De orientación sexual: peluquero

Las mujeres trans suelen ser invisibles en el Día Internacional de la Mujer. Pero la realidad dice que ellas, al igual que otras personas LGBT, son especialmente violentadas y excluidas. Sus opciones en el país son pocas, pero luchan por abrirse espacios, incluso en el entorno del feminismo.

Se trata de un registro policial de hace ya algunos años. Ahora las cosas han cambiado algo, poco, al menos sobre el papel, pero en aquel documento, al dar cuenta de un caso de violencia se signó de la siguiente manera: “Orientación sexual: peluquero”.

La anécdota, o síntoma, la relata este 8 de marzo Valerie Herrera, transexual y activista de Santamaría Fundación, para dar cuenta de la discriminación y los prejuicios que pesan sobre este colectivo y que mueven buena parte de la violencia contra las personas LGBT en Colombia. “Siempre hay una presunción de culpabilidad. La investigación está basada en prejuicios. El Estado justifica y por tanto la sociedad justifica”, explica ante un foro que, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se pregunta “¿Cuántas más? Feminicidios y transfeminicidios”.

110 personas LGBT fueron asesinadas en Colombia en 2015, el mayor número de homicidios desde el año 2010. Al menos el 39% de esas muertes estuvo motivado por prejuicios hacia la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. El mayor número de víctimas eran hombres gay, 52 víctimas, y personas trans, un total de 33 de las que 32 eran mujeres. En esa nefasta lista también hay 11 lesbianas y 7 bisexuales. Además, 91 personas LGBT fueron afectadas por la violencia policial y el mayor número de amenazas se produjeron en departamentos con una fuerte presencia de grupos al margen de la ley y bandas criminales.

Las mujeres trans están entre las principales víctimas de homicidio y, junto a ellas, sus parejas. De hecho, en 2015 hubo cuatro ataques letales contra parejas de personas LGBT con seis víctimas mortales. El testimonio es del de Valerie Herrera, las cifras son parte del informe ‘Cuerpos excluidos, rostros de impunidad’, elaborado por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación para abordar la situación de la violencia contra los LGBT en Colombia. En este texto destaca la preocupación ante el hecho de que las víctimas trans son muy jóvenes: 2 eran adolescentes de 16 años; 7 tenían entre 21 y 24 años, y 16 no llegaban a los 40. Y otro dato, al menos 43 de los 110 homicidios estuvieron motivados por prejuicios hacia la orientación sexual, algo que se pone de manifiesto en el tipo de víctima, la sevicia en la agresión y en el caso de las personas trans, y en especial las trabajadoras sexuales, en una crueldad y violencia sexual que “hacen evidente la intención de generar sufrimientos como una forma de castigo y de desprecio hacia su identidad de género”. (Descargar el informe completo)

95% de impunidad

Esta realidad plaga este miércoles las palabras de Valerie Herrera, quien hablaba de tres casos de homicidio en Cali. En dos de ellos las víctimas eran mujeres trans y los victimarios un policía y un cliente, en el tercero, la víctima era un cliente y la homicida una mujer. “¿Cuántos se han resuelto?”, le pregunta al auditorio. Únicamente hubo un detenido entre los tres, la mujer trans que en apenas unos días logró una cédula, la acusación y la condena. De los otros dos… nada se supo.

“No hay investigación, ni interés en la misma. No hay protocolos de investigación apropiados y hay una falta de información terrorífica”, indica Herrera, quien insiste en que el problema de la sociedad no es con una mujer trans en concreto, “sino con todas, porque son peligrosas para la sociedad, criminales, transmisoras el VIH…”, ironiza.
Los homicidios de personas trans, y LGBT en general, “se ocultan”, advierte Herrera, porque al Estado no le interesa que se sepa. “El Estado ha sido sistemático en su incapacidad de proteger a las mujeres trans”, dice, “y la sistematicidad acarrea una impunidad total”.

El 95% de los homicidios de personas LGBT del año 2015 continúa en impunidad. De los 108 homicidios y 2 presuntas ejecuciones extrajudiciales reportadas en ese año, en 41 casos las organizaciones firmantes del informe no obtuvieron información sobre la investigación penal. De los 69 casos en los que sí se logró, 43 se encontraban en etapa de indagación para mayo de 2016. Sólo 9 de las investigaciones avanzaron a etapa de juicio y en 1 se condenó a la responsable. Entre 2012 y 2015 solo se ha condenado a los responsables de 15 homicidios, de los 361 registrados.

