Juicio urgente a los medios de comunicación

Tras el atentado en la Escuela de Cadetes, los medios de comunicación están siendo correa de transmisión de las fuentes oficiales que son, no hay que olvidarlo, parte del conflicto armado que vive en el país. La preposición “según” es más importante que nunca.

¿Es verdad la verdad del Ministro de Defensa de Colombia, al tiempo uribista declarado y representante de poderosos sectores económicos del país?, ¿lo es la de la cuestionada Fiscalía?, ¿lo es la del presidente de la República?

Los periodistas, en general, deberíamos dudar de las fuentes, comprobar, en la medida de lo posible sus afirmaciones y, en caso de no poder hacerlo, dejarle muy claro a lectores o espectadores que lo dicho tiene un origen y no está corroborado.

Los periodistas que cubren conflicto armado saben, además, que la verdad, como escribió Esquilo hace 26 siglos, es la primera víctima de la guerra. Es decir, las verdades del Gobierno, del Ejército o de la Policía, actores de la guerra, o de la guerrilla o de los paramilitares, o de los capos territoriales debe ser puestas en cuarentena porque suelen estar preñadas de propaganda.

Parte de la “victoria narrativa” del Estado durante los gobiernos presididos por Álvaro Uribe fue ganar para su causa a buena parte de los medios de comunicación que hacen piña cada vez que un acto de guerra golpea el Estado y transmiten la ‘información’ de las fuentes oficiales como si fueran verdad. Así ocurrió con las “ejecuciones extrajudiciales” hasta que empezaron a ser “falsos positivos”, se publicaron cientos de noticias informando de éxitos militares contra las guerrillas que, en realidad, encubrían una práctica criminal. ¿Podían saber medios y periodistas lo que escondían esas “notas de prensa” redactadas por periodistas al servicio de la maquinaria de guerra? Imposible, pero sí podían haber dudado y haberse agarrado con ferocidad a la preposición “según” desde los titulares hasta el último pie de foto.

No ha ocurrido esto después del terrible atentado del jueves. La mayoría de los medios se han lanzado a reproducir la información express y contundente (y contradictoria) de las autoridades. Con notables excepciones –como el esfuerzo de Noticias Uno por cuestionar la versión sobre la entrada de la camioneta a la Escuela de Cadetes-, la mayoría de los medios han servido de correa de transmisión sin matices, sin un “según” que finte la vehemencia, sin un condicional que nos deje la ventana abierta a una verdad que siempre es más compleja de lo que se nos muestra. Esto no quiere decir que el atentado no haya sido perpetrado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como asegura sin fisuras la Fiscalía, pero sí significa que todavía no están claras ni las circunstancias ni la autoría al 100%.

El atentado llega en un momento “perfecto”, desde el punto de vista político, para el Gobierno que, como en la época Uribe, encuentra el “enemigo único” y enfila toda su artillería narrativa contra él.

Nada importa que unas instalaciones policiales en un país en guerra tengan tan precarios protocolos de seguridad, nada importa que durante seis meses el Gobierno no haya enviado ni a un emisario de segunda categoría a La Habana para retomar las conversaciones de paz con el ELN –que ya habían logrado el hito de un alto el fuego de 101 días-, nada importa que la mayoría de atentados contra líderes sociales estén sin resolver, nada importa

Hay medios que se han entregado con especial pasión al ejercicio de ser correa de transmisión. La portada de Semana, adaptada a la actualidad, titula: “Les llegó la mano dura”, sobre un fotomontaje con la figura de Gabino, el máximo líder del ELN, e imágenes del atentado. El pie de foto no tiene desperdicio para un estudioso de la deontología periodística: “Las confirmación de la responsabilidad del ELN no causó mucha sorpresa”. El juicio sumario ya está hecho. Pero el texto que acompaña al titular es aún peor: “Con el atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de la Policía el ELN entierra la negociación, se aisla [sic] de la sociedad y obliga al Gobierno a asumir la mano dura”. Es decir, el presidente Duque no tiene opción y nada cuentan los seis meses de vagas excusas para no sentarse en la mesa de negociación. Desde la lógica de Semana, un medio pro-guerrillero hubiera titulado: “Con la negativa a negociar, la presión en las zonas de guerra y los asesinatos de guerrilleros en combate, Duque obliga al ELN a recrudecer la guerra”.

Otro titular de portada de Semana se pregunta: “¿Vuelve el terror?”. Y alguien con información podría repreguntar: ¿Alguna vez se fue? Porque el terror de la guerra no ha cesado en amplias zonas de Colombia. El Pacífico, el Cauca, amplias zonas del suroccidente del país, el Catatumbo… los territorios azotados por la guerra son muchos y los civiles de esas zonas podrían explicarle a Semana que el terror muta, se transforma, pero sigue. Algunos le podrían indicar que esa “mano dura” que alientan desde su portada se traducirá en muerte y devastación en el Chocó, en Arauca, en Guapi o en Antioquia.

