La barbarie y la bravuconería como política del gobierno Duque
La manera abierta, descarada y sistemática con que la Policía Nacional de Colombia viene agrediendo desde hace tres semanas a manifestantes que participan en el Paro Nacional y a ciudadanos del común que están en las calles e incluso dentro de sus casas, significa que el terror de Estado y la sed de sangre es una política en el gobierno de Iván Duque, presidente de la República por el partido Centro Democrático.
No se entiende de otra manera que vayan tres semanas de paro en las que todos los días esa violencia oficial se repita en forma reiterada y abundante. Siguen y siguen ocurriendo atropellos policiales sin que Duque, su ministro de Defensa y su director de policía, el general Jorge Luis Vargas, hagan nada por detener esa tragedia a cuentagotas que estamos viviendo.
Una tragedia que vemos en directo por las publicaciones de los ciudadanos en las redes sociales, ya que el grueso de los medios de comunicación tradicionales prácticamente ha cerrado los ojos al reportar lo mínimo, abandonando su rol de ser un contrapoder y denunciar la injusticia, cosa que los ha convertido en cómplices de esta barbaridad.
Las cifras de las agresiones crecen día a día y son aterradoras: medio centenar de muertos, heridos en ojos, detenidos en masa como en una dictadura, mujeres violadas o humilladas sexualmente, montones de desaparecidos… (ver los reportes del Instituto para el Desarrollo y la Paz @indepaz y de la organización no gubernamental Temblores @tembloresong).
Por supuesto que hay gente que pesca en río revuelto y comete toda clase de delitos en el marco de una protesta de estas características. En esos casos, claro que tiene que intervenir la Policía, pero ni siquiera capturando a un delincuente se puede extralimitar: el Estado no se puede igualar con un criminal, tiene que hacer respetar la ley y respetarla él mismo; ese debe ser su principal ejemplo.
Tampoco puede actuar por venganza cuando sus agentes son agredidos, ni utilizar tácticas parapoliciales como infiltrar las marchas o enviar personal de civil a que cometa actos vandálicos para manchar con delincuencia el carácter de la legítima protesta. Los múltiples videos de ciudadanos que hay al respecto permiten afirmar que eso ha ocurrido, así Duque, su ministro y los mandos policiales lo nieguen en coro.
Aunque las fuerzas de seguridad del Estado pueden hacer uso de la fuerza, la normatividad nacional e internacional es clara en decir bajo qué circunstancias y en qué momento ella es legítima y cuándo es ilegal.
En los abundantes registros en video hay pruebas irrefutable de que la Policía Nacional, y en especial su tenebroso escuadrón antidisturbios Esmad, no ha cumplido con esa normatividad en demasiados momentos: ha agredido de frente y sin pudor sin que hubiera circunstancias suficientes para permitir su intervención.
Han llegado hasta a disparar gases al personal médico que atiende a los manifestantes heridos, algo que el derecho de los conflictos (internacionales e internos) prohibió desde hace más de un siglo.
Las injusticias que ha cometido la Policía y la desproporción en el uso de su fuerza quizás es lo que más les indigna hoy a millones de colombianos. Lastimosamente, otros millones aplauden ese accionar y apoyan enardecidos “que les den bala”.
Ni Duque, ni su ministro de Defensa, ni su jefe de Policía, ni muchos comandantes de menor rango en esa institución supuestamente civil pero altamente militarizada, se han percatado del problema de legitimidad tan grave que han creado y de las consecuencias que ello trae en contra de la credibilidad del Estado.
La arrogancia y la torpeza política que ha mostrado Iván Duque es tal que no ha querido entender lo que significan estas movilizaciones y los sentimientos tan profundos, acumulados por años, que han explotado en estas protestas.
Para él y su séquito solo hay vándalos, la fuerza es la única salida, y la falta de diálogo abierto y real, otra estrategia más. Eso seguramente lo llevará a la tumba política, igual que esa postura suya de autoritarismo y bravuconería para manejar el paro ha llevado ya a la tumba en los cementerios a medio centenar de colombianos.
Ojalá tenga la mesura, la humanidad y el suficiente realismo político para detener esta barbarie.
*Profesor Universidad EAFIT (Medellín)
