El suroccidente apuesta por la paz ante la inmovilidad del gobierno
El primer año de Iván Duque se salda con un retorno acelerado a la violencia y múltiples retrocesos en materia de derechos humanos que hace tambalear la frágil y endeble esperanza construida con los acuerdos de paz de La Habana.
De todo el territorio nacional llegan noticias desoladoras: un día la prensa informa de comunidades confinadas y aterrorizadas en los afluentes del Atrato y el San Juan por la confrontación entre Gaitanistas y miembros del ELN, al día siguiente se anuncia el asesinato del enésimo líder indígena en las montañas del Cauca. Un noche los noticieros reportan que una patrulla militar disparó contra una lideresa y su escolta en Arauca (“errores militares” es como le dicen), después es primera plana el homicidio de un candidato conservador en Catatumbo, y otra noche abren con las imágenes de una camioneta incendiada en Suárez, donde los disidentes de las FARC masacraron a una candidata a la alcaldía con toda su comitiva a bordo.
Y así se van sucediendo las masacres y los asesinatos, los falsos positivos y las deserciones masivas de ex combatientes que retoman las armas, y así el terror va instalándose de nuevo como única normalidad posible, mientras al Presidente y su gabinete le desvela la cada vez más gris y nebulosa “economía naranja”, o conseguir que Colombia se convierta en sede de la copa América y el mundial de futbol.
Pero las comunidades no se resignan. En todo el suroccidente colombiano hay movilizaciones hoy 16 de octubre como parte de la jornada “Por la vida y por la paz: los pueblos buscan unidad”, reclamando al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos cívicos pactados con las comunidades y un compromiso real hacia el proceso de paz y la implementación del acuerdo de La Habana.
“La solución negociada es la más acertada”, gritaban cientos de manifestantes por las calles céntricas de Quibdó, una de las ciudades que mejor acogió la iniciativa. También hay eventos, marchas y concentraciones programadas en Buenaventura, Palmira, Cali, Pasto, Ipiales, Mocoa, Sibundoy, Popayán, Guapi, Istmina y Tumaco. “Nos hemos reunidos todas las iglesias del Pacífico sur frente a esta situación tan difícil que vivimos en todo el país, para hacer un llamado muy importante por la vida y por la paz”, apuntó el sacerdote Carlos Palacios, uno de los promotores de las marchas en Istmina y la región del río San Juan.
Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, explicó que una de las motivaciones tiene que ver con exigir una vez más al gobierno central que afronte la grave crisis humanitaria de la región en clave incluyente: “La brecha social es muy grande frente a otras regiones del país, si normalizamos eso en la vida de los ciudadanos siempre estaremos expuestos frente a todos estos tipos de violencia”, explicó Barreto, quién resaltó que cualquier iniciativa de paz debe ir acompañada de cambios estructurales que la garanticen: “Es pedirle al Estado colombiano esa inclusión social y que tenga en cuenta la solución negociada del conflicto armado”.
La jornada, que hace parte de una agenda más amplia de acciones lideradas por diferentes organizaciones sociales y la iglesia católica del suroccidente, tiene como propósito rechazar contundentemente la presencia de actores armados ilegales en los territorios, las economías ilegales, la violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, y hacer un llamado al gobierno nacional para que cumpla con los pactos cívicos y los acuerdos de La Habana. “La crisis humanitaria que atraviesa la región requiere visibilización y solidaridad”, reza el comunicado oficial de las diferentes diócesis convocantes que han acompañado esta iniciativa.
En ese sentido, Juan Carlos Barreto concluye que se vienen más acciones de incidencia después de las elecciones. “La sociedad civil no puede seguir viviendo a espaldas de la población, esperamos convocar el 10 de diciembre a todos los gobernadores, alcaldes y concejales electos, porque tienen que cumplir con sus compromisos institucionales”. Los territorios le hablan al país y al presidente, le muestran cuál debe ser la agenda. ¿Tomarán nota en las oficinas donde se reparten presupuestos y nombramientos? No lo sabemos, lo que está claro que este gobierno se ha quedado sin discurso y ahora son las comunidades quienes deben impulsar las transformaciones.
