¿‘Empobrecimiento ilícito’ o coca alimenticia?

Con el acuerdo de paz de La Habana, un nuevo programa de sustitución de cultivos de coca para uso ilícito. Y con el nuevo plan, un mundo de incertidumbres porque el Gobierno diseña desde Bogotá y no escucha ni conoce las alternativas en los territorios. En Lerma (Cauca) defienden el potencial alimenticio de la hoja de coca.

“Para mí la hoja de coca es la vida y si me la quitan me muero”, asegura Herney Díaz quien, junto a otros campesinos del sur del Cauca y en contracorriente con la legislación colombiana, recupera semillas endémicas de la región y hace cultivos diversificados con prácticas agroecológicas en la poca tierra que posee para la transformación de la hoja de coca en productos alimenticios. “Lo que no ve el gobierno es que todos los planes de erradicación y sustitución sólo han traído hambre, presos y muertos”, afirma con vehemencia otro campesino del Macizo Colombiano.

Al sur del departamento del Cauca, en el corregimiento de Lerma, viven los campesinos que desde épocas coloniales practican el consumo tradicional de la hoja de coca y quienes la cultivan para transfórmala en alimentos ricos en nutrientes cuya actividad no es reconocida por las políticas sobre cultivos de hoja de coca. Son las víctimas de los planes de erradicación, fumigación y ahora sustitución que no han funcionado en su región.

Lerma es un corregimiento de Bolívar (Cauca) incrustado entre pendientes montañosas, con 3.200 habitantes que viven a 4 horas aproximadamente de Popayán y a una hora de la cabecera municipal. Por sus condiciones de altitud, terrenos secos y arenosos, el antropólogo brasileño Anthony Henman sostiene que este es un lugar óptimo para el cultivo de la hoja, contrario en otros cultivos que exigen mayor cantidad de nutrientes y agua para germinar; “en estas tierras lo único que aguanta en los veranos que duran hasta cinco meses es la hoja de coca, aquí no tenemos agua para estar regando los cultivos cuando deja de llover”, explica un campesino de Lerma.

“El Mambe”

El mambe es una cal natural que se obtiene a partir de piedras con muchos años de antigüedad que permiten la reproducción de líquenes que se adhieren a sus paredes transformándose con el tiempo en una dura capa en momentos de sequía. Algunos campesinos del Macizo tradicionalmente se han dedicado al oficio de pasar estas piedras hasta por 12 horas en altas temperaturas de calor en un horno incrustado en una base de tierra para convertir todos los minerales de la piedra en un polvo que se adiciona al momento de masticar coca para activar algunas propiedades de la hoja que permita quitar el hambre en largas jornadas de trabajo y tener mayor resistencia en tareas que requieren mucho esfuerzo físico.

“Anteriormente, nuestra gente para comprar la sal y la manteca tenían que ir hasta Popayán caminando, ellos median el tiempo en mambeadas (1 mambeada dura dos horas promedio). Eran 8 días que se caminaba y masticando coca era que se podía sobrevivir a esos largos recorridos”, relata Herney a partir de las historias que ha recuperado de los abuelos de Lerma. Por la presencia de estas piedras, la familia de Herney bautiza a su finca “El Mambe”. Es un terreno en las afueras del casco urbano del corregimiento de menos de media hectárea donde cultivan maíz, árboles frutales, café, o aromáticas en una ladera con una inclinación de 45° y entre la hoja de coca. “La que más sembramos de la hoja de coca es la variedad ‘pajarito’. Los que siembran para el narcotráfico ya poco les gusta porque el tiempo de cosecha dura más. Las hojas son pequeñas pero llega a tener un alto follaje, tiene menos alcaloide y es más rica en aceites y para todo lo que hay en la finca hacemos nuestros propios abonos orgánicos; no fumigamos, lo que garantiza que podamos tener una hoja de coca con la cual hacemos galletas, harina, tés, tortas y hojas para mambear”, explica Herney, quien impulsa con otras pocas familias la siembra diversificada de hoja de coca para su transformación en alimentos agrupados en la Escuela Agroambiental Arraigo del Espacio de Paz y de Convivencia de Lerma.

