Integrados hasta las rodillas
Mientras espera para ser el escenario del nuevo proceso de paz, esta vez con el ELN, Ecuador acoge la realidad de miles de colombianos refugiados en sus tierras. Un marco jurídico beneficioso y la proximidad geográfica han convertido al país andino en uno de los principales receptores de colombianos que se han convertido en el 95% de los 60.000 solicitantes de refugio en ese país. 57.325 colombianos tienen ese estatus y están pendientes otras 120.000 solicitudes, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Pero una constitución que reconoce la igualdad de derechos entre ecuatorianos y extranjeros no es garantía suficiente, y quienes viven allí hablan de revictimización y de discriminación. Miguel Olalla, antioqueño refugiado en Ecuador y portavoz del Colectivo de Refugiados, espera que las víctimas colombianas, principalmente los refugiados, “jueguen un papel más determinante, que sean escuchados” en esa mesa de negociación de paz cuya constitución se retrasa en medio de desencuentros entre Gobierno y guerrilla.
Es Olalla quien denuncia la revictimización de los refugiados que a pesar de declarar ante las autoridades de Ecuador para ser reconocidos como víctimas, son obligados a hacerlo de nuevo ante los consulados colombianos. Considera que hacer pasar a los refugiados por el trance de tener que declarar dos veces es revictimizarlos, “si ambos estados son firmantes del protocolo de 1951 de Atención a la Población con Necesidad de Protección Internacional no hay por qué volver a hacerlo (declarar) y eso es revictimizar”, se lamenta. A ello se suma su falta de confianza en los funcionarios que trabajan en esos consulados y en el cuerpo diplomático, “nombrados incluso en el periodo de Álvaro Uribe”. “No nos da confianza porque es la época en la que se negó el conflicto, se desconoció a los refugiados y en la que más se atizó el conflicto”, sentencia.
Sonia Aguilar, oficial de Información de Acnur Ecuador, recuerda que entre los años 2002 y 2004 se registraron los picos más altos de desplazamiento “directamente ligado a la evolución del conflicto”. En el año 2007 se actualizó el registro de refugiados y había unas 27.000 personas cuyas fechas de entrada en el país coincidían con esos años. Aguilar reconoce que la constitución ecuatoriana “es muy potente y muy difícil de encontrar” pero no es tan fácil poner en práctica lo que recoge este novedoso, y joven texto -data del 2008-. Eso sí, sirve para decirle al Estado: “usted ha dicho eso, vamos a buscar la manera de hacerlo, porque no lo están cumpliendo”.
La voluntad del Estado Ecuatoriano de crear un marco jurídico que no hiciera distinciones entre nacionales y extranjeros nació de la confianza en una reciprocidad para con sus ciudadanos que tuvieron que emigrar. Tras la crisis del año 1999 se produjo una “estampida migratoria” y los ecuatorianos que abandonaron su país sufrieron las restricciones de entrada a otros países, el desarraigo y los problemas económicos. Por eso a la hora de redactar la nueva Constitución Ecuador entendió que si quería que sus ciudadanos fueran bien tratados en el exterior, debía actuar en consecuencia en su territorio. “Una idea un tanto naif pensando que se iba a dar la reciprocidad, cosa que no ha pasado”, opina Aguilar.
Pero una cosa es lo que dice la Constitución y otra la que aplican sus ciudadanos. Jacques Ramírez, antropólogo de migraciones ecuatoriano y autor del libro ‘Con o sin pasaporte’, asegura que la discriminación que sufren los colombianos (y los extranjeros en general) es un problema estructural en Ecuador. “A finales del siglo XIX y principios del XX se quiso construir Ecuador como un estado-nación blanco y mestizo amparado en la idea de progreso y desarrollo”. De esa concepción del estado, considera, nace la discriminación que sufren hoy en día los inmigrantes que llegan a este país “pero no todos los extranjeros”, precisa, “los blancos, estadounidenses o españoles han sido bien vistos”. Además, reconoce que sobre los colombianos pesa un estigma que ilustra con una anécdota deportiva: “en un partido Ecuador-Colombia empezaban a salir los gritos hacia los colombianos: ‘el que no salte es refugiado’”.
