Inicio de año sangriento: 18 líderes sociales asesinados
Cada 18 horas ha sido asesinado un líder o una lideresa social en Colombia en lo que va corrido de este 2020. En total, en 13 días, ya se tienen registros de 17 personas con liderazgo social o campesino asesinados a los que hay que sumar el del ex combatiente de las FARC Benejamín Banguero, asesinado el 2 de enero en Guapi (Cauca).
La estadística es brutal y engrosa la ya dramática Navidad, en la que 11 líderes sociales y dos familiares de un líder de Nariño fueron asesinados. La cifra coincide con la denuncia de Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que este martes 14 de enero ha afirmado desde Ginebra (Suiza): “Estamos profundamente preocupados por el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinado en Colombia durante el año 2019. De acuerdo a nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos. Los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos ya se habían intensificado durante el 2018, cuando 115 asesinatos fueron confirmados por ONU Derechos Humanos en Colombia. Y esta terrible tendencia, no muestra desaceleración en el 2020, en donde al menos 10 defensores de derechos humanos, según información preliminar, habrían sido asesinados durante los primeros 13 días de enero”.
La realidad es que el acoso a los liderazgos no cesan, especialmente en territorios rurales y, según la ONU, “casi todos ellos (98%) en municipios con economías ilícitas, donde operan grupos criminales o armados, y el 86% del número total, tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional”. Durante 2019, la mitad de los asesinatos registrados por la ONU se han producido en cuatro departamentos: Antioquia, Cauca, Arauca y Caquetá). En este inicio de 2020, Cauca suma 5 de los 18 asesinatos y Putumayo, otros 5.
Estas son las víctimas: Carlos Cardona (Ituango, Antioquia), Cristian David Caicedo (Guapi, Cauca), Gloria Ocampo, Carlos Alonso Quintero, Óscar Quintero, Emilio Campaña y Gentil Hernández en Puerto Guzmán (Putumayo), Virginia Silva (Belalcazar-Páez, Cauca), Mireya Hernández Guevara y Jhon Freddy Álvarez (Algeciras, Huila), Anuar Rojas Isaramá (Nuquí, Chocó), Nelson Enrique Meneses (Inza, Cauca), Sergio Narváez (Turbo, Antioquia), Tulio César Sandoval Chía (Tibú, Norte de Santander), Henry Cuello (Cesar), Amparo Guejia Mestizo y su hijo, Juan Pablo Dicué Guejia (Caloto, Cauca)
Según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, “Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reitera que cualquier ataque contra los defensores y defensoras de derechos humanos es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos”.
Es importante que las alertas sobre la situación de indefensión de los líderes sociales vienen de lejos. Ya tras su visita a Colombia en 2018, Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, advertía: “Los defensores y las defensoras de los derechos humanos están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques, amenazas, la criminalización de su trabajo y la falta de acceso a la justicia. Su estigmatización en el discurso de altos funcionarios, a veces de los más altos niveles del Estado, los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación que buscan desacreditar su trabajo asociándolos con la oposición política, acusándolos de tener nexos con los paramilitares o llamándolos antipatriotas, criminales e incluso traidores”. Y concluía: “Luego de estudiar cuidadosamente la información brindada por el Gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas, lamento concluir que, a pesar de una nueva y ambiciosa visión para desarrollar una política integral sobre la prevención y protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y periodistas en Colombia, particularmente en zonas rurales, estos actores actualmente no pueden desempeñar sus labores en un entorno seguro y propicio”.
En el último informe de Somos Defensores sobre la situación de los líderes comunales, la organización explicaba que “el conjunto de normas, planes y programas emanados de los Acuerdos de Paz, ofrece un instrumento importante para avanzar en políticas y medidas eficaces de seguridad y protección para los líderes y lideresas sociales y entre ellos, para los liderazgos comunales. También constituyen un principio de cambio hacia una real política de garantías”, sin embargo, advertía que “el Gobierno de Duque ha ignorado completamente estas normas e instancias, se ha negado a convocarlas e implementarlas, teniendo allí una fuente de la cual beber para la protección y generar contextos de garantías para los y las defensoras de derechos humanos territoriales. Es decir, si actualmente estuvieran funcionando la situación sería distinta”.