Semana remata el trabajo con un video en el que se hacen afirmaciones de extrema gravedad, como que el ELN está camuflado entre la población civil y que para acabar con esta guerrilla hay que hacer trabajo de “infiltración”. Afirmaciones que convierten en objetivo militar a poblaciones rurales de una parte significativa del país. Eso sí, el medio bogotano da por inaugurado el Gobierno de Duque gracias al atentado, al que deja “un único camino: la vía bélica”.

El Tiempo o El Espectador han dado por buena la versión oficial y ha dado detalles sobre el autor del atentado, sobre cómo se preparó o sobre la participación de miembros del COCE (Comando Central) del ELN sólo basándose en la información oficial; dándola por buena sin ningún matiz. Vuelve y juega: es posible que detrás del atentado haya estructuras del ELN, pero sólo posible. Y la experiencia nos dice, que las conclusiones de la Fiscalía se convierten en verdad en las primeras 48 horas, luego, aunque una parte de sus conclusiones se caigan por su propio peso, la voraz realidad del país hace que nada se sepa o que, de saberse, poco importe.

La celeridad de la Fiscalía en este caso contrasta, además, con la impunidad en que se mantienen otros. ¿Recuerdan los medios la masacre de El Tandil (Tumaco) en octubre de 2017? Todas las fuentes apuntaron a agentes de la hoy heroica policía (así sin matices, también) como responsables del asesinato de 9 civiles pero un año y tres meses después, ninguno de los 40 agentes investigados ha sido sancionado y no hay visos de que la verdad emerja gracias a los expertos de la Fiscalía que en 24 horas han armado el complejo puzle del atentado de la Escuela de Cadetes.

La Silla Vacía, un medio reconocido por sus análisis, se atrevió a titular ayer: “El ELN se pegó un tiro en el pié” y la autora escribía: “Así que con la tragedia en Bogotá de esta semana se pegaron un tiro en el pie: acabaron con la mesa y cargando con el lastre de que fue por culpa de ellos, algo con lo que pusieron en entredicho el estatus político que les había servido para mantener el apoyo de la comunidad internacional y de la Iglesia Católica”. Es decir, aunque todavía no hay confirmación de la autoría, el medio da por buena la versión del Estado y considera que el supuesto acto de guerra pone fin a las negociaciones, obviando que la guerra no ha cesado en estos meses de estancamiento de la mesa.

Es responsabilidad de los medios entender la guerra como una sucesión de sucesos más o menos reseñables o como un proceso complejo plagado de violencia, de propaganda, de ambivalencias y de dolor. Parece de una ingenuidad peligrosa pensar que mientras la delegación del ELN ha estado mano sobre mano en La Habana –al menos, desde finales de julio, cuando el Estado bloqueó la mesa- y mientras Duque subía impuestos o peleaba con los estudiantes, en las trincheras los guerreros estaban jugando fútbol.

La guerra no ha cesado y en la mentalidad de los guerreros de ambos lados eso significa golpear al enemigo. Lo hace el Ejército, lo hace el ELN. Para pedirla a un actor insurgente que no utilice la violencia el mejor sistema parecería ser negociar la paz. Lo que se está contando, entre aplausos mediáticos, es el regreso a la política uribista de acabar la guerra con más guerra –lo que sólo se puede traducir como una guerra permanente como método de gobierno-.

Nada han contado los medios convencionales, por ejemplo, de la percepción que hay en las comunidades en zona de guerra con presencia del ELN de la decisión del Gobierno de romper de forma oficial las negociaciones que estaban en cuidados intensivos. Nada sabemos de sus voces, ni de sus temores. Parece más simple recoger las declaraciones de ministros, generales y presidentes.

Tampoco se ha contado nada del operativo del INPEC el mismo sábado 19 de enero en la conocida como “zona técnica de Bellevista”, el espacio en la cárcel de Bello (Antioquia) donde se han logrado cocinar todos los acercamientos entre el Estado y el ELN y en el que permanecían seis presos de la guerrilla, lo que garantizaba algún tipo de interlocución pase lo que pase en la guerra. La resolución 900114 del INPEC, girada ese mismo día, ha supuesto la dispersión de este grupo y el envío de los guerrilleros a los centros de La Picota, La Dorada, Ibagué, Palmira, Valledupar y Cómbita.

Tampoco se está explicando con precisión que cuando un proceso de conversaciones de paz fracasa, como lo hace ahora el del ELN por decisión unilateral de Duque, los protocolos internacionales garantizan el regreso a sus campamentos de las y los negociadores insurgentes. Por tanto, las peticiones y presiones de Duque a Cuba no solo son improcedentes sino que no tienen asidero en el derecho internacional.

Colombia Plural siempre ha defendido que los medios de comunicación somos parte del conflicto, para lo bueno y para lo malo, y algún día deberemos pasar por una Comisión de la Verdad que sitúe con precisión el grado de responsabilidad que tenemos en esta guerra. Mientras, nos atrevemos a hacer este juicio rápido sólo para abrir la ventana de la duda y animar (nos) a utilizar las herramientas que nos permite el periodismo profesional para no ser cómplices de la propaganda de ninguna de las partes.