Energía de Bogotá desprecia al Quindío
Lo ha vuelto a hacer. Por segunda vez la empresa de Energías de Bogotá (EEB) dejó plantados al alcalde de Filandia, José Roberto Murillo Zapata, y a la comunidad de este municipio. Este 9 de marzo de 2017, en la sala de juntas de la alcaldía, Murillo y los campesinos afectados por el proyecto para instalar 81 torres a lo largo de 39 kilómetros en Quindío y Risaralda se dieron cita con la esperanza de encontrar respuesta a sus quejas. En lugar de eso se encontraron con las sillas vacías.
Se quedaron esperando a pesar de que el pasado 2 de febrero se había acordado una reunión para abordar los detalles de las obras de compensaciones ‘voluntarias’ que se están ejecutando por cuenta de los daños ocasionados por la instalación de esas 81 torres del proyecto UMPE- 02-2009 de EEB entre los municipios de Circasia (Quindío) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
El trazado eléctrico, que ya ha avanzado en más del cincuenta por ciento, compromete fincas campesinas, zonas de reservas naturales como el Parque Regional Las Marcadas, y el Distrito de Conservación de Suelos Bárbas Bremen, creado en el 2007 por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.
El conflicto data de años atrás, y no ha logrado resolverse. En el centro del debate están los impactos ambientales, la desvalorización de predios campesinos y la destrucción de sitios arqueológicos. A la discordia se sumó Murillo una vez se enteró, por terceros, de que la corporación Mundo Novo, contratista de la EEB para la gestión social del proyecto, instaló varios pozos sépticos y firmó un Convenio con la Corporación Autónoma del Quindío para el desarrollo de Proyectos Ambientales Escolares (Praes) como compensación social, toda vez, ambas entidades se había comprometido a ejecutar los recursos con ayuda de la Administración local. La incomodidad de la autoridad local radica también en que han solicitado que dichos recursos se ejecuten en la protección de fuentes de agua.
La nueva negativa de la empresa suscitó en el alcalde la decisión de suspender inmediatamente las actividades de Mundo Novo en su municipio. Murillo también se comprometió a enviar una carta a la Procuraduría General de la Nación denunciando la situación, porque “la plata que hay para invertir en Filandia son como 500 millones de pesos, de eso póngale que invierten 100 millones, y se van con los otros 400”, denuncia el alcalde.
Para comprender la discordia hay que remontarse al año 2011 cuando la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) decidió bajar las restricciones de protección ambiental del Parque Barbas Bremen permitiendo actividades de gran impacto. Desde esa fecha se comenzó a gestar un movimiento social que ha puesto en el debate público un proyecto que ya ha afectado a áreas de interés arqueológico y sitios de altísima diversidad biológica. Sin embargo, la preocupación actual es económica.
El alcalde de Filandia, a la izquierda, en la reunión a la que no se presentó EEB
“A mí me dijo un abogado de la empresa que me dejaron 15 millones no sé dónde, que eso me van a dar por 1.200 metros que van a ocupar esas cuerdas, más la servidumbre de 32 metros. Mi finca no va a quedar valiendo nada”, dice Norbey, uno de los mayores afectados porque la intervención en su predio inhabilita las zonas productivas.
Filandia es uno de los municipios más turísticos del Quindío. Su tierras se han ido encareciendo y, según varios campesinos, con lo que les paga la EEB no logran reubicarse en otra parte .“Esa gente no va a venir, ya nos han dejado esperando”, se lamenta Norbey.
Soelia es la propietaria de la finca Nueva Zelanda. Asistió a las instalaciones de la Alcaldía con la esperanza de negociar de cara al alcalde. Soelia no se opone al proyecto pero pide la compra de su finca en un precio justo ya que ha visto como a algunos de sus vecinos la empresa les ha ofrecido topes que no superan los treinta millones de pesos. En días pasados una funcionaria de la EEB le dijo a esta mujer de más sesenta años que “ya es un hecho, así se paren en la cabeza, las torres van a pasar por acá”.
“Me parece muy mal que citen a la comunidad y no lleguen”, dice uno de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, “la empresa hace el daño y a nosotros nos queda el problema”.