Las características de la Finca El Mambe se repiten en las tierras que la gente tiene para cultivar en la región. Acostumbrados a periodos de sequía largos, aquellos cultivos que no sean hoja de coca logran sobrevivir siempre y cuando los campesinos puedan obtener agua del río San Jorge. Cargan el agua al hombro para regar los cultivos, pero en la época seca el cauce del río también disminuye “¡y ,ni por esas!, hay veranos tan duros que se pierde la cosecha y el agua no alcanza para todos”.

El costo de 1 hectárea en Lerma está en unos 6 millones de pesos, por lo cual muchos de los campesinos trabajan en tierras arrendadas para el monocultivo de coca; en este corregimiento, la mayoría de los poseedores tiene menos de 1 hectárea. Se utiliza como práctica “sembrar al partido”, es decir: varios campesinos siembran en el mismo terreno y al momento de la cosecha se la dividen en partes iguales.

“Quienes nos enseñaron de cocaina fueron los gringos”

Juan Benavides tiene 85 años, es uno de los campesinos de Lerma que aún vive en casa de bareque. Ahúma y guarda semillas de maíz en lo alto de su cocina; también estaba acostumbrado a hacer el tostado de hoja de coca para quienes mambean, pero dejó de hacerlo porque en 1983, recuerda, “me llevaron durante 6 meses a la cárcel por 2.000 plantas de coca que no tenía, fue la primera erradicación que vivimos, el Gobierno le inventaba a uno matas y decía que estaba eliminando la coca. Antes de esa época estuvieron los gringos de los Cuerpos de Paz. Se sentaban en las cantinas, pedían cerveza y en la mesa dejaban un polvito blanco, ellos hablaban que eso salía de la coca y enseñaron la receta para procesarla, por un tiempo se vio en el mercado del pueblo que vendían la cocaína para ellos como si fuera sal”.

Juan, en un cultivo de hoja.

La primera llegada de los Cuerpos de Paz fue en 1981. “Se dice que los llamados Cuerpos de Paz vinieron a civilizarnos (…) pero estos enseñaron a los aborígenes los procedimientos químicos para extraer productivamente la cocaína”, declaraba Víctor Mosquera Cháux, embajador de Colombia en Estados Unidos en el periodo presidencial de Virgilio Barco.

Un huevo de coca

La generación de campesinos de los años 80 y 90 de Lerma aseguran que hasta donde se acuerdan de niños “la coca siempre ha existido, a nuestros abuelos se les pagaba el jornal con coca, y en la galería vendían un ‘huevo de coca’ y el mambe”. Un huevo en promedio pesa 55 gramos y con base a esa representación de medida se construían las pesas artesanales de calabazo y se establecía desde este peso las medidas superiores. Por eso, en días de mercado todavía se escucha entre los adultos: “Deme un huevo de coca” o “esto es más de un huevo de coca”, y la vendedora puede responder: “Ésta no es fumigada se lo garantizo”.

A pesar que en 1947, a través del Decreto 0896 de la Ley 45, se prohibió utilizar la hoja de coca como moneda, fue una práctica que duró hasta la década de los ochenta entre los campesinos del Macizo Colombiano.

La economía de la hoja en Lerma

El 90% de las familias de Lerma está relacionada con el cultivo de coca. El precio de la arroba de coca para base de cocaína es variable en la región, algunos campesinos afirman que con el Proceso de Paz la tendencia es que el precio suba. Para el mes de marzo de 2017 “la arroba la estaban pagando en promedio a 30.000 pesos”.