Además, según un estudio de Acnur realizado entre 1.500 colombianos y colombianas en 2010, en Quito y Guayaquil, estos no son bien recibidos en Ecuador o al menos así lo sienten ellos. El 58% dijo sentirse discriminado “por ser colombiano” y un 18% por su estatus de refugiado. “El colombiano es ‘delincuente’, es uno de los prejuicios más grandes que existen, apoyados por el cine y las novelas”, asegura Sonia Aguilar. “Hay una desconfianza general y muchos mitos: ‘las mujeres colombianas son demasiado guapas y son ‘robamaridos’, ‘si son jóvenes son exguerrileros’… Hay muchos estigmas que les afectan en la vida cotidiana”, añade.
La burocracia cotidiana
Al rechazo del anfitrión se unen las dificultades cotidianas derivadas de la burocracia. Un refugiado obtiene una cédula diferente a los demás y sus números de identificación no están incluidos en el registro civil -que comenzará en diciembre-. “Estas trabas burocráticas hacen que la percepción de su vida cotidiana esté muy condicionada”, apunta. Además eso se une a los estigmas ya mencionados haciendo que su sentimiento de integración descienda. “El índice actual es del 59% -señala Sonia- están integrados hasta las rodillas”. Sin embargo, este dato contrasta con que la mayoría de los refugiados colombianos en Ecuador no tiene intención de retornar a su país. “Si bien hay gente que sufre discriminación, para ellos no es tanto (…) ellos comparan su vida con la que llevaban en Colombia y pese a que la cosa está complicada ellos se sienten bien”, asegura Ramírez. La mayoría de colombianos se han asentado en ciudades grandes como Quito o Ibarra.
El acuerdo de paz y los refugiados
El acuerdo de paz con las FARC recoge en el punto dedicado a las víctimas del conflicto la posibilidad de volver a Colombia en el marco de un “retorno acompañado y asistido”, además de la reparación que les corresponde como víctimas. Este retorno asistido consistirá en “promover condiciones para facilitar su retorno al país y la construcción de su proyecto de vida, incluyendo condiciones dignas de acogida (…) para garantizar progresivamente el acceso a derechos básicos”.
De Colombia han salido como refugiados unas 400.000 personas, lo que equivale a toda la población de Pereira y a Ecuador están llegando unas 400 personas al mes, que junto a Venezuela, con 204.259 refugiados, son los mayores receptores.
Un informe realizado por Acnur en Colombia subraya la falta de asistencia de reintegración a refugiados que no hacen su regreso a través de los consulados extranjeros, y la carencia de acuerdos con países que acogen a refugiados para garantizar la integración local de los colombianos. La Unidad de Víctimas del conflicto armado tiene reconocidas a 6.031 personas/victimas en el exterior en su registro único, que provienen de 10 países. De ellas 1.438 están en Ecuador; 1.015 en Canadá y 804 en Venezuela.
La propia Unidad de Víctimas ha admitido, según un informe del Centro de Memoria Histórica, que el camino de reparación de todas las víctimas en el exterior está apenas en el comienzo y no solo deben superarse barreras jurídicas sino implementarse políticas públicas dirigidas a proteger los derechos de los exiliados como personas desplazadas. Las víctimas del conflicto armado reconocidas como tales tienen derecho a la reparación integral, sin importar si residen en Colombia o en el exterior.
Y mientras muchas de estas víctimas pelean por vivir en Ecuador, Colombia trata de solventar en ese escenario otra de sus guerras, la que mantiene con el Ejército de Liberación Nacional. La mesa tenía que haberse constituido el pasado 27 de octubre, pero los desencuentros entre Gobierno y guerrilla, especialmente por la pospuesta liberación del senador Odin Sánchez, secuestrado desde el 3 de abril, ha ido aplazando el proceso.
Una urgencia que sí entendieron los colectivos sociales que llegaron a Quito para la no constituida mesa y que reclamaron dar voz a las víctimas. “Es esencial que la paz de Colombia se entienda como una paz de la región”, reclamaba entonces Juan Camilo Molina, miembro de Voces Para la Paz Ecuador