De esa impunidad y de los prejuicios de la sociedad, del Estado y de la propia Policía, que acarrean vulneración de derechos humanos, habla todo el tiempo ‘Cuerpos excluidos, rostros de impunidad’ con datos de 2015. Están a punto de publicarse los de 2016. Los colectivos que lo firman admiten “múltiples avances” en la garantía de sus derechos en los últimos años pero “en la sociedad y el Estado persisten prejuicios”, unos prejuicios que llevan a que muchas veces los homicidios o amenazas no sean investigados apropiadamente, o incluso sean “justificados”, y que los hechos denunciados “casi siempre queden en la impunidad”. Lo que plantea el informe es que todos estos casos no deben ser vistos como hechos aislados, “sino como crímenes cuya causa son prejuicios sociales ampliamente extendidos” y ante los cuales el Estado tiene obligaciones en materia de prevención, investigación, sanción y garantías de no repetición. Los colectivos avisan: los crímenes por prejuicios no solo afectan a las víctimas directas, sino que lanzan un “mensaje de rechazo y temor” a otras personas.

En el contexto del conflicto armado, el informe resalta la especial vulnerabilidad debido a que los grupos armados recurren a “tácticas de control social que reproducen prejuicios y estereotipos sobre esta población”. Las amenazas, el desplazamiento forzado (incluido el intraurbano) y los homicidios son los hechos victimizantes que más han afectado a este colectivo.

Homicidios y amenazas aumentan

Los crímenes documentados en el informe son “manifestaciones de una violencia crónica contra grupos históricamente discriminados y que guardan una estrecha relación con la violencia basada en género que el Estado tiene la obligación de erradicar”. Sin embargo, lamentan que “no se ha respondido con la celeridad y debida diligencia para que no vuelva a ocurrir” y apuntan a los casos en los que no hubo ni protección ni prevención ante víctimas amenazadas previamente, la mayoría de los casos continúan en la impunidad y se mantienen las barreras de acceso a la justicia ya denunciadas por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación en años anteriores.

No se trata solo del asesinato. El informe también da cuenta de la especial vulnerabilidad de las personas LGBT a la tortura, los malos tratos y las ejecuciones extrajudiciales cuando se encuentran bajo custodia del Estado y advierte de que el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios de policía o agentes de seguridad con fatales consecuencias no puede tratarse igual que un homicidio perpetrado por un particular.

También se habla del asesinato de líderes LGBTI, nueve en el año 2015; y de las agresiones y criminalización por parte de la Policía -se reportan 312 hechos violentos en 4 años, al menos 91 en el 2015, de los que 57 fueron contra personas trans. Valerie Herrera narra un caso en Cali en el que una mujer trans recibió dos disparos mortales de un Policía cuando sacó un bote de espray pimienta para defenderse de las agresiones de otro agente que quería registrarla pese a ser hombre.

Las amenazas aumentan donde hay grupos armados ilegales porque esas amenazas operan como dispositivo de control social y territorial, para quienes las personas LGBT son consideradas “indeseables” y sus prácticas reprochables y moralmente señaladas, puestas incluso en un lugar de ilegalidad. En el año 2015 se registraron 47 amenazas individuales y generales hacia personas LGBT en 17 departamentos de Colombia. Más de la mitad de estos hechos se presentaron en la región Caribe.

Según relatos de personas entrevistadas en el trabajo de campo, el Estado no investiga las denuncias con debida diligencia o ven reducidas sus opciones de protección por no ser considerados como beneficiarios de las medidas de la Unidad de Protección si no son acreditados como personas defensoras de derechos humanos.

En el contexto del conflicto armado, el desplazamiento forzado y las amenazas son las violencias más utilizadas contra las personas LGBT, quienes una vez eran víctimas de algunos de estos hechos migraban a territorios donde pudiesen garantizar que su vida estaría resguardada y no habría represalias en contra de sus familiares y allegados. Las violencias contra ellas fueron utilizadas como estrategia de los grupos armados para ejercer control social, político y económico en los territorios donde hacían presencia.

Ante un foro convocado con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Universidad del Valle, Valerie Herrera habla también de la falta de oportunidades para las mujeres trans, derivada de la discriminación y del prejuicio – “cuando empecé mi construcción de género no sabía entonces que me iba a tocar elegir entre ser puta o ser peluquera”- ; habla sobre qué hacemos para transformar, sobre cómo nos pensamos nosotras para transformar esta situación; habla de la realidad cotidiana más allá de las declaraciones y las intenciones: “Para nosotras las mujeres trans ha sido muy duro entrar en los espacios feministas, no estamos usurpando esos espacios, solo queremos que se reconozca nuestra realidad”.