacidad de resistencia y resiliencia, no se van a quedar calladas. Toca recrear nuevos escenarios de supervivencia, de cómo vivir en medio de estas duras condiciones, como hemos hecho en otros momentos de esta triste historia”.