En Lerma se encuentran pequeños cultivadores de hoja de coca. “Aquí el que más tiene es como 20 hectáreas y eso es como una sola persona, el resto tiene de 1 a 3 hectáreas o menos de una hectárea”. Por más que los integrantes de la familia participen en la instalación del cultivo, en tareas de fumigación para que el arbusto salga sano o en la recolección en varios cultivos, “una persona no alcanza a tener un salario mínimo y con eso se vive para hacer el mercado”, señalan varios campesinos cocaleros. Es una economía basada en cada tres meses que hay una cosecha. “Nos acusan a nosotros por sembrar para el enriquecimiento ilícito pero más bien es empobrecimiento ilícito”, afirma Celimo Hoyos, campesino de Lerma.

Herney, con un ‘huevo de coca’

En 1985 comenzaron en el sur del Cauca los proyectos de sustitución de cultivos bajo la dirección del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP, por sus siglas en inglés). En 1994 entra en ejecución el programa PLANTE y “pa´lante nos pusieron a sembrar higuerilla para biodiesel y frijol carnavalia y después nos colocaron a comer frijol, no supimos a quién venderle”, señala un campesino de Lerma.

En el año 2002 inició el programa “Campos para la Paz” en el marco del Plan Colombia. “Ahí nos llegó el programa de Familias Guardabosques y eso trajo problemas porque nos ponían a denunciar a los vecinos que no querían meterse en el programa. Al mismo tiempo, la erradicación forzada la hacían eran campesinos de otros lados contratados por el Estado para sacar las matas. Le llegaban a la casa y uno les daba la gallinita o lo que tuviera para comer para que no sacaran las matas y se iban y nos dejaban era con hambre”, cuenta otro cultivador de hoja de coca.

Hasta ahora ha estado vigente el Programa Contra Cultivos ilícitos (PCI) que comenzó en el año 2005. “Fueron los periodos más fuertes de fumigación aérea. Comenzaron a nacer las vacas ciegas, llegaron pestes para los cultivos de pancoger”, afirma Luis Gómez, docente de Lerma y recuerda que “para el 2014 llegó a través de la USAID un programa de sustitución por pollos, cerdos, frutales y cacao, pues nos llenamos en el pueblo de todos vendiendo pollos y nadie que comprara, no hubo un compromiso serio del programa para la comercialización”.

El nuevo plan

Como implementación del punto 4 del Acuerdo Final de Paz -“Solución al problema de drogas ilícitas”- desde enero se implementa el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). En el sur del Cauca, fue en febrero cuando iniciaron los primeros acercamientos del gobierno nacional con las autoridades municipales y veredales, suscribiendo una carta de intención para constituir compromisos conjuntos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

En esta acta, como primera responsabilidad, se delegó a las comunidades en coordinación con los presidentes de Juntas de Acción veredales “socializar el plan de sustitución voluntaria, recabar información básica por vereda: número total de familias, número de familias cultivadoras de hoja de coca, número de trabajadores relacionados con el cultivo de coca y hectáreas afectadas por erradicación forzosa” para ser entregados en la sesión del 24 de febrero. Para ese día, en Bolívar (Cauca) se realizó la reunión entre líderes, campesinos cocaleros, las autoridades gubernamentales y municipales con presencia militar. Allí, representantes del CIMA (Comité de Integración del Macizo Colombiano) advirtieron de “que es una responsabilidad del gobierno hacer la socialización del Plan y no se puede comprometer a los presidentes de Junta a levantar censos, ni datos, porque es ponerlos en riesgo y enfrentarlos a quienes no quieren ingresar al Programa en sus propias comunidades, situación que está pasando en varias regiones del país”. German España, delegado del Cauca de la Dirección para la Atención Integral de la Lucha Contra las Drogas explicó en aquel momento: “No es un censo lo que estamos pidiendo, son datos aproximados para saber por temas de chequera cuál es número potencial de familias que tenemos, no es un dato que va tener nombres, es solamente un dato global”.

Los campesinos conocen la propuesta económica de atención inmediata para quienes se acojan al Programa pero aseguran desconocer las especificidades de su implementación. El CIMA señala que “el plan contempla proyectos productivos de ciclo corto o de especies menores, se puede preguntar si en Bolívar se acogen 3.000 familias y les entregan 300 gallinas, multiplíqueme eso por mil y le da más de 60.000 panales de huevos diarios ¿A dónde van a vender esos panales de huevos?”. La comercialización de estos productos, una vez más, es uno de los temas inciertos en el desarrollo del Programa. “Está también por ver el caso de los raspachines, muchos alquilan la tierra, piden permiso para que les dejen sembrar, ellos no tienen tierra, ¿les van a entregar tierra para que inviertan los 9 millones [que les deben entregar] y les van a dar la asistencia técnica en dónde? ¿Es posible que le cumplan al sembrador y la familia y los que no tienen tierra?”, cuestionan los voceros del CIMA.

El Decreto 249 del 14 de febrero de 2017 da facultades a la Policía Nacional para iniciar el proceso de contratación de campesinos y civiles para la erradicación forzada para las zonas donde la sustitución voluntaria no prospere. “Entonces… a la vez que nos hablan de sustitución concertada el gobierno organiza la erradicación forzada y no hay condiciones en el Cauca para hablar abiertamente de lo que pensamos por el asesinato de nuestros líderes”, se queja un campesino líder de la región.

España indica “que este Plan tiene una perspectiva más integral para el tratamiento de los cultivos ilicitos” y anima a que las comunidades se organicen en proyectos asociativos. Pero los lideres caucanos responden: “Eso de asociarnos no ha funcionado; aquí cada quién le gusta por su lado”. “Nosotros sentimos que el gobierno tienen un afán de negociar con nosotros para dar resultados pero no son claros en las cosas”, expone Ricaurte Quiñones presidente de Asojuntas-Bolívar.

Los campesinos no encuentran aún respuesta a muchos de los dilemas sin resolver en el arranque de este nuevo intento oficial para acabar con los cultivos para uso ilícito, como por ejemplo: cómo garantizará el Programa la coca que requieren los mambeadores como uso tradicional (asunto que no se contempla), de quién es la propiedad de las semillas para los cultivos sustitutos, entre otras dudas…

La lucha de la escuela agroambiental

Quienes lideran la Escuela Agroambiental consideran que cultivar hoja de coca de manera orgánica y recuperar semillas propias de la región requiere un tiempo más largo para esperar el florecimiento de la hoja y exige elaborar biopreparados orgánicos para los abonos, por lo cual el pago de una arroba para las familias que participan del proyecto comunitario se hace siempre al mismo valor para reconocer este trabajo y no se compite con “la economía del sube y baja que imponen los compradores para la base de cocaína”, explica una de las mujeres que integra la Escuela.

La coca tiene 27 propiedades nutricionales y 14 alcaloides, valores que varían según el tipo de hoja. La legislación colombiana reconoce solamente a los pueblos indígenas el uso tradicional de la hoja de coca, pero restringe su transformación y su comercialización.

La transformación en alimentos de la hoja de coca que hacen los campesinos de Lerma desde la Escuela Agroambiental es un proceso organizativo que intenta sea reconocido “que el uso de la hoja de coca no es exclusivo de los indígenas, históricamente la coca habita los territorios del Macizo y consideramos importante, al contrario de todos los gobiernos de turno, promover el cultivo de la hoja agroecológica, diversificada y orgánica para generar una economía que vea la coca como una posibilidad de alimento y sus potencialidades para la industria, porque con los programas de erradicación vamos a seguir contando los muertos”.

Herney concluye: “El gobierno colombiano no quiere identificar que la solución a los cultivos ilícitos es el cultivo controlado y regulado de la hoja de coca para su transformación. La gente sabe que la plata que llega del gobierno es por un ratico y no quiere abandonar la hoja de coca. Por no entenderlo es que fracasan las políticas para eliminar la hoja, porque aquí son capaces de dar la vida por defender sus matas al costo que sea”